La Fiscalía realizó, este viernes, varios allanamientos como parte de una investigación para determinar si se cometió algún delito en el desarrollo de un proyecto que pretende concentrar, en un solo lugar, todas las entidades públicas del cantón de Garabito, Puntarenas.
El plan se denomina Distrito Gubernamental de Garabito y es impulsado por la Municipalidad de ese cantón y un grupo empresarial, cuyo nombre no mencionó el Ministerio Público. Los obras se realizan en un terreno en Quebrada Bonita.
Las acciones judiciales estuvieron a cargo de la Fiscalía Adjunta Ambiental y se concentraron en el ayuntamiento, concretamente en los departamentos Legal, de Infraestructura, de Servicios Técnicos y en la Secretaría Municipal.
Asimismo, las autoridades recogieron evidencias en las oficinas de la empresa encargada de desarrollar el plan, así como en la Oficina Subregional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) en Orotina de Alajuela.
Las acciones operativas tienen que ver con una investigación que se tramita en la causa 20-000021-611-PE por los presuntos delitos de drenaje de humedales y prevaricato. Actualmente, la causa es contra ignorado.
El prevaricato castiga, según el artículo 357 del Código Penal, con prisión de dos a seis años “al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”.
Mientras, el drenaje de humedales es sancionado en el artículo 98 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre con pena de prisión de uno a tres años.
Así se castiga a quien “sin previa autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, drene, seque, rellene o elimine lagos, lagunas no artificiales y los demás humedales, declarados o no como tales”.
Además, señala la norma, el infractor será obligado a dejar las cosas en el estado en que se encontraban antes de iniciar los trabajos de afectación del humedal.
Explicación
El plan Distrito Gubernamental de Garabito fue declarado como de interés cantonal por la Municipalidad el 20 de julio del 2017 y, desde aquel momento, comenzó la construcción de caminos y movimiento de tierras.
Las obras se desarrollan en un área de 36 hectáreas en donde se construirían los edificios de unas 30 instituciones públicas, entre ellas el Poder Judicial, y contarían con alcantarillado sanitario, energía solar y cableado subterráneo.
La infraestructura primaria y secundaria, según se estima, tendrá una inversión de unos $170 millones y abarca 125.000 metros cuadrados de construcción.
El propósito del proyecto sería que la ciudad de Jacó quede exclusivamente para el turismo y que las instituciones públicas se trasladen hacia la nueva ciudad.
Según un comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público, las obras del proyecto se levantarían en una finca que contiene un área de humedal y es atravesada por diversos cuerpos de agua.
“La Fiscalía investiga la aparente construcción de obras civiles que habrían implicado movimientos de tierra, relleno de humedales, entubamiento y modificación de cauces de dominio público, a pesar de que, según se presume, tanto la municipalidad como la empresa desarrolladora conocían que el sitio tenía sectores con suelos característicos de humedal y que se invadía cauces de dominio público y sus respectivas áreas de protección”, señala el comunicado.