Yeryis Salas. 23 septiembre
La fiscala, Dixiela Madrigal, pidió la pena de cárcel máxima por administración fraudulenta que impone el Código Penal. Foto: Yeryis Salas.
La fiscala, Dixiela Madrigal, pidió la pena de cárcel máxima por administración fraudulenta que impone el Código Penal. Foto: Yeryis Salas.

La Fiscalía pidió diez años de prisión contra los tres acusados del caso Coopemex que se sometieron a un juicio ordinario.

Esta pena, la máxima que se impone por el delito de administración fraudulenta, fue solicitada por la fiscala Dixiela Madrigal este lunes ante el Tribunal Penal de San José.

Los imputados, de apellidos Jiménez, Sánchez y Ramírez, ostentaron los cargos de contador, comité de vigilancia y director de crédito de la cooperativa, respectivamente.

La Fiscalía les atribuye ser responsables de los problemas financieros que llevaron a la desaparición de la entidad en el 2010, además de la pérdida de ¢25.000 millones.

La presunta administración fraudulenta afectó a unos 6.000 asociados y ocurrió entre el 2005 y 2009, mientras que la denuncia penal fue presentada por la Sugef en el 2010, año en que Coopemex fue absorbida por el Banco Popular.

La fecha en la que se dictará la sentencia aún no ha sido anunciada por las juezas a cargo del debate: Laura Sánchez, Mercedes Jiménez y Krycia Zamora.

Madrigal señaló, en las conclusiones del juicio, que los imputados crearon registros contables para que “cada uno de los fraudes acusados se llevara a cabo en contra de los asociados, de sus familias, de todo el sistema financiero nacional y del Estado”.

Algunas de las presuntas operaciones ilegales fueron el adelanto de 24 dietas para los acusados por una supuesta fusión con Coopenae que iba a afectar el bolsillo de los administradores, así como el pago irregular de una cesantía justo cuando la cooperativa enfrentaba dificultades.

“Eso se llama sangrar a la cooperativa, ya estaba enferma y le siguieron sacando el líquido vital”, aseveró la fiscala.

Además, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) detectó que los sospechosos omitieron reportar créditos morosos a este órgano, apuntó el Ministerio Público.

“Las acciones cometidas por los imputados no solo afectaron a los asociados de Coopemex, sino que afectaron al sistema financiero nacional en general, porque sin tener manchas crediticias (los deudores de la cooperativa), otras instituciones les estaban otorgando créditos, siendo personas que, en honor a la verdad, se habían atrasado en sus pagos”, afirmó Madrigal.

El debate inició con 14 indiciados, pero 11 de ellos aceptaron procesos alternos.

Ocho aceptaron los hechos para someterse a la suspensión del proceso a prueba y conciliación, por lo que evitaron una condena de cárcel, a cambio de realizar trabajo comunal, hacer donaciones a instituciones de bien social y devolver los montos adeudados a la que fue la tercera cooperativa más grande del país.

Estos fueron los denunciados de apellidos Clark, Lara, Coronado, Carrillo, Carpio, Mata, Solano y Espinoza.

Otros tres ingresaron a un procedimiento especial abreviado, en el que Sandoval, García y Villalobos admitieron los cargos para recibir penas reducidas. Ellos fueron el gerente general, el auditor interno y el presidente del comité de administración.

Según el acuerdo con la Fiscalía, las condenas serían de siete años, pero estas aún no han sido ratificadas por el Tribunal.