La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), grupo representante de los jueces, señaló “presiones indebidas” dentro del mismo Poder Judicial, en el nuevo juicio que se lleva a cabo por el homicidio del ambientalista Jairo Mora.
La inconformidad de Acojud surge al conocer que el Tribunal de la Inspección Judicial abrió una causa disciplinaria contra los tres jueces a cargo del primer debate de este caso.
En un comunicado de prensa de la agrupación, indicó su “preocupación” por las condiciones en las cuales se realiza el nuevo juicio.
Consideraron “inoportuno y desconcertante” que se haya abierto de oficio esa investigación cuando un nuevo tribunal juzga el crimen de Mora.
Indicaron que la pesquisa disciplinaria se podría interpretar como un mensaje de que “existe una voluntad institucional para inducir en el resultado” del nuevo debate.
“Se puede entender, mas no aceptar, que existan presiones de algunos sectores sobre la judicatura para que se falle de determinada manera un asunto; no obstante, que esas presiones aparenten surgir o se propicien desde el propio poder del Estado que debe exigir y garantizar la independencia judicial de los jueces como una garantía para los ciudadanos, resulta alarmante”, se lee en el documento.
El Poder Judicial declinó referirse a los cuestionamientos.
Sandra Castro, vocera de esa institución, dijo: “No es posible hacer comentarios sobre ese tema por ser un caso jurisdiccional aún no resuelto o en trámite”.
La oficina de prensa del Poder Judicial solo confirmó que se abrió la causa disciplinaria contra los tres juzgadores.
La causa administrativa es contra los jueces de Limón Hernán Salazar, Yolanda Alvarado y Luis Rodríguez, quienes el 26 de enero del 2015 absolvieron a siete acusados por la muerte de Mora, ocurrida en mayo del 2013, en la playa limonense de Moín.
De ese proceso, hubo cuestionamientos, por ejemplo, sobre la custodia de las pruebas.
El expediente fue al Tribunal de Apelación de Cartago, el cual, en agosto pasado, consideró que los primeros juzgadores se equivocaron al no aceptar pruebas esenciales del caso, como discos con las grabaciones de las intervenciones telefónicas. Ese órgano ordenó un nuevo debate.
Disconformidad. Adriana Orocú, presidenta de Acojud, explicó que siempre hay molestia en la judicatura cuando la Inspección Judicial abre una causa para revisar el contenido jurisdiccional de una resolución, porque, si alguna de las partes no está de acuerdo con un fallo, debe acudir a la vía jurisdiccional.
“En ningún país se le abre una causa a un juez por sus resoluciones. Esto puede calificarse como algún tipo de presión”, enfatizó.
Los jueces fueron notificados hace unos 15 días, según Orocú. A partir de ese momento, la Inspección Judicial tiene un año para hacer la investigación y un mes más para determinar si aplica dictar una sanción. En caso de que corresponda, los castigos van desde una advertencia, una amonestación escrita, una suspensión o la revocatoria del nombramiento.
Proceso polémico. Jairo Mora fue asesinado el 31 de mayo del 2013, en playa Moín de Limón, cuando hacía un patrullaje junto con unas voluntarias para proteger los huevos de tortuga.
El 31 de julio de ese mismo año, fueron detenidas siete personas como sospechosas.
El primer juicio por el crimen empezó en octubre del 2014 y finalizó en enero del 2015.
Al dictar la absolutoria, el Tribunal Penal de Limón señaló que hubo errores de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el manejo de las pruebas y una pésima investigación.
Por ejemplo, se indicó que hubo ruptura de cadenas de custodia de las evidencias y que no fueron probados varios delitos. Colaboró el corresponsal en limón, Rodolfo Martín