Katherine Chaves R., Gustavo Fallas M.. 29 octubre, 2016
OIJ detuvo a juez que supuestamente daba información a delincuentes sobre su detención.
OIJ detuvo a juez que supuestamente daba información a delincuentes sobre su detención.

El juez penal del Juzgado de Turno Extraordinario de San José, de apellidos Pérez Castillo, pasará tres meses en prisión preventiva, luego de que fuera detenido el jueves por supuestamente recibir dádivas a cambio de ayudar a algunos imputados en casos penales.

La resolución fue emitida la mañana de este sábado por el juzgador Francisco Mena, del Juzgado Penal de Hacienda, con la cual se rechazó la solicitud de la Fiscalía de imponerle seis meses de prisión al juzgador.

Pérez Castillo fue capturado en el parqueo de los Tribunales de San José junto a dos auxiliares, de apellidos Mora, y un abogado, apellidado Tejada. Ellos habrían aprovechado sus puestos y funciones para supuestamente ejecutar actos de corrupción, los cuales son investigados desde octubre del 2014, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Por su parte, Federico Campos, abogado del juez, indicó que apelaron dicha resolución. "Es arbitraria, infundada y contradictoria (...) Considera, prácticamente, culpable al detenido en contra de la presunción de inocencia. El juez, cargado de prejuicios. recurrió a reproches morales y humillaciones que no corresponden a una decisión de esta naturaleza".

Campos señaló que el juzgador Mena sí reconoció los arraigos de su defendido, pero, pese a ello, agregó que le impuso prisión porque afectó, supuestamente, la imagen del Poder Judicial.

"Es una barbaridad que jueces manden gente a la cárcel antojadizamente por manchar la imagen del Poder Judicial cuando eso no forma parte de los delitos que se investigan", concluyó el defensor.

Otras decisiones. A los otros capturados no se les impuso prisión preventiva, pero a algunos sí se les dictó otras medidas. Al abogado se le obligó a firmar una vez al mes, mantener domicilio fijo y no comunicarse ni con testigos ni con los otros imputados en este caso.

A uno de los técnicos judiciales se le suspendió del cargo, se le prohibió la salida del país, se le impidió acercarse a los Tribunales de San José y Pavas y se le obligó a firmar una vez al mes.

Mientras que a la auxiliar se le dejó en libertad, sin medida alguna. La Fiscalía Anticorrupción apeló el fallo.