Yeryis Salas.   23 agosto
El tribunal está compuesto por los jueces (izq. a der.) Sergio Quesada, Ericka Calvo y Jorge Tabash. Foto Jeffrey Zamora.

La Fiscalía pidió 12 años de prisión contra la exdefensora de los Habitantes Ofelia Taitelbaum, en el juicio que se le sigue por uso de documento falso y coacción.

La fiscala Patricia Badilla presentó la petición este viernes en la etapa de conclusiones del debate, en los Tribunales de Goicoechea.

Taitelbaum está acusada de cometer 39 presuntos delitos de uso de documento falso, porque habría usado el nombre de la costurera sancarleña María Otárola para presentar declaraciones tributarias.

Además, a la exdefensora se le acusa por un delito de coacción, pues le habría indicado a la costurera qué debía declararle a una periodista que la iba a entrevistar por este caso, según la grabación de una llamada telefónica del 2014.

La solicitud inicial del Ministerio Público era de 117 años de cárcel por documento falso más cuatro años por coacción.

Sin embargo, la petición fue readecuada por las reglas del concurso material, es decir, las penas totales no pueden exceder el triple de la pena mayor, ni los 50 años de prisión.

Este viernes, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) solicitó ante los jueces que Taitelbaum y las empresas de las que forma parte paguen casi ¢3,3 millones por daño material al Estado. Asimismo, el daño social se estimó en ¢10 millones.

“Para efectos tributarios, el principio que prevalece es el principio de buena fe, y aquí no hubo ninguna buena fe. Cuando las empresas se dan cuenta de que están siendo investigadas es que empiezan a ver cómo resuelven el asunto”, indicó el representante de la PEP, Miguel Cortés.

La defensa presentará sus conclusiones este lunes ante el Tribunal Penal, compuesto por los jueces Sergio Quesada, Ericka Calvo y Jorge Tabash.

Este caso fue denunciado por Otárola en el 2014, cuando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le rechazó una solicitud de seguro por dependencia familiar, pues ella registraba ingresos propios.

Esto impidió que la mujer, de 55 años, recibiera de la CCSS los medicamentos que requería por un problema en la tiroides.

Tras consultar en Hacienda, la costurera descubrió que desde el 2004 era contribuyente de impuestos sobre la renta, por una supuesta asesoría a firmas con ingresos millonarios, vinculadas a la entonces defensora de los Habitantes, quien renunció a ese cargo días después de divulgada la denuncia.

En aquel momento trascendió que, según los papeles, las sociedades de Taitelbaum le giraron a Otárola ¢32,9 millones, dinero que ella nunca recibió.

Ellas se conocieron cuando la acusada fue viceministra de Vivienda (1986-1990) y se comunicaba con la mamá de Otárola, quien representaba una comunidad donde esta institución planeaba un proyecto social, relató este viernes la fiscala, Patricia Badilla.

Badilla mostró entre sus pruebas que Juan Carlos Rivera, un analista de documentos dudosos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encontró que la presunta víctima “no confeccionó, ni firmó ninguna de las declaraciones que estaban a su nombre, ella nunca laboró para estas empresas”.

“También manifestó el perito del debate que una de las firmas que estaba a nombre de María de los Ángeles Otárola Soto fue confeccionada por la imputada Masha Ofelia Taitelbaum Yoselewich”, declaró la representante fiscal.