El Ministerio de Justicia y Paz deberá sacar a 100 reos que instaló sin permiso en el gimnasio de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos, en Alajuela.

Dicha cartera había anunciado, este jueves, que recibió a 135 privados de libertad que habían saturado las celdas judiciales mientras esperaban ser trasladados a algún centro penal.

Cien de ellos fueron colocados en la UAI, mientras que los restantes 35 fueron enviados a la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, conocida como La Reforma, también en Alajuela.

Sin embargo, la tarde de ese mismo jueves, el juez de Ejecución de la Pena de Alajuela, Juan Carlos Alvarado Miranda, ordenó desalojar a los reos ubicados en la UAI, ya que, alegó, fueron ingresos que se realizaron sin contar con una autorización judicial previa, según se lee en la resolución N° 2021-003793, de la cual La Nación tiene copia.

Tal permiso es indispensable para estos traslados debido a que, desde el 29 de junio del 2019, ese centro penal cuenta con una orden judicial de cierre técnico.

Lo anterior significa que, debido a que la prisión alcanzó su tope máximo de capacidad, ni un solo nuevo reo puede ingresar sin previo visto bueno de algún juez.

Por ello, el juez dio un plazo de tres días para que desalojen y reubiquen a esos cien reclusos, decisión que pone en un aprieto a Justicia y es por ello que piden a los juzgadores que les permitan usar la infraestructura que tienen para seguir recibiendo reos de celdas judiciales.

El juez Alvarado indicó que dentro de ese mismo tiempo las autoridades penitenciarias deberán remitirle informes sobre el cumplimiento de su disposición.

Por otra parte, pidió a la viceministra de Justicia y Paz, Viviana Boza, enviarle un informe para explicar por qué se incumplió con la orden de cierre de esa UAI.

“De incumplirse con esta medida cautelar se ordenará testimoniar piezas al Ministerio Público dentro de las 24 horas posteriores al vencimiento del término indicado, por los delitos de desobediencia a la autoridad judicial e incumplimiento de Deberes”, recalcó el juez.

El funcionario también ordenó comunicar esta resolución a la ministra de la cartera, Fiorella Salazar.

Justicia: Necesitamos usar toda nuestra infraestructura

Esta medida correctiva del juez Alvarado pone en aprieto al Ministerio de Justicia y por ello es que la ministra Salazar indicó, por medio de un comunicado de prensa, que necesita que los dejen utilizar toda la infraestructura que tienen, sino la dinámica de recepción de nuevos reos podría verse más perjudicada.

“Solicitamos respetuosamente la colaboración de los jueces de la República para que la logística de ambas entidades funcione acorde con esta nueva realidad y en conjunto sigamos trabajando para darles las condiciones adecuadas a esta población”, dijo la jerarca por medio de un boletín de prensa enviado.

Salazar aseguró que, actualmente, la administración penitenciaria tiene que enfrentar “múltiples obstáculos” y que esto los pone en un contexto complicado.

Por un lado, deben cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud por la emergencia sanitaria; por el otro, deben respetar las órdenes sanitarias por casos positivos de covid-19 en los centros penitenciarios.

Además, deben acatar las órdenes de cierre de centros penales dictadas por diferentes Juzgados de Ejecución de la Pena, pero al mismo tiempo deben buscar la manera de obedecer lo dispuesto por la Sala Constitucional de recibir a reos provenientes de celdas judiciales en un plazo no mayor a 48 horas.

Por eso es que decidieron ingresar a los 100 reos, cifra que representaba a un 75% de los reclusos que estaban saturando las celdas judiciales, indicó.

Para ello, mencionó Justicia, acondicionó el gimnasio de la UAI Reinaldo Villalobos para que pertenezcan allí, por un tiempo no indicado. Además, defendieron la idoneidad del espacio al señalar que “está alejado del resto de privados de libertad del penal”.

No se refirieron exactamente al porqué no pidieron la autorización correspondiente a un juez, pero sí dijeron: “Este centro penitenciario no posee hacinamiento, sino que, por el contrario, se encuentra un 13% por debajo de su capacidad real; es decir, posee espacios carcelarios disponibles”.

Tampoco dieron detalles sobre el plan que ejecutarán para obedecer la medida correctiva del juzgador Alvarado; es decir, no mencionan a dónde reubicarán a este grupo de presos.

Defensor: ‘Fue una gestión clandestina’

En redes sociales, el Ministerio de Justicia hizo ver este movimiento de reos como un logro y un esfuerzo para recibir a reos que tenían días, incluso semanas, de permanecer en celdas judiciales.

Pero Danicio Fernández Berrocal, defensor público de Ejecución la Pena de Alajuela, calificó ese traslado como “una gestión clandestina” y “violatoria a la dignidad de los privados de libertad”, según apunta la resolución judicial de este jueves.

Fernández reprochó que, pese al cierre técnico de la UAI, la viceministra Boza decidiera ingresar a estos presos, superando así la capacidad máxima de ese centro penal, que es de 704 cupos.

Sostuvo que la preocupación es mayor debido a la emergencia sanitaria que vive el país por la covid-19 y la necesidad de evitar el hacinamiento a toda costa.

“Los centros penitenciarios son víctimas de un sistema altamente saturado y que ahora se incorporen más de cien personas en un área común, como el gimnasio, evidencia una lesión directa a la salud, dignidad y avance progresivo de las personas privadas de libertad”, refutó Fernández.

Por ello, pidió ante el Juzgado de Ejecución de la Pena de la zona una medida cautelar para frenar esta situación, “que deja en un claro estado de indefensión a la población privada de libertad de esa Unidad”.

También solicitó que se declare el incumplimiento de la orden judicial de cierre técnico de esa cárcel, ya que “se observa un acto doloso por parte de la autoridad penitenciaria”.

Para dar seguimiento al desalojo de los cien reos y para conocer la explicación que podrían dar los jerarcas de Justicia sobre el irrespeto al cierre técnico, el defensor también pidió que se convoque a una audiencia oral, solicitud que fue acogida por el juez de Ejecución de la Pena.