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Unos dientes grandes, un bigote canoso y unos ojos café. Esas son las únicas características que una mujer, víctima de un asalto en su casa, en Naranjo de Alajuela, pudo observar del líder de la banda que la atacó, pues él usaba pasamontañas.
Al día siguiente, el 12 de mayo del 2014, un vecino le mostró una fotografía tomada de un perfil de Facebook de un hombre a quien supuestamente le decían Camote. La mujer aseguró que era el asaltante.
La Fiscalía de Grecia, en representación del fiscal Roberto Álvarez Garro, le creyó a la víctima, de apellido Lindo.
Así fue como el constructor Jorge Eduardo Chacón Castro, hoy de 41 años, esposo y padre de cuatro hijos, fue más de seis meses a prisión preventiva como sospechoso del robo, pues aquel era su perfil de Facebook y esa era una foto suya tomada unos siete años atrás.
Lo que no consideró la Fiscalía fue que, para ese momento, el bigote de Chacón era ralo y que en la foto no se distinguía con claridad el color de los ojos.
Tampoco vio el fiscal ni la víctima (esta lo hizo después de una audiencia) que Chacón tenía amputado un dedo meñique por un accidente laboral.
Sin embargo, esos elementos sí fueron considerados por el Tribunal Penal de Grecia, el cual, el 18 de diciembre del año pasado, absolvió a Chacón.
Para esa audiencia, el caso lo asumió la fiscala Joseth Espinoza, quien se percató de la falta de pruebas y pidió la absolutoria.
Las juezas, Sonia Navarro, Esmeralda Arguedas y Pilar Quesada, reprocharon al Ministerio Público haber llevado el caso a juicio.
“(...) se pregunta esta cámara, ¿cuántas personas son de ojos café, bigote canoso y dientes grandes? Y la respuesta es: infinita”, señalaron.
Las juzgadoras resaltaron que el imputado probó estar en otro sitio el día del robo y que la Fiscalía no hizo otras pruebas de reconocimiento.
Por este caso, el abogado Javier Vargas prepara una demanda contra el Estado.
La Fiscalía comunicó que no se abrió una investigación disciplinaria por el asunto.
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Error de Fiscalía con foto de Facebook encarceló a inocente (Luis Navarro)
El encierro. El calvario para el constructor empezó la mañana del 21 de mayo del 2014.
Él estaba en su casa, incapacitado por el accidente, cuando un grupo de agentes judiciales botaron las puertas para allanar.
Los oficiales buscaban varias pruebas que no hallaron y, según Chacón, agredieron a su esposa y a sus hijos menores de edad.
En ese momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de que se trataba de un operativo para atrapar al cabecilla de una banda. El constructor, quien también tenía una verdulería, desconocía la razón de la detención.
Luego de la aprehensión, una jueza le dictó la medida cautelar de firmar cada 15 días.
El 4 de junio, Chacón fue baleado en el corredor de su casa. “Yo no sé si de tanto que habló el OIJ, alguna víctima de robo me mandó a matar”, dijo ayer.
Cuando fue a presentar la denuncia por el ataque, en el OIJ lo detuvieron porque la casa de la ofendida había sido apedreada.
A raíz de esto, la misma jueza le dictó prisión preventiva por dos meses y luego la prorrogó.
Primero estuvo en San Ramón, donde el dedo se le infectó y, luego, en San Sebastián. “Es lo peor que existe en Costa Rica”, cuenta ahora.
Pagó al reo jefe del ámbito (llamado Jachudo) ¢80.000 por una cama y a la semana cancelaba ¢25.000 para que lo dejaran usar el teléfono y le dieran comida.
Mientras, su familia se las arreglaba para enviarle dinero, pues el negocio familiar cerró y su hijo fue despedido del trabajo.
Chacón asegura que su defensor público le dijo que se sometiera a un proceso abreviado, pero se negó por ser inocente.
La familia vendió carros para buscar un abogado privado, hasta que llegó el día del juicio en el que salió absuelto. “Yo le oré mucho a Dios; pedí justicia y al final tuve una fiscala justa”, dijo.
