Carlos Arguedas C.. 3 noviembre, 2017

Un juez penal deberá resolver si el expresidente Óscar Arias Sánchez debe ser imputado penal y civilmente por el caso Crucitas, en el mismo expediente en el que figura Roberto Dobles Mora, quien fue su ministro de Ambiente y Energía en el periodo 2006-2010.

Así lo determinó el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea el pasado 24 de octubre, al declarar inadmisible la impugnación presentada por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República de la decisión del Tribunal Penal de Hacienda de anular un juicio contra Dobles y otros seis imputados.

El proyecto anulado procuraba la extracción de 800.000 onzas de oro de Crucitas, en Cutris de San Carlos, Alajuela. Archivo LN/ Carlos Hernández
El proyecto anulado procuraba la extracción de 800.000 onzas de oro de Crucitas, en Cutris de San Carlos, Alajuela. Archivo LN/ Carlos Hernández

A esas personas se les juzgaba como sospechosas del delito de prevaricato (tomar resoluciones contrarias a la ley, lo cual es penado con prisión de dos a seis años, según el artículo 357 del Código Penal).

El 6 de setiembre, segundo día del debate, el Tribunal Penal de Hacienda detectó que la Procuraduría señalaba a Arias como presunto implicado en los hechos, pero el exgobernante no se encontraba presente en el debate.

Dos jueces, Rodrigo Obando y Hugo Vargas, estimaron que el juicio no podía continuar pues consideraron que Arias podría tener responsabilidades de tipo penal, civil y administrativa y se le estaría juzgando en ausencia, violando su derecho de defensa.

Por tanto, decidieron que se devolviera el asunto a la etapa preparatoria, de forma que se indague a Arias y que un juez penal determine si hay elementos para que pueda figurar como imputado.

Tras conocer esa medida, la Fiscalía y la Procuraduría apelaron la resolución ante el Tribunal de Apelación de Sentencia, que este jueves notificó su decisión sobre lo actuado por los jueces de juicio.

Incluso por ese fallo, el Ministerio Público denunció a los jueces Obando y Vargas ante la Inspección Judicial, al considerar que tomaron una decisión "altamente irregular".

El caso por el cual se atribuye a Dobles el delito de prevaricato tiene que ver con un decreto presidencial que declaró de interés público el desarrollo del proyecto minero a cielo abierto conocido como Crucitas, en Cutris de San Carlos. Ese decreto fue firmado, en octubre del 2008, por Arias y su ministro.

Cambio radical

El Ministerio Público, a cargo de Jorge Chavarría, previamente consideró que Arias no tenía responsabilidad y dictó un desestimiento en espera de que surgieran nuevas pruebas para valorar si cambiaba alguna responsabilidad del expresidente.

Sin embargo, la nueva fiscala interina, Emilia Navas Aparicio, anunció que revisarían ese expediente y este jueves se confirmó que reabrieron la investigación y citaron al exmandatario para ser indagado por el caso Crucitas.

Arias, quien se encuentra fuera del país, indicó en su perfil de Facebook que atenderá la citación y colaborará con las pesquisas.

Todo esto significa que, para cuando el juez penal convoque a una nueva audiencia preliminar, posiblemente el Ministerio Público y la Procuraduría ya habrán definido si acusan al exmandatario.

Uno de los aspectos que se debe valorar es si el proceso contra Arias está prescrito.