La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen realizó allanamientos este jueves en la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio) y en ese mismo banco luego de que ingresaran nuevas denuncias por el presunto delito de peculado.

La acción judicial está relacionada con una investigación seguida en contra de tres exdirectivos de Asebanacio de apellidos Picado Villalobos, Prado Mendoza y Méndez Porras.

La causa en investigación corresponde a una serie de denuncias, en las que se indica que desde la creación de Asebanacio, la Junta Directiva habría estado conformada por miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, a pesar de que la normativa de asociaciones solidaristas dice lo contrario.

Se sospecha que las personas pretendían controlar la Asociación para, en apariencia, facilitarle créditos a algunos clientes corporativos del Banco.

Las denuncias las interpuso la nueva Junta Directiva de la Asociación.

Los operativos se desarrollan en el Centro Institucional de Procesamiento de Crédito, en el edificio central del Banco Nacional, en San José y las instalaciones de la Asociación Solidarista, en Tibás.

“Al parecer, para el 2011, el Banco había acumulado un monto como reserva para el pago de las cesantías de los trabajadores, ello al amparo de los establecido en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional”, dice un comunicado de la Fiscalía.

Añade que a pesar de que existían pronunciamientos de la Procuraduría General de la República que establecía la ilegalidad de trasladar esa reserva a la Asociación, los investigados habrían instado a la Junta Directiva del Banco para que se aprobara el traslado.

En conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía pretende decomisar prueba documental para incluir en el desarrollo de la investigación.

El artículo 361 del Código Penal define el peculado como la sustracción o distracción de dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada a un funcionario público en razón de su cargo.

“Esta disposición también será aplicable a los particulares y a los gerentes, administradores o apoderados de las organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios, en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, administren o posean por cualquier título o modalidad de gestión”, dice la normativa.

De comprobarse el delito, los sospechosos se exponen a penas de hasta 12 años de cárcel.

Allanamiento despersonalizado

Aunque la Fiscalía investiga solo a tres exdirectivos, la tarde de este jueves Erick Ramos, abogado del exdirectivo Jorge Agüero, afirmó que la oficina de su cliente en también fue allanada.

“Estuve presente hoy en el allanamiento que se ordenó en la oficina de mi cliente, Jorge Agüero. Fuimos respetuosos del Ministerio Público y la señora juez", afirmó Ramos.

Luego se les permitió retirarse a una comparecencia que tenían al mediodía en la Asamblea Legislativa.

“Nos señalaron que nos podíamos retirar porque era un allanamiento institucional y no personal”, acotó.

Según Ramos no se les suministró copia de la orden de allanamiento por tratarse de un asunto institucional y al igual que la oficina de Agüero, los agentes entraron en muchas otras partes del banco, en San José, por decisión del Ministerio Público y el juez.

La investigación continúa en desarrollo dentro de la causa 17-000075-0033-PE.

Asebanacio informó de que desde el 2017 denunció el caso en la Fiscalía de Fraudes de San José y está satisfecha con lo actuado hasta ahora por el Ministerio Público.

“Nos ponemos totalmente a las órdenes de las autoridades judiciales para colaborar en todo el proceso de investigación, con la firme convicción de que podrán esclarecer los hechos denunciados”, informó Asebanacio en un comunicado.

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Tensa relación

La citada asociación es investigada por créditos irregulares otorgados entre el 2013 y el 2017.

A manera de ejemplo, una revisión de la firma KPMG, a solicitud de la Junta Directiva de la asociación solidarista, detectó que créditos por ¢16.876 millones fueron otorgados a diferentes compañías, por medio de procesos en los que detectaron 15 tipos de deficiencias de control y seguimiento de operaciones de crédito.

El viernes pasado el presidente de Asebanacio, Allan Castro Tassara, sostuvo que desde el Banco Nacional lo han presionado para que se acoja a la pensión y añadió que denunció la situación ante la Subgerencia de Desarrollo para que lo protejan, pero no ha tenido respuesta.

Lo anterior en una comparecencia ante la Comisión para el Control y el Ingreso de Gastos Públicos de la Asamblea Legislativa.