Carlos Arguedas C.. 24 febrero
Los magistrados determinaron terminar de conocer sobre la queja en la sesión del próximo lunes. Foto archivo de Jorge Castillo
Los magistrados determinaron terminar de conocer sobre la queja en la sesión del próximo lunes. Foto archivo de Jorge Castillo

La inhibitoria de cinco magistrados atrasó este lunes que la Corte Plena resolviera una queja que presentó el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, contra la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio.

El asunto se conoció de manera privada y demandó que los altos jueces destinaran casi cuatro horas debido a que dieron lectura de la extensa nota que había remitido Bolaños, desde junio pasado, en la cual expuso los asuntos en los cuales presuntamente ha sido afectado.

Cinco magistrados, dos de la sala penal y tres de la constitucional, dijeron que debían apartarse de resolver porque con anterioridad emitieron criterio judicial en alguno de los temas. Al salir cinco magistrados, la Corte Plena se quedó sin quórum. Se necesitan 15 altos jueces para sesionar.

Debido a ello, se determinó seguir conociendo el asunto en la sesión del próximo lunes, con la presencia de cinco magistrados suplentes.

Reclamo de empresario

Juan Carlos Bolaños había presentado el reclamo a la Corte Plena 3 de junio del 2019, en un amplio escrito que entregó a la secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

El asunto fue conocido en la sesión del 10 junio, según consta en el acta 23-2019, cuando los magistrados dispusieron: “vista la queja interpuesta por el señor Juan Carlos Bolaños Rojas contra la señora fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, de conformidad con lo que establece el artículo 182 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin ningún pronunciamiento de fondo, remítase la documentación presentada al Tribunal de la Inspección Judicial, a quien le corresponde actuar como órgano instructor en estos procedimientos”.

La Inspección Judicial devolvió el resultado de la pesquisa a finales de diciembre y fue cuando la Corte Plena encomendó al magistrado de la Sala Primera, William Molinari Vílchez, analizar la recomendación y entregar una sugerencia a sus compañeros. No fue posible conocer el detalle de la exposición.

En la nota enviada por el empresario a la Corte pidió una investigación disciplinaria de la "actuaciones, acciones u omisiones correlacionadas a la investigación del expediente penal 16-00013-033-TP (indaga presuntas irregularidades en otorgamiento de un crédito del Banco de Costa Rica) por parte de la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, en cuanto a las indagaciones, recolección de prueba e indicios, que hasta hoy en día no se dan de forma objetiva como lo regulan las leyes”.

El empresario argumento, entre otras cosas, que debido a esas intervenciones se provocó que sus compañías no sigan operando.

Asimismo, mencionó que se encuentra privado de libertad con arresto domiciliario, pues los fiscales, bajo la dependencia de fiscala general, supuestamente han aportado a los jueces datos y documentos falsos y con investigaciones parcializadas.

Pese a estas acciones administrativas, el pasado 14 de febrero la fiscala Emilia Navas anunció que acusó a Juan Carlos Bolaños Rojas por tres delitos de influencia contra la hacienda pública por un préstamo que recibió del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y que está incluido en el caso del cemento chino.

También en esa ocasión comunicó que en un plazo de unos ochos meses espera tener concluida la pesquisa principal que tiene que ver con el préstamos del BCR.