Goteras, puertas angostas y hacinamiento ponen despachos judiciales en riesgo de cierre

Situación obliga a Poder Judicial a variar plan de construcciones; Ministerio de Salud ya emitió 11 órdenes sanitarias

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Goteras, puertas angostas, incumplimiento del Código Eléctrico y hacinamiento son algunas de las deficiencias que presentan 24 despachos judiciales en los cantones de Quepos, Parrita, Cañas, Sarapiquí y Siquirres.

El dato lo proporcionó el lunes anterior la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, en un informe entregado a la Corte Plena.

La funcionaria explicó que la situación es complicada porque existen 11 órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, las cuales los obligan a efectuar las reparaciones de manera urgente o, en caso contrario, se podría ordenar el cierre de los inmuebles y en consecuencia la suspensión del servicio.

Al respecto, recordó que en febrero pasado el Ministerio de Salud clausuró temporalmente el Juzgado de Trabajo, en San José, luego de que 66 de los 97 funcionarios que ahí laboran enfermaran de diarrea y vómitos tras tomar, aparentemente, agua contaminada con materia fecal.

Ante la situación, Ana Eugenia Romero solicitó a los magistrados la autorización para variar el plan de construcciones previsto para los años 2018 y 2019, con la finalidad de dar prioridad al levantamiento de obras en las mencionadas localidades y postergar otras obras previstas en Heredia y Cartago. La gestión fue acogida por la Corte Plena.

Las construcciones que se harán están incluidas en un cronograma elaborado por el Poder Judicial desde el 2016, cuando se creó un fideicomiso inmobiliario con el Banco de Costa Rica (BCR), que serviría para financiar 14 “grandes obras”, como el reforzamiento del edificio de la Corte y las nuevas instalaciones en Hatillo.

Al mismo tiempo, con recursos propios planeó desarrollar edificios en comunidades donde la entidad posee terrenos, como son los cantones de Quepos, Cañas, Siquirres y Sarapiquí.

Según un estudio hecho en el 2017, el Poder Judicial tiene un déficit de 77.000 metros², lo cual los obliga a buscar locales de alquiler. Se estima que tienen 185 contratos de arrendamiento.

Casos urgentes

La directora ejecutiva del Poder Judicial dijo que, por ejemplo, en Quepos tienen alquilados seis locales, que en total albergan 13 despachos judiciales.

Señaló que cuatro inmuebles tienen órdenes sanitarias y están propensos a inundaciones. En esos edificios están la Fiscalía, Trabajo Social, Medicatura Forense, Juzgado Penal, Tribunal Penal, Juzgado Civil y Mixto, Defensa Pública, Juzgado Contravencional y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Dentro de los elementos a resaltar es que la mayoría presentan una condición mala, lo que puede generar un servicio de mala calidad. La oferta de locales en la zona es muy escasa. A la fecha se ha invertido por parte de la Institución, por concepto de mantenimiento un monto total de ¢49 millones del 2015 al 2017, y se está pagando por alquiler ¢154 millones al año”, precisó.

En Cañas se están alquilando siete locales para 10 oficinas que en su mayoría están en regulares condiciones, pero que no presentan condiciones óptimas para el buen desempeño de las labores, manifestó. En Cañas pagan por alquiler ¢146 millones anuales.

Sobre Sarapiquí, Romero explicó que rentan cinco inmuebles para siete despachos, los cuales están en condiciones regulares por espacios insuficientes, humedad y el incumplimiento del Código Eléctrico. En este cantón se pagan ¢145 millones al año por alquiler.

Finalmente, en Siquirres tienen órdenes sanitarias para realizar mejoras en los locales del Juzgado de Pensiones Alimentarias, Juzgado Contravencional y la subdelegación del OIJ.

“Ahí se está tomando en arriendo un nuevo local para trasladar los juzgados de Pensiones y el Contravencional. Eso después de muchas licitaciones fallidas y una larga negociación con el propietario que desarrolló un lugar a la medida del Poder Judicial”, dijo Ana Eugenia Romero.

En este cantón pagan ¢78 millones anuales por alquileres.

En todos estos cantones, el Poder Judicial cuenta con terrenos propios en los cuales, con la modificación aprobada por los magistrados, se podrán iniciar las construcciones, que se espera podrían estar concluidas en unos dos años.