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El Ministerio Público solicitó este miércoles se castigue con un año de prisión al ex subjefe de la Dirección de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Luis Guillermo Fonseca Herrera, por contarle a un fiscal amigo sobre una investigación contra su suegro.
La petición la hizo pública la fiscala Patricia Badilla Abarca durante un juicio que se realiza en los Tribunales de Goicoechea, el cual inició el pasado 31 de enero.
En criterio de la representante del ente acusador, Fonseca es presuntamente responsable del delito de divulgación de secretos, que se sanciona en el artículo 346 del Código Penal.
El caso que se juzga esta relacionado con un operativo policial que se realizó el 9 de agosto del 2017, en el cual se desarticuló una red dedicada a cometer fraudes de naturaleza notarial registral en contra de ciudadanos extranjeros y de entidades bancarias.
Entre los imputados estaba un abogado de apellidos Martínez Fuentes, que es el suegro del exfiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Jose Francisco Fonseca Ramos.
En la etapa de conclusiones, la fiscala Patricia Badilla dijo que durante el debate diversos testigos verificaron que dos días antes del operativo, el 7 de agosto del 2017, Luis Guillermo Fonseca llamó por teléfono a José Francisco Fonseca, al que consideraba su amigo, para decirle que a su suegro lo estaban investigado.
Agregó que la testigo clave para comprobar los hechos fue la actual fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, quien estuvo presente cuando se produjo la llamada telefónica.
“Ella siempre mantuvo una misma declaración desde que puso la denuncia hasta el día que estuvo en juicio. Ella no tenía ningún interés”, agregó.
Posteriormente, el procurador de la Ética Pública, Federico Quesada Soto, planteó la demanda civil en perjuicio del Estado, la cual estimó en ¢3 millones.
Para justificar la gestión argumentó que Luis Guillermo Quesada tenía un puesto de muy alta jerarquía en el OIJ y que no hay duda de su vinculación con el hecho delictivo acusado.
“Existe un vínculo jurídico entre la actuación del demandado civil (Quesada) y las consecuencias al Estado costarricense. En el daño a la imagen del Poder Judicial, a la imagen del OIJ, instituciones que se vieron debilitadas en la percepción pública”, añadió.
Rechaza los cargos
Por su parte, José Pablo Badilla, defensor del exagente del OIJ, pidió la absolutoria “por certeza” de su representado porque durante el juicio “no se probaron los hechos de la acusación”.
Agregó que todo el caso está fundamentado “en la versión de una testigo que dijo algo que alguien le contó”, pero que no se logró verificar que esa llamada se produjo.
Badilla también hizo referencia a que el uso de un mensaje de texto que envió el fiscal Francisco Fonseca a Emilia Navas y que fue extraído del celular Navas, es prueba espuria y por tanto pidió que no fuera aceptada.
“Nunca hubo orden de un juez para extraer esa información. Tampoco hubo autorización de Francisco Fonseca, como lo establece la ley que regula las intervenciones telefónicas. Se vulneró el derecho del imputado pues se trata de prueba ilegalmente obtenida”, añadió.
Luis Guillermo Fonseca, debido a este caso, fue despedido en setiembre del 2018 del cargo de subjefe de Investigaciones Criminales del OIJ.
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