Eillyn Jiménez B.. 10 marzo
Los primeros datos que brindan los allegados de una persona desaparecida son fundamentales para que el OIJ determine si se puede esperar o lo mejor es actuar de inmediato. En el 2014, la Policía desplegó un operativo en busca de Yerelin Alejandra Guzmán Calvo, de 5 años. En la actualidad, su paradero es incierto. Foto: Alonso Tenorio/Archivo LN
Los primeros datos que brindan los allegados de una persona desaparecida son fundamentales para que el OIJ determine si se puede esperar o lo mejor es actuar de inmediato. En el 2014, la Policía desplegó un operativo en busca de Yerelin Alejandra Guzmán Calvo, de 5 años. En la actualidad, su paradero es incierto. Foto: Alonso Tenorio/Archivo LN

Transcurría abril del 2015 cuando tres costarricenses hicieron maletas y abandonaron Pérez Zeledón para emprender su “sueño americano”.

Como parte del proceso para cumplir su objetivo contactaron a un coyote, quien les organizó un viaje a Panamá y, posteriormente, a Bahamas, desde donde se tenía prevista la movilización hasta Estados Unidos.

Sin embargo, la lancha en la que partieron del archipiélago naufragó, según la versión de testigos, y nunca más se supo de ellos.

Edith Maritza Alfaro Porras, Rafael Arturo Garbanzo Cascante y Eliécer Neftalí del Socorro Ruiz Ureña son tres de las 27 personas que, de acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), desaparecieron entre el 2014 y 2017. En la actualidad, su paradero es una incógnita, pero Jairo Geovanny Barboza fue condenado a seis años de cárcel por tráfico de migrantes, según informó el Ministerio Público.

Ivette Agüero Pérez, jefa de Delitos Varios de la Policía Judicial, manifestó que cuando una persona no se encuentra, la investigación no se cierra y, ante cualquier pista nueva, se retoma el caso.

“Las investigaciones por desaparición no se cierran. Se agotan las diligencias policiales que se creen útiles y pertinentes, se informa a la Fiscalía y el caso queda en pasivo.

“Eso quiere decir que si en determinado momento nos llega una información de una posible ubicación, va y se verifica. Si es positiva, se informa a la Fiscalía; si es negativa, igual se informa de que se agotó la diligencia por la información que ingresó”, explicó Agüero, quien agregó que no existe un periodo de tiempo para estos casos.

Esta es una fotografía de Edith Alfaro Porras y su esposo Rafael Arturo Garbanzo Cascante en el último viaje que emprendieron. Foto: Archivo
Esta es una fotografía de Edith Alfaro Porras y su esposo Rafael Arturo Garbanzo Cascante en el último viaje que emprendieron. Foto: Archivo

La funcionaria destacó que, por ejemplo, la investigación por la desaparición de Francisco Javier Sánchez Postome sigue pendiente, luego de 18 años. El niño fue visto por última vez el 28 de marzo del 2001, cuando cursaba primer grado.

Pese a que se desconoce qué pasó con él, su padrastro, Ronald José Alvarado Sandino, fue sentenciado a dos años de prisión el 6 de febrero del 2003, luego de que el chofer de un autobús asegurara que vio al niño con el hombre.

Otro caso similar es el de Yerelin Alejandra Guzmán Calvo, de 5 años, de quien no se tiene rastro desde el 11 de julio del 2014.

Casi dos años después, el 2 de julio del 2016, Alejandro Guzmán Argüello, un primo de la niña, fue condenado a 25 años de cárcel por los delitos de sustracción y un abuso sexual en perjuicio de la menor.

Además, en julio del 2017 el Ministerio Público confirmó que la madre de Yerelin, Hellen Calvo Bolaños, irá a juicio por dos delitos de incumplimiento o abuso de la patria potestad.

No obstante, situaciones como las de Sánchez y Guzmán son pocas, ya que la jerarca de la sección de Delitos Varios precisó que el 99% de las denuncias que ingresan por desapariciones de menores corresponden a fugas de hogar.

Asimismo, dijo que tanto en situaciones que involucran niños como en aquellas relacionadas con adultos es vital analizar el ambiente que rodea a la persona y determinar si existe algún antecedente psicológico, médico o de problemas familiares que puedan desencadenar el aislamiento o abandono de hogar.

“Hacemos un estudio para conocer la rutina que sigue la persona, las costumbres que tiene y estudiamos si hay algún elemento extraño que genere el periodo de ausencia, ya sean problemas en la casa, el lugar de estudio o el trabajo”, precisó Agüero.

La jefa judicial mencionó que no es lo mismo atender un caso de un adulto o de un menor de 15 años a uno de un niño de 5 y destacó que es a partir de los primeros datos que recaban que determinan, si se puede esperar un poco más para tener noticias o si se debe actuar de inmediato.

En el 2012 Ángela Postome, madre de Francisco Javier Sánchez mostró un retrato del menor en una entrevista. Foto: Archivo
En el 2012 Ángela Postome, madre de Francisco Javier Sánchez mostró un retrato del menor en una entrevista. Foto: Archivo
24 horas claves

Por otra parte, Agüero definió como mito la creencia de que deben pasar 24 horas para poner una denuncia por desaparición y más bien recalcó que para la Policía Judicial ese periodo de tiempo es clave en las investigaciones.

“Las primeras 24 horas son primordiales en cualquier caso. Si bien es cierto la desaparición no es un delito, ese periodo de ausencia puede deberse a un delito”, mencionó Agüero.

Añadió que en el caso de menores, especialmente, se pide denunciar de inmediato, ya sea al 911 o a cualquier oficina del OIJ en el país.

La jerarca judicial contó que un allegado acude a poner una denuncia debe aportar una fotografía reciente de la persona desaparecida, así como característica de la ropa con la cual se le vio por última vez.

Por otra parte, es vital aportar todos los datos posibles que puedan dar una guía a los agentes judiciales de los lugares en los que pueden rastrear a la persona desaparecida.

Pasos a seguir

Al recibir la denuncia y recolectar la mayor cantidad de datos, los agentes manejan tres tipos de alertas, las cuales no tienen un orden establecido, ya que se elige cuál es mejor según el caso.

Para menores de edad, por ejemplo, se puede enviar un mensaje de texto con los datos, enviar la fotografía a medios de comunicación y publicarla en redes sociales o, en caso de ser necesario, poner una alerta migratoria.

Esta última, afirmó Agüero, se emite en caso de que exista riesgo de que el menor salga del país con alguno de sus padres u otra persona.

“Se utiliza si hay algún antecedente que nos diga que el menor puede ser sacado del país o bien que desee salir del país”, expresó la funcionaria judicial.

Añadió que la cantidad de personas que se destinan a una investigación dependen de la complejidad del caso.

Cifra creciente

La jefa de la sección de Delitos Varios reconoce que en los últimos años se ha dado un incremento en la cantidad de denuncias que se reciben por personas desaparecidas, tanto mayores como menores de edad e indicó que San José y Alajuela son las provincias en las que más casos se registran.

Datos del OIJ precisan que en el 2013 se recibieron 796 denuncias. Para el año siguiente, el 2014, disminuyeron a 742, pero a partir de entonces el aumento no se ha detenido.

En 2015 se atendieron 1.105 casos, en 2016 fueron 1.728, el 2017 cerró con 2.075 y, finalmente, el 2018 con 2.104.

Agüero destacó que cada caso es diferente, tal y como lo son los seres humanos, y, aunque es la sección de Delitos Varios la que se encarga de las investigaciones, algunas terminan en otra unidad.

Denuncias por desaparecidos. Infografía LN
Denuncias por desaparecidos. Infografía LN