Judiciales

Husmear vida privada de jueza desata ola de sanciones en Poder Judicial

Un fiscal, cuatro investigadores, cuatro custodios y tres técnicos entraron a restringida base de datos policiales para conocer a juzgadora que peleó en un bar con su novio, que era fiscal

Ingresar sin autorización a la base de datos confidenciales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) denominada Plataforma de Información Judicial (PIP) para conocer detalles de la vida privada de una jueza, después de que ella tuvo una pelea en un bar con su novio que en ese momento era fiscal, desató una ola de sanciones en el Poder Judicial.

Primero fueron dos agentes del OIJ que en octubre del año anterior recibieron un castigo de cinco días de suspensión sin goce de salario. Más recientemente, el pasado 3 de febrero, el Consejo Superior confirmó la sanción para otros 10 funcionarios, que sin tener una investigación en marcha revisaron el Expediente Criminal Único (ECU) de la juzgadora, que para ese momento se caracterizaba por publicar fotos en redes sociales que resaltaban su belleza.

Los servidores sancionados recientemente son: un fiscal del Ministerio Público y nueve funcionarios del OIJ que se desglosan en dos investigadores (un hombre y una mujer), cuatro custodios de detenidos (tres hombres y una mujer) y tres técnicos en lofoscopia (dos mujeres y un hombre) que se encargan de analizar huellas dactilares. Al fiscal le impusieron ocho días de suspensión sin goce de salario y a los otros funcionarios, cinco días.

La falta que cometieron fue calificada como grave pues se comprobó que utilizaron recursos del Poder Judicial con fines ajenos para los cuales fueron creados, ya que “se realizaron consultas relacionadas con una persona no sujeta a investigación lo cual no justifica el ingreso a la Plataforma de Información Policial (...).

“El monto de las sanciones se considera proporcional a la falta cometida y tiene como finalidad cumplir con un fin correctivo en el desempeño de las funciones, para que los servidores sancionados recapaciten sobre el cumplimiento y el debido uso de las herramientas que les brinda la institución, las cuales son únicamente para las labores que les competan en razón de su cargo”.

El interés de los servidores judiciales por conocer datos personales de la jueza surgió el 29 de agosto del 2019, cuando Diario Extra publicó una noticia sobre un zafarrancho que ocurrió el 28 de agosto en el bar Martel, ubicado en el centro del cantón de Siquirres, Limón, en el cual participó la jueza del Juzgado Penal de Siquirres, que para ese momento tenía 35 años, y su novio, un fiscal auxiliar, también destacado en Siquirres.

En la nota no se suministraban mayores detalles, lo que generó interés entre los servidores judiciales por conocer otros pormenores. Lo que en realidad pasó fue que la pareja tuvo una fuerte discusión en el bar y luego el fiscal se dirigió a la delegación de la Fuerza Pública de Siquirres, a donde llegó con rasguños en la cara, cuello y un brazo para solicitar auxilio policial pues alegó tener problemas con su pareja sentimental.

“Segundos después ingresa a la delegación una femenina cabello rubio con vestido negro en aparente estado de ebriedad que se avalanza sobre la integridad del señor (el fiscal) por lo cual los oficiales proceden a intervenir y la señora empieza a indicar ‘yo soy jueza del Juzgado Penal de Siquirres, así que se me ubican igualados”, consta expedientes judiciales.

Por estos hechos la jueza fue sancionada el 29 de abril del 2021 a dos meses de suspensión sin goce salarial.

Un técnico en lofoscopia destacado en el OIJ de Puntarenas al declarar ante la Inspección Judicial las razones por las cuales ingresó a la PIP dijo: “efectivamente sí realicé la consulta e ingresé al expediente de la señora (...), sin ningún tipo de justificación. Me permito indicar que fue por curiosidad, una simple novatada de mi parte, para saber si era la misma persona de la noticia que salió a relucir en el periódico. Nunca se realizó por obtener algún beneficio o querer dañar o manchar la imagen de la señora (...) ya que no la conozco, no tengo algún interés personal, solo fue la curiosidad por la noticia de la señora”.

Por su parte, un custodio de detenidos del OIJ de Cartago al atestiguar dijo: “efectivamente sí realicé la consulta (...) sin ninguna mala intención de mi parte y fue debido a la noticia que se había generado en varios medios de comunicación días antes. Además, que noté que la foto de la reseña de la señora (...) había sido publicada, por lo que aclaro que dicha fotografía nunca fue extraída, ni tampoco difundida por mi parte, mucho menos dársela a terceras personas que puedan realizar algún tipo de daño”.

El abogado Erick Zúñiga Madrigal, que defendió a varios implicados en el proceso administrativo, alegó ante la Inspección Judicial que no hubo una conducta dolosa de los funcionarios para ser castigados. “Se ha demostrado que no existió de parte de los encausados una conducta dolosa de dar una mala utilización de la información consultada, sino que se trató de una consulta pura y simple, meramente visual. En ningún momento existió un ánimo de dar un uso indebido del sistema. Responde a un hecho aislado que, por parte de los encausados, no trascendió de ninguna manera”, añadió.

Sin embargo, tanto la Inspección Judicial como para los miembros del Consejo Superior, los servidores sancionados “violentaron los principios de lealtad, confianza y fidelidad en su quehacer, (...) pues con su conducta, afectaron el servicio público que brinda el Poder Judicial así como la imagen institucional, al hacer un uso indebido de la Plataforma de Información Policial y de sus claves o contraseñas.

“Si bien, los aquí investigados muestran un grado de arrepentimiento no es posible para este órgano disciplinario dejar pasar situaciones como la investigada. Deben hacer conciencia los servidores acusados, sobre la mala utilización de los recursos de la institución, y recapacitar a fin de que situaciones como esta no se vuelvan a repetir”.

El 28 de octubre del 2014, el entonces director del OIJ, Francisco Segura, informó de que decenas de servidores judiciales ingresaron a la base de datos para investigar antecedentes del guardameta Keylor Navas. El espionaje ocurrió entre los meses de junio y octubre del 2014, cuando Navas obtuvo notoriedad en el Mundial de Brasil y, luego, al ser contratado por el Real Madrid. Por ese caso se sancionó a 23 funcionarios.

Carlos Arguedas C.

Carlos Arguedas C.

Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.

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