Fiscalía pide un año de prisión preventiva para dueños de MECO y H Solís

Ministerio Público también gestiona prisión preventiva contra cuatro funcionarios y un exgerente del Conavi

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra los propietarios de las constructoras MECO, Carlos Cerdas Araya, y de H. Solís, Mélida Solís Vargas.

Así lo confirmó a La Nación, a las 10:45 p. m., el abogado Erick Gatgens, quien representa a Mélida Solís y a su hermana Sonia Solís.

En total, la Fiscalía Anticorrupción solicita prisión preventiva para14 personas a quienes tiene como sospechosas de sobornos a cambio de beneficios en contratos de obras viales a cargo del Estado, investigación denominada caso Cochinilla.

En la lista de 14 para los que se pide prisión preventiva están cuatro funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y un exgerente financiero de esa entidad.

También, están ocho personas que laboran con las constructoras u otras compañías, entre ellas, el gerente general de MECO, Abel González.

Para otras 16 personas, la Fiscalía reclama medidas alternativas. En el caso de funcionarios del Conavi, pide suspensión del cargo sin goce de salario (nombres y medidas propuestas se detallan más adelante).

La gestión de la Fiscalía se da ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en el Segundo Circuito Judicial, en Goicoechea.

Para este viernes está previsto que continúe la audiencia, donde los abogados de los arrestados presentarán sus descargos.

Solicitud de un año de prisión preventiva:

1. Carlos Cerdas Araya (Presidente de MECO)

2. Mélida Solís Vargas (Dueña de H Solís)

3. Abel González Carballo (Gerente general de MECO)

4. Alejandro Bolaños Salazar (Representante legal de MECO)

5. Óscar Martínez Martínez (Presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos ITP S. A.)

6. Carlos Solís Murillo (Exgerente financiero del Conavi)

7. Tobías Arce Alpízar (Labora para MECO)

8. Carmen Madrigal Rímola (Directora de Proveeduría del Conavi)

9. Hugo Fallas Zúñiga (Labora en Conavi, en gerencia de Conservación de Vías y Puentes)

10. William Herrera Chacón (Gerente general de Constructora Herrera, de San Carlos)

11. Alister Cervantes Morales (Gerente de Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles, Diccoc)

12. Elsie Carmona Rivas (Funcionaria del Conavi)

13. Harold Mora Obando (Dirección de Costos de Vías y Puentes, Conavi)

14. Juan Carlos Abarca Quesada (Trabaja en H. Solís)

Medidas alternas de prisión

1. Alejandra Bonilla Guillén (Representante legal de MECO)

2. Laura Clotilde Chaves Mora (Conavi, Unidad Ejecutora de Puente Binacional en Sixaola)

3. José Manuel Rojas Monge (Director Financiero del Conavi)

4. Edgar May Cantillano (Ingeniero de Proyectos del Conavi)

5. Marlon Saúl Zamora Zamora (Funcionario público que tiene bajo su cargo lo referente a los presupuestos extraordinarios de la Tesorería Nacional)

6. Edwin Castro Rodríguez (Presidente de sociedad Constructora Montedes)

7. Erick Rodríguez Araya (Funcionario del MOPT)

8. Abraham Sánchez Castro (Ingeniero del Conavi)

9. Eliécer Rivera Campos (Ejecución Presupuestaria del Conavi)

10. Luis Quesada Pérez (Funcionario del MOPT)

11. Mauricio Ortíz Vega (Ejecución Presupuestaria del Conavi)

12. Sergio Lobo Bejarano (Jefe de Tesorería del Conavi)

13. Marcela Monge Hernández (Gerente de Adquisición y Finanzas del Conavi)

14. Mario Quesada Aguirre (Vicepresidente del Tribunal Administrativo de Transporte)

15. Sonia Solís Vargas (Secretaria de la sociedad Altos Frutales)

16. Luis UreñaVillalobos (cargo desconocido)

¿Cuáles medidas cautelares?

Para quienes no pide prisión preventiva, el Ministerio Público solicita que se les impida acercarse a testigos o sujetos del proceso hasta 500 metros de distancia.

También reclama impedimento de salida del país, presentarse a firmar ante el juzgado correspondiente una vez al mes y prohibición de firmar contratos con la Administración Pública durante un año.

En el caso de los empleados del Estado, demanda la suspensión del puesto, sin goce de salario.

Así lo explicó, ante consulta de La Nación, el abogado Juan Marcos Rivero, quien representa a Mélida y Sonia Solís.

“El argumento fue muy claro por parte de la Fiscalía, se hizo un estudio detenido de la situación de cada una de las personas, del posible grado de participación de cada una en los hechos que vienen siendo investigados y en virtud de un estudio diferenciado de cada una de las personas, así pidieron las medidas”, declaró Rivero.

“Entonces –agregó– determinaron que en algunos casos, por varias razones, se justificaba una medida cautelar más fuerte como la prisión preventiva, y en otros se justificaban medidas cautelares más leves, en virtud de que, o tienen un grado de participación menor o en realidad están muy separados de los hechos que se están investigando”.

“Nosotros consideramos que por varias circunstancias personales que este viernes se indicarán, realmente es suficiente una medida alterna para ella (Mélida Solís) diferenciada de todas estas que ya le indicamos”.

Según la Fiscalía, la petición de las medidas se fundamentó en la probabilidad de la autoría de cada una de las personas implicadas, así como los peligros procesales existentes, como riesgo de fuga, de obstaculización de la investigación y continuidad delictiva.

Esa entidad aseguró que las medidas solicitadas al Juzgado Penal son “proporcionales, necesarias y racionales para cada persona imputada”, para garantizar el sometimiento y fines del proceso penal de cada una.

Información actualizada por el periodista Hugo Solano el 18/6, con datos de la Fiscalía.