Una investigación para determinar posibles anomalías en la liberación de la corredora de bolsa María Marta Silva Meneses fue ordenada por el Ministerio Público.
La decisión se tomó luego de conocerse que esta mujer, con una sentencia de cuatro años de prisión, en firme desde el 18 de noviembre, fue puesta en libertad del Centro de Atención Integral (CAI) Vilma Curling, el pasado 2 de diciembre.
La pesquisa está a cargo de la Fiscalía de Desamparados y se abrió contra ignorado.
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María Marta Silva, una empresaria ligada al financiamiento de equipos de triatlón, permanecía detenida desde el 2 de diciembre del 2016 como sospechosa de cometer un millonario fraude que asciende a más de $32 millones. Contra ella se tramitaron dos procesos penales.
Por una de esas causas, Silva se sometió a un proceso abreviado, aceptó el delito y el Tribunal Penal de Goicoechea la condenó el 9 de setiembre pasado a cuatro años de prisión por el delito de administración fraudulenta de $1,2 millones. Esa condena quedó en firme el 18 de noviembre.
El otro proceso, pendiente de juicio, era por el cual Silva seguía en prisión preventiva. Sin embargo, el 2 de diciembre se venció el plazo máximo en el que una persona indiciada puede permanecer detenida, que es de 36 meses.
Versiones sobre el caso
El Tribunal Penal de Goicoechea informó, por medio de la oficina de prensa de la Corte, que el 2 de diciembre se enviaron tres comunicaciones al centro penal Vilma Curling notificándoles que Silva Meneses tenía una condena en firme.
Las comunicaciones se hicieron a las 3:46 p. m. por medio de fax. Debido a que el envío dio error se volvió a mandar a las 4 p. m. y a las 4:05 se reiteró mediante correo electrónico.
Incluso una funcionaria del despacho llamó a las 4:28 p. m. al centro penal, donde una empleada (cuyo nombre se tiene en el tribunal) confirmó la recepción de la comunicación, al tiempo que agregó que la directora del penal, Kattia Góngora, tenía conocimiento del tema.
Ese mismo día el Juzgado Penal de Goicoechea notificó vía fax al centro penal, a las 5:40 p. m., que cesaba la prisión preventiva de María Marta Silva porque se cumplió el plazo máximo para un indiciado.
En esa misma comunicación se reiteró que Silva tenía una condena en firme y que estaba a la orden del Instituto Nacional de Criminología, una dependencia del Ministerio de Justicia, informó prensa de la Corte.
Sin embargo toda esta cronología discrepara de la versión del Ministerio de Justicia.
Ese despacho indicó: “El 2 de diciembre a las 6 p. m. ingresó al CAI Vilma Curling una orden de libertad, emitida por el Juzgado Penal de II Circuito Judicial de San José, en favor de Silva Meneses. Una vez ejecutado el acto (de liberación), las autoridades del centro fueron informadas de la existencia de una solicitud para que la persona se mantuviera en el centro a las órdenes de otra autoridad judicial”.
En un comunicado de prensa se detalló que ante lo acontecido, el director de Adaptación Social, José Luis Bermúdez, giró instrucciones a la Dirección Jurídica para abrir una investigación preliminar para determinar la verdad de los hechos.
“Si se determina la existencia de alguna actuación indebida por parte de un funcionario, se procederá con el debido proceso”, señaló el comunicado.
Sobre este asunto el abogado Mauricio Brenes, defensor de María Marta Silva, rechazó el sábado anterior cualquier acción anómala, al tiempo que advirtió que su representada se encuentra en el país.
Precisó que tiene tiempo hasta este martes 17 de diciembre para informar al despacho judicial sobre el domicilio de Silva y advirtió de que presentó un incidente al Juzgado de la Ejecución de la Pena, porque en su criterio la corredora de bolsa ya cumplió la sentencia de los cuatro años por el tiempo que pasó en prisión preventiva.
“No fue oscuro lo que sucedió, ni hubo ningún error. No hay orden de captura. Estoy pidiendo que se haga una liquidación de la pena con la prisión preventiva que descontó mi representada”, manifestó el abogado.
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Antecedentes
La Fiscalía le atribuyó a María Marta Silva que, desde el año 2009, se dedicó a recibir dinero de inversionistas por el cual pagaba altos intereses. Los fondos los invertía en la bolsa de valores, creando fideicomisos y adquiriendo certificados de depósitos a plazo.
Sin embargo, en el 2016, dejó de honrar los pagos, por lo cual los afectados llevaron el caso ante el Ministerio Público.
La Fiscalía abrió un proceso penal por los delitos de estafa, administración fraudulenta, intermediación financiera, uso y falsificación de documentos.
Desde el 2 de diciembre del 2016, Silva descontaba prisión preventiva por estos hechos, los cuales se tramitaron en dos causas penales, ambas en Goicoechea.
El 9 de setiembre pasado, la mujer fue llevada a juicio en un proceso en el cual había dos afectados. En el debate, estas personas aceptaron un procedimiento abreviado mediante el cual se les devolvían $1,2 millones y Silva recibió una condena de cuatro años, sin posibilidad de ejecución condicional de la pena.