El Poder Judicial presentó este lunes ante la Sala Constitucional una gestión de incumplimiento de la Contraloría General de la República, por sus actuaciones en relación con las finanzas públicas en el Poder Judicial.
Este es un nuevo paso para tratar de dilucidar un conflicto de competencias en torno a lo que dispone la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.° 9635).
En marzo la Corte acordó retractarse de un acuerdo previo y optó por transformar los pluses salariales en el Poder Judicial a montos fijos en vez de porcentajes del salario, con el fin de frenar el crecimiento exponencial del gasto en remuneraciones.
Lo anterior en acatamiento a lo que según la Contraloría debe cumplir ese poder estatal en el marco de la legislación vigente.
Ese acuerdo de la Corte Plena no contó con el voto de Cruz, pero se avaló por mayoría y generó descontento entre los gremios.
Se trata de un acuerdo de carácter temporal que está a la espera de que la Sala IV resuelva una acción de inconstitucionalidad interpuesta en marzo por el legislador socialcristiano Pedro Muñoz, en contra de dicho acuerdo.
Según Fernando Cruz, las interpretaciones del ente contralor en relación con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 9635 en el Poder Judicial no se ajustan a lo que dispuso la Sala IV en esa materia (voto N.° 2018-019511).
“La Contraloría General de la República está obligando al Poder Judicial a aplicar normas de la Ley N.°9635 en sentido contrario a como lo ordenó esta Sala Constitucional”, dice el escrito.
Cruz alega que en dicho voto de la Sala IV, el proyecto de reforma fiscal “no viene a afectar la organización o funcionamiento del Poder Judicial, pero de seguido dice que ellos es así, porque ’mantiene sus competencias constitucionales propias, específicamente en relación con los extremos consultados”.
El presidente de la Corte agrega que “las competencias constitucionales del Poder Judicial se mantienen incólumes, y el proyecto consultado NO modifica tales competencias constitucionales en las materias consultadas (rectoría en materia de empleo, regla fiscal y material salarial de los funcionarios judiciales).
Así entonces, las reformas del proyecto, al menos en cuanto a los aspectos consultados, no afectan al Poder Judicial, simplemente porque no le aplican, pues prevalecen las normas especiales del Poder Judicial, frente a estas normas de aplicación general”, insiste Cruz en un documento de 19 páginas presentado ante la Sala Constitucional.
Por lo anterior pide a los magistrados que se tramite y constate la gestión de desobediencia de la Contraloría.
En ese mismo documento, Cruz expone otras ocasiones en que órganos de Derecho Público han desacatado sentencias de ese alto tribunal y por eso pide el criterio.
En concreto, solicita que se anulen tres oficios emitidos por la Contraloría entre el 19 de diciembre del 2019 y el 25 del 2020.
La idea es que como aún la Sala IV no ha resuelto un recurso de amparo que en esa materia interpuso el abogado Ewald Acuña, ni tampoco una medida cautelar de los gremios judiciales, sean los magistrados los que determinen si el Poder Judicial está interpretando mal ese voto o si, por el contrario, es la Contraloría la que está errando en su apreciación del mismo.
Según Cruz, mientras no se resuelva eso, se le compromete a él a eliminar un acuerdo de Corte Plena, obviando que él no es competente para hacerlo.
De igual forma, estima que la Contraloría busca aplicar una normativa general al Poder Judicial, por encima de la normativa especial que lo rige.