El Ministerio Público indagó el martes anterior a otros dos empleados del Banco Popular como imputados en el denominado caso del cemento chino.
La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, comunicó de que se trata de un perito de apellidos Arias Silesky y un analista de crédito apellidado Thompson Camacho. A ambos se les atribuye el delito de peculado.
“El primero es el perito que valoró la propiedad que el coimputado Juan Carlos Bolaños dio como garantía para obtener el crédito bancario. El segundo es el analista que recomendó el refinanciamiento para Juan Carlos Bolaños”, dijo Navas.
Luego de ser puestos en conocimiento de los cargos que se les imputa, ambos funcionarios quedaron en libertad, pues se demostró que tienen arraigo laboral y familiar.
Según el artículo 361 del Código Penal, comete peculado “el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”. Se castiga con prisión de hasta 12 años.
Recuento del caso
Esta investigación la abrió de oficio el Ministerio Público en octubre del 2017, para determinar si el Banco Popular fue estafado con la línea de crédito que le dio a una compañía del Grupo JCB, del empresario Juan Carlos Bolaños, para importar cemento chino.
"Se trata del expediente 17-000013-033-PE, seguido contra persona ignorada por el aparente delito de estafa. La parte ofendida es la entidad bancaria. La causa se encuentra en la etapa preparatoria de la investigación”, aseguró en aquel momento el Ministerio Público.
El 2 de noviembre del año anterior, La Nación reveló que el Grupo JCB le reportó al Banco Popular y al Banco de Costa Rica (BCR) las mismas importaciones de cemento a la hora de justificar el uso de millonarios desembolsos de dinero, provenientes de líneas de crédito.
Por separado, esas dos entidades le giraron a compañías de Bolaños $13,8 millones para traer este producto desde China, entre finales del 2015 y principios del 2016.
El Popular le depositó $4,4 millones a la sociedad Inversiones e Inmobiliaria de Grupo JCB, mientras que el BCR le giró $9,4 millones a la compañía Sinocem Costa Rica.
En marzo de este año, la Fiscalía dirigió un operativo en el cual se detuvo a dos gerentes de Sinocem de apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga.
Asimismo, se arrestó a cuatro empleados del Popular apellidados Bogantes Brenes, analista de crédito; Gómez Barrantes, ejecutivo de Negocios Corporativos; Delgado Negrini, jefe de la División de Banca Institucional Corporativa, y Alpízar Hidalgo, director de Banca Empresarial y quien formaba parte del Comité Gerencial de Crédito Pleno.
A todos, después de su captura, se les impuso firmar cada 15 días y no salir del país como medida cautelar. A todos se les vincula con el delito de peculado.
En este asunto también figuran como imputado Juan Carlos Bolaños.
En otra causa, también por peculado, donde la afectación es en el Banco de Costa Rica figuran otros siete imputados: Juan Carlos Bolaños, Leonardo Acuña, subgerente de Finanzas y Riesgos y Andrés Víquez, ex subgerente de banca mayorista.
Además, el exgerente general del BCR, Mario Barrenechea Coto; Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito, y Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno.
Por último, la expresidenta de la Junta Directiva del BCR, Paola Mora, es investigada peculado y tráfico de influencias en un expediente aparte.