Fiscala General investiga a magistrada Doris Arias por tráfico de influencias

Causa se abre luego de que presidenta de Sala Tercera lograra que se suspendiera castigo de dos meses en su contra; agentes del OIJ secuestraron documentos en oficina de juez que resolvió en tres horas petición de alta funcionaria

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

El Ministerio Público inició de oficio, este jueves, un proceso penal contra la magistrada Doris Arias Madrigal, presidenta de la Sala Tercera de la Corte, por el supuesto delito de tráfico de influencias.

Dicha investigación está a cargo de la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, en vista de que Arias Madrigal, de 56 años, goza de inmunidad debido a su alto cargo y se abrió luego de que un juez contencioso administrativo acogiera, en un plazo de tres horas, una solicitud de la magistrada para suspender la aplicación de una sanción de dos meses dictada en su contra por la Corte Plena del Poder Judicial.

La apertura de la causa fue confirmada por la oficina de Prensa del Ministerio Público, la cual detalló que la pesquisa se encuentra en la etapa preliminar.

El delito de tráfico de influencia reprime a los funcionarios que influyan en un servidor público favoreciéndose de su cargo para obtener una ventaja indebida.

Doris Arias fue suspendida por la Corte Plena el lunes pasado por un lapso de dos meses junto a María Elena Gómez Cortés, Carlos Chinchilla Sandí (presidente de la Corte Suprema de Justicia) y Jesús Ramírez Quirós, todos miembros de la Sala III. El castigo es por desestimar en febrero del 2017 una causa contra los entonces diputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata por supuesto tráfico de influencias, en relación con el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

Los integrantes de la Sala Tercera acogieron, en febrero del año pasado, la recomendación que envió la entonces fiscala subrogante Berenice Smith para desestimar la causa. Esta última también fue sancionada en un proceso que se le siguió por aparte. En la desestimación participó el entonces magistrado Celso Gamboa, quien fue destituido hace unos meses.

A los cuatro magistrados, inicialmente, se les había impuesto una sanción de amonestación escrita, pero este lunes, un sindicato de investigadores judiciales pidió revisar esa votación y fue cuando la sanción por “falta grave” se elevó a suspensión sin goce de salario por dos meses.

Fallo de tres horas

Doris Arias, en tanto, alegó que su actuación al desestimar la causa contra los diputados fue correcta y por eso elevó el asunto al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para que le suspendiera el castigo.

Este miércoles 18 de julio, a las cuatro de la mañana, ella acudió a las oficinas de ese despacho situado en Calle Blancos, en Goicoechea a entrega la documentación. Ese despacho trabaja las 24 horas y a las 7 a. m. de ese mismo día ya se había aceptado su gestión. La decisión la adoptó el juez Alcevith Godínez Prado.

La decisión de llevar el asunto a la vía contenciosa la tomó la alta jueza pese a que todavía no ha recibido la notificación del castigo de la Corte Plena.

Doris Arias, a quien los diputados designaron magistrada en el 2010, se desempeña desde junio de 2017 como presidenta de la Sala III, la cual se encarga de conocer los recursos de casación en materia penal. Llegó a la magistratura tras 25 años de ser jueza.

La elección –considerada en aquel momento como sorpresiva– se hizo en medio de una polémica porque el magistrado que resultara electo tendría que hacerse cargo de la instrucción del caso Caja-Fischel. Doris Arias admitió que en el 2008 se excusó de integrar el Tribunal de Juicio que vería ese tema.

Arias, junto a los otros magistrados de la Sala Tercera, Chinchilla, Ramírez, Gómez y el destituido Celso Gamboa Sánchez, enfrentan otro proceso penal por el supuesto delito de prevaricato. Ese procedimiento lo lleva también la fiscala general Emilia Navas y está en el expediente 17-000017-033-PE.

Ese caso tiene que ver precisamente con la desestimación que hizo la Sala del caso de los exlegisladores.

El miércoles Doris Arias había rechazado cualquier vínculo con actos irregulares cuando dijo: “He tenido una carrera recta, no me parece justo lo que ha ocurrido y termino por decir que aquí ha habido cosas extrañas. Soy una persona ética (...) me ha costado mucho llegar a donde estoy para que en un determinado momento se diga: ahora tiene que salir corriendo por la puerta de atrás. Eso jamás”.

Esta magistrada dijo que se acogerá a la jubilación en noviembre próximo cuando vence el plazo para el que fue nombrada.