El Tribunal de la Inspección Judicial confirmó una sanción de 15 días sin goce de salario para un fiscal de Limón por permitir que se extinguiera la acción penal, en un proceso que investigaba el presunto pago de una dádiva a un ingeniero de la Municipalidad de Limón.
El fallo lo adoptaron los jueces José Francisco López, Siria Carmona y Estrellita Orellana, el pasado 8 de octubre, y es contra un funcionario judicial de apellidos Moya Solano, que se desempeña como fiscal auxiliar de Limón.
La sanción a Moya la había ordenado la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, el 15 de junio del 2018, según el fallo 225-2018. Así consta en el expediente de la Inspección Fiscal 17-000189-033-IF.
El castigo se debió a que el fiscal mantuvo inactiva la pesquisa durante un año y seis meses, plazo durante el cual la acción penal prescribió.
Para Navas, el funcionario incurrió en una falta grave por los cargos de “retardo injustificado, incumplimiento de deberes propios del cargo y prescripción de la causa penal”, empuso el castigo de 15 días, que es el máximo que puede aplicar la fiscala general a un subalterno.
Recuento del caso
El proceso disciplinario contra Moya Solano se relaciona con una investigación por el supuesto pago de $125.000 (unos ¢72,5 millones) a un ingeniero municipal de Limón, durante la construcción ilegal de un helipuerto en Valle La Estrella, Limón.
El caso data de febrero del 2009, cuando la Fiscalía Adjunta de Limón recibió cuatro denuncias sobre el desarrollo de la obra en la comunidad de Vesta. Por tal hecho, se abrió el expediente 09-204134-0472-PE.
En diciembre del 2009, y como parte de las pesquisas de ese caso, se detuvo al ingeniero de la Municipalidad de Limón, de apellidos León Win Ching.
En aquel momento, el Ministerio Público le atribuyó, presuntamente, recibir $125.000 por no ejercer control en la construcción.
Por razones que se ignoran, el caso se atascó en la Fiscalía Adjunta de Limón, pero una queja por la lentitud generó que interviniera la Inspección Fiscal.
Este órgano determinó que el expediente pasó por varios fiscales hasta que, en julio del 2015, llegó a conocimiento de Moya y, entre el 29 de setiembre del 2015 y el 3 de marzo del 2017, el caso no registro ninguna actividad.
Eso facilitó que la denuncia contra León Win Ching por cochecho propio prescribiera el 16 de diciembre del 2015, pues había sido indagado el 16 de diciembre del 2009 y el plazo de prescripción era de seis años.
“Moya permitió que se presentara un atraso injustificado de un año y seis meses (...), donde no consta que haya realizado acto de instrucción alguno, tendiente a concluir la etapa preparatoria de la manera oportuna y debida, omitiendo realizar diligencias de interés para la investigación tales como gestionar el levantamiento del secreto bancario (...), el secuestro de información”, determinó Navas en su resolución.
Apelación y ratificación
El abogado Érick Zúñiga Madrigal, representante de Moya en este proceso administrativo, impugnó la sanción ante el Tribunal de la Inspección Judicial, al alegar que el atraso “se da en la gestión de fiscales que tramitaron el expediente desde el año 2009″.
También, alegó que el órgano resolutor omitió valorar el hecho de que el encausado mantuvo la causa previa a la prescripción únicamente 60 días hábiles.
Asimismo, hizo ver que, para aquel momento, Moya tenía mucha carga laboral. No obstante, estos argumentos fueron rechazados por la Inspección Judicial.
Para los jueces examinadores, cuando revisaron el expediente ratificaron la falta de seguimiento “a un proceso penal que, por la especial gravedad de los hechos denunciados y el interés que guardan asuntos como los que se ventilaban (construcción de un heliopuerto clandestino, en una zona no apta, en el Valle la Estrella), ameritaba una muy especial atención”.
Asimismo, rechazaron el argumento del supuesto exceso de trabajo, pues el fiscal investigado manejaba un circulante de 20 casos, que fue considerado como normal.
La aplicación de la sanción será inmediata.
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