Fiscalía General ordena investigar a médicos que no reanudaron servicios en la morgue

Se analizan las opciones de contratar especialistas para hacer las autopsias o que se realicen en los diferentes hospitales

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La Fiscalía General de la República ordenó la tarde de este lunes, a la Fiscalía de Heredia, abrir una causa penal en contra de médicos y personal de la sección de Patología Forense del Poder Judicial, por los posibles delitos de desobediciencia a la autoridad e incumplimiento de deberes.

La medida se tomó luego de que los forenses desacataron una orden de la Sala Constitucional del sábado anterior, que pidió al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza -superior jerárquico de la Medicatura Forense-, "ejecutar de inmediato diligencias y acciones" para realizar las autopsias y entregar los cadáveres a las familias dolientes.

La oficina de prensa de la Fiscalía General de la República, informó de que el caso se tramita bajo el expediente 17-001956-0369-PE, por lo que de momento no tiene imputados individualizados.

Precisamente, la investigación es la que permitirá identificar a las personas que desobedecieron la orden constitucional.

Jorge Chavarría Guzmán, fiscal general de la República, confirmó que se mantiene en coordinación con el director del OIJ para buscar una solución, con el fin de "establecer un mecanismo que evite acentuar aún más el sufrimiento de las familias afectadas con la no prestación del servicio de los patólogos".

De momento las opciones que se consideran son: realizar las autopsias en diferentes centros médicos estatales, contratar especialistas para realizar las autopsias, o lograr que el personal de Medicina Legal del Poder Judicial preste atención al interés de las víctimas dolientes y efectué las disecciones.

Sobre este caso, la Defensoría de los Habitantes informó este lunes que dos personeros de la entidad acompañaron anteayer, a dos familiares del médico pensionado Álvaro Cortés García (72 años), cuyo cuerpo ingresó a Medicatura Forense el 18 de julio, luego de que apareció asesinado dentro de una finca de su propiedad en Peñas Blancas de San Ramón, Alajuela.

Según el acta de la Defensoría, durante la inspección efectuada los funcionarios le indicaron que no había suficientes funcionarios para que realizaran la autopsia, y que en caso de que reanudaran las labores, sería difícil que pudieran entregarle el cuerpo el mismo dia.

También señala que observaron en la entrada del complejo judicial gran cantidad de funcionarios judiciales, los cuales expresaban mediante un equipo de audio, mensajes de apoyo a los funcionarios que estaban en huelga.

Además, pese a que los funcionarios intentaron conversar con Franz Vega Zúñiga, jefe del Departamento de Medicina Legal, esto no fue posible, ya que su oficina estaba cerrada. Minutos después, otro funcionario informó de que Vega se había retirado del complejo.

Asimismo los funcionarios de la Defensoría efectuaron el domingo un recorrido en lo interno de Medicatura Forense, siempre acompañados por un oficial de seguridad privada. Allí se corroboró que había varias personas en el inmueble, las cuales no fue posible constatar que todos fueran funcionarios, ya que no portaban ningún distintivo o carné.