“Para llevar a cabo sus acciones delictivas, el acusado Jorge Arturo Arce Lara se aprovechó de su profesión como abogado y notario, su prestigio como profesional, al haber sido persona de confianza de diferentes personajes de la política nacional, circunstancia que le facilitó, no solo un alto roce social sino también el crecimiento de su firma de abogados: JD Cano Estudio Legal”.
Así describió el fiscal Willy Retana Reyes, el supuesto ardid que utilizó el exjefe de Protocolo de la Casa Presidencial en la administración de Abel Pacheco (2002-2006) para estafar entre los años 2005 al 2014, una suma superior a los $5 millones (¢3.050 millones).
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En la acusación, presentada el 28 de febrero pasado al Juzgado Penal de San José y en la cual se pide que el caso sea elevado a juicio, además, se detalla que en este caso hay 17 víctimas (solo uno costarricense).
Para la Fiscalía, se trató de un sistema de intermediación financiera que permitió al imputado recibir dinero, sobre todo de extranjeros, para luego, al parecer, prestarlo a clientes urgidos de fondos. Bajo este modelo, el inversionista recibía altos intereses y tenía el respaldo de propiedades mediante garantías hipotecarias de primer grado.
Sin embargo, los afectados dejaron de percibir las rentas, no pudieron reclamar propiedades, pues los gravámenes no fueron inscritos o estaban en fincas que tenían otros embargos.
Para la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, Arce sería supuesto responsable de 41 delitos de estafa y cuatro delitos de estelionato (incumplir un acto jurídico).
Rechaza los cargos
Jorge Arturo Arce, un abogado y notario de 50 años, dejó el cargo en el gobierno de Pacheco, el 31 de mayo del 2005, luego de ser cuestionado de ejercer su profesión mientras era funcionario, calificó la acusación fiscal como inexacta.
“Ellos lo que tratan acá es de que yo utilicé una posición política para ejercer influencias y eso es absoluta y totalmente falso (...) La acusación es prematura. A lo largo de estos cinco años de investigación muy poco se ha avanzado. No ha habido de parte de la Fiscalía ningún análisis objetivo o balanceado de la prueba exculpatoria que yo he presentado.
“Lo que tratan es de acusar por acusar, pese a todos lo esfuerzos que he hecho a lo largo de cinco años por dar la cara, por someterme al proceso, por ir pagando, porque se han pagado cantidades enormes de plata a la gente”, manifestó Arce.
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Su abogado, Francisco Campos Aguilar, considera que la acusación se presentó de una manera apresurada, pues desde el 30 de noviembre del 2017, el Juzgado Penal le había ordenado al Ministerio Público recabar los estados de cuentas bancarias de los afectados y esa gestión no la realizaron.
“Planteamos una actividad procesal defectuosa ante el Juzgado para que declare la ineficacia de la acusación y se le pida a la Fiscalía que cumpla con lo que el Juzgado ya le ordenó, que es recabar la prueba bancaria (...) que sea analizada y que ahí se determine si hubo o no el perjuicio que los ofendidos alegan.
“Don Jorge (el imputado) acepta que en algunos casos se le debe dinero a ofendidos, pero desde el primer día hemos estado negociando mediante distintos mecanismos (...) para tratar de ponernos de acuerdo, aunque ha habido algunas dificultades. Se han logrado arreglos satisfactorios (...) y se han suscrito finiquitos con los ofendidos”.
Agregó que están a la espera de que el Juzgado se pronuncie sobre su gestión y que se anule la acusación.
Antecedente
La pesquisa por estos hechos se inició en abril del 2014, cuando los afectados pidieron al Ministerio Público abrir un proceso penal, porque dijeron que habían entregado dinero a Jorge Arturo Arce y no recibieron los pagos acordados.
El imputado fue indagado el 20 de junio de ese año y desde entonces el Juzgado Penal de San José le ordenó firmar una vez al mes, le prohibió salir del país y le pidió entregar su pasaporte.
La noticia de que el exjefe de protocolo fue acusado trascendió el pasado 20 de marzo, durante el acto de rendición de cuentas que hizo de manera pública la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio.
En esa actividad, Patric Andre Pandis, un ciudadano alemán, se quejó por el lento trámite de este asunto y de un posible conflicto de interés, pues el abogado Campos es el esposo de Navas.
La fiscala aclaró durante la actividad, que en este caso ella se inhibió de conocer detalles y delegó el asunto en el fiscal Juan Carlos Cubillo.
Fue precisamente Cubillo quien le dijo a Pandis, que el expediente tiene una marcha normal y que en febrero pasado se planteó la acusación.
Patric Andre Pandis manifestó que él hablaba en representación de la madre de sus hijos que es una de las víctimas.
“En la historia de este país no ha habido un caso de esta magnitud. Ella tuvo una herencia (en Alemania), vendió y pasó todo aquí. Y ahí empezó la estafa, con trucos, con engaños. A nosotros nos ofrecieron algo que no estaba ni cerca de lo que hemos perdido”.
Otro inversionista perjudicado, Steven Segura Zúñiga, dijo: “Esto ha sido un viacrucis. Esto ha sido terrible para mí y mi familia. A nosotros nos ha costado mucho luchar contra el poder”.
Admitió que en las últimas semanas le han hecho ofertas para llegar a un arreglo, pero lo que le ofrecen no compensa la cantidad invertida y los intereses.
“Somos 17 los ofendidos en esta causa. Soy el único tico. Me duele que le hagan esto a extranjeros, jamás vendrán otros a invertir aquí (...) a mi me interesa que Jorge sea juzgado, que le den la pena que tengan que darle, pero también tengo mi interés y tomaría la propuesta de arreglo, pero estas propuestas, que las han hecho muchas veces, son para ganar tiempo y tenernos controlados”, concluyó.
‘Jalé las valijas del Presidente’
En una conversación con La Nación, Jorge Arturo Arce cuestionó el hecho de que se le señale como exfuncionario, pues alegó que dejó ese cargo hace 14 años.
–¿Cuál es su reacción ante la acusación fiscal?
–Yo siento que a mí se me ha estigmatizado por haber sido funcionario público, pero lo fui hace 14 años. Salí de la administración de don Abel Pacheco en el 2005. Ya no se me puede considerar una figura pública. Guardo un perfil bajísimo. Lo único que me dedico es al ejercicio de la profesión como abogado y notario, donde nunca he sido cuestionado ni suspendido jamás.
–¿La Fiscalía dice que fue funcionario?
–En realidad yo no tuve ningún cargo importante, pero en alguna medida los ofendidos han sacado ese tema como si fuese un tema relevante, cuando en realidad desde el 2005 dejé ese cargo. No fui una persona de elección popular, ni fui ministro. Yo fui la persona que jalé las valijas del Presidente.
–¿En la acusación se afirma que fue consultor de Casa Presidencial hasta noviembre del 2014?
–Eso se puede atribuir a una mentira de las muchas que se dicen en esas denuncias. Decir que yo seguí como jefe de protocolo es una falacia.
–Y entonces ¿por qué lo acusan de estafa?
–Estamos ante una Fiscalía, por el contexto que estamos viviendo, que está dedicada a la acusación a ultranza. Es una fiscalía que no analiza, que no pondera los hechos a tal punto que en la acusación, no hay ninguna referencia a prueba exculpatoria que yo haya aportado, a las pruebas de pagos que he hecho. Es prácticamente una copia que hacen de las denuncias. En estos cinco años, la Fiscalía debió de dedicarse a investigar, a determinar si realmente las denuncias tenían mérito.