Imputados por caso Soresco sobreseídos por orden de juzgado penal

Francisco Dall’Anese Ruiz, abogado de tres de los ejecutivos involucrados en la causa, explicó que el juez dictó el sobreseimiento por certeza de su inocencia, luego de que la Fiscalía lo solicitara, pero por duda de que se hubiesen cometido los delitos de prevaricato, peculado, incumplimiento de deberes, entre otros.

“El sobreseimiento definitivo fue solicitado por el Ministerio Público, argumentando que había dudas acerca de la responsabilidad que pudieran tener los imputados”, indicó Dall’Anese.

“Nosotros nos opusimos a un sobreseimiento por duda porque el Organismo de Investigación Judicial en sus pericias determinó que nunca hubo ni errores administrativos, ni desviaciones de fondos, ni apropiaciones de fondos, sino que todo había sido correcto, todo había sido normal, y que las sumas aportadas tanto por Recope como por la compañía petrolera china estaban reportadas en la Contraloría sin pérdida alguna de dinero”, añadió el abogado.

Por este caso fueron investigados seis personas de apellidos Trejos Gómez, Naranjo Sánchez, González Fonseca, Edward Early, Ulate Padget y Xu, esta última de nacionalidad china. Cinco habían quedado detenidos a finales del 2018, y una persona más se presentó a la Fiscalía un día después.

El caso

Soresco fue creada en el 2009, durante la administración de Óscar Arias Sánchez, con recursos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Corporación Nacional Petrolera de China (CNPC), con el objetivo de crear una nueva refinería en Moín, Limón.

Sin embargo, el proyecto fue frenado en el 2013, cuando la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el estudio de factibilidad había sido realizado por una empresa vinculada a la socia china.

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Desde entonces, el plan quedó varado, pero se siguió gastando dinero en la sociedad, debido al pago de salarios e instalaciones. Aunque Recope trató de frenar las erogaciones en aquel momento, su intento no prosperó.

Debido a esto, desde 2012 la Fiscalía abrió una investigación para determinar la existencia o no de irregularidades. Un año después se hizo un allanamiento en ambas instituciones y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), pero la investigación quedó trabada hasta el 2017.

En ese año, se autorizó el levantamiento del secreto bancario, el cual permitió realizar varios allanamientos de noviembre del 2018.

Para aquel momento la entonces fiscala general, Emilia Navas Aparicio, explicó que el caso se trataba “de una posible administración fraudulenta y sustracción de fondos de Recope a la hora de crear una empresa con China”.

Según Navas, los $100 millones aportados por Recope y CNPC, en partes iguales para crear la empresa Soresco, no fueron utilizados para los fines planteados inicialmente, que contemplaban que esa firma se encargaría de construir y operar la refinería.

Inicialmente los investigados cumplieron medidas cautelares, pero en julio del 2019 quedaron en libertad, aunque apegados al proceso.

Por otra parte, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, ubicada en Londres, había determinado el 28 de octubre del 2019 que Costa Rica no debía pagarle nada a CNPC, como pretendía la firma china.