EscucharUna empleada de la cancillería salvadoreña fue declarada culpable por adoptar una bebé costarricense de forma ilegal, y fue condenada a tres años de prisión, que serán reemplazados por trabajo de utilidad pública.
La sentencia la dictó el El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, el 13 de junio, en contra de Claudia Aguilar Garza, por aprovecharse de su cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores para falsificar documentos y quedarse con la menor, según trascendió en un reporte de La Prensa Gráfica.
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La justicia salvadoreña condenó a Aguilar por aprovecharse de su puesto en cancillería para adoptar a la bebé de forma ilegal. Captura de pantalla La Prensa Gráfica.
Originalmente, la Fiscalía había solicitado ocho años de prisión contra Aguilar, al señalarla por los delitos de “alteración o suplantación del estado familiar y el delito de falsedad ideológica”, indica la nota de prensa.
No obstante, la parte defensora solicitó el cambio de la condena por trabajo de utilidad pública porque “la persona (Aguilar Garza) no tiene antecedentes penales, no implica un peligro para la sociedad y no es una persona que se dedique a cometer delitos”.
Ese trabajo se traducirá en 144 jornadas de utilidad pública, aunque no trascendió que labores deberá realizar la sentenciada, quien se desempeñaba como asesora en el despacho de la Cancillería.
El caso
Según la acusación, Aguilar, y su esposo de origen alemán, Nils-Sjard Shulz, contactaron en el 2016 a una costarricense de apellido Guerrero, de 22 años en aquel momento, mediante una plataforma clandestina de adopciones.
La pareja convenció a la joven para que diera a luz en El Salvador con los gastos pagos y definieron un plan para quedarse con la bebé costarricense identificada en el proceso judicial solo como S. A.
La tica llegó a El Salvador el 28 de julio del 2016 y su hija nació el 21 de agosto de ese año.
Según la acusación, Aguilar aprovechó su puesto en la Cancillería para enviarle una carta falsa a Guerrero, en la que se aseveraba que el Estado salvadoreño le había dado una pasantía.
Esto le permitía a la joven costarricense justificar su estancia en aquel país, sin confesarle a su madre las verdaderas razones del viaje.
Al momento del parto, Nils-Sjard Shulz llevó a la mujer al hospital y se hizo pasar como su esposo. De esta forma, la niña quedó registrada como hija de Shulz y Aguilar.
Cuando volvió a Costa Rica, Guerrero le contó lo sucedido a su madre, quien denunció los hechos a las autoridades costarricenses y salvadoreñas.
Esto provocó que un costarricense de apellidos Cornejo Moya, pareja de Guerrero, fuese enviado a seis meses de prisión preventiva en octubre del 2017 por, presuntamente, participar en las gestiones de la adopción.
En el juicio que se llevó a cabo en tierras salvadoreñas, la Fiscalía local logró demostrar que Guerrero, cuando aceptó entregar a su bebé en adopción, estaba en “condición de vulnerabilidad”, porque su familia desconocía que estaba embarazada.
Las medidas judiciales contra Shulz, esposo de la sentenciada, no trascendieron.
En Costa Rica, la investigación del caso se desarrolla de manera conjunta entre la Fiscalía y la Unidad de Trata y Tráfico de Personas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo el expediente 17-000023-1321-PE.
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