Un guarda privado podría afrontar un juicio por supuestamente disparar por accidente su arma de reglamento y matar a una mujer que hacía fila en el Juzgado Contravencional de Upala, en Alajuela, el 10 de octubre del 2019.

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Cuando ocurrió el hecho, el oficial, quien laboraba para una empresa de seguridad contratada por el Poder Judicial, estaba en funciones.

Según confirmó la Fiscalía de la zona ante una consulta de La Nación, el hombre, de apellidos Sanarrusia Tijerino, fue acusado por supuestamente cometer un delito de homicidio culposo en perjuicio de Keilin María Padilla Flores, de 26 años.

El ente fiscal solicitó la apertura a juicio el 18 de enero anterior y, según indicó su oficina de prensa, la audiencia preliminar en donde se determinará el futuro del caso se realizará el 1.° de junio próximo en el Juzgado Penal de Upala.

“El caso corresponde al expediente 19-000815-0798-PE y, debido a que el artículo 295 del Código Procesal Penal protege la privacidad de las actuaciones, no es posible brindar más detalles”, comunicó el Ministerio Público.

El Código Penal establece que quien sea hallado culpable de homicidio culposo será castigado con entre seis meses a ocho años de prisión.

Necesidad de ir al juzgado

Según trascendió el día del homicidio, María Padilla Flores había asistido a ese juzgado debido a que quería solicitar la orden de apremio en contra del papá de su hija, de 3 años en ese entonces.

La petitoria se basaba en que supuestamente el sujeto no le dio el monto de la pensión alimentaria que estaba obligado a pagar.

Por ello, decidió acudir al despacho judicial; no obstante, mientras hacía fila para ser atendida, Sanarrusia manipuló su arma de reglamento y se disparó, en apariencia por accidente.

El balazo impactó a la mujer, quien fue trasladada en condición muy delicada a la clínica de la zona. Poco después de su ingreso, falleció.

Una vez ocurridos los hechos, los agentes judiciales se presentaron al sitio para decomisarle la pistola a Sanarrusia, así como para levantar cualquier indicio relevante para la investigación.

El guarda, por su parte, fue llevado a la Fiscalía.

En paralelo al proceso penal, el Poder Judicial indicó en aquel momento que se solidarizaba con la familia de la fallecida, y les ofreció apoyo en la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público de San Carlos.

Padilla, quien vivía en San José de Upala, era madre de una niña de 5 años y un niño de 3, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).