Fiscalía allana Asamblea Legislativa por presunto pago irregular de contratos por ¢225 millones

Por medio de la oficina de prensa, el Ministerio Público detalló que la investigación se desarrolla dentro del expediente 22–000020–1218–PE, por los presuntos delitos de pago irregular de contratos, tráfico de influencias y falsedad ideológica.

Las diligencias se desarrollan en el antiguo edificio principal del Congreso, debajo de donde estaba el Plenario.

“La Fiscalía Anticorrupción investiga una licitación de equipo tecnológico adquirido por la Asamblea Legislativa por un monto de ¢225 millones, por lo que el allanamiento tiene como finalidad el registro y secuestro para obtener prueba documental y digital.

“Se investiga a funcionarios públicos ligados con los hechos investigados, pero no se procederá con detenciones por el momento. En virtud de que se trata de una investigación en fase preparatoria, de momento no es posible facilitar más información, conforme al numeral 295 del Código Procesal Penal”, explicó el ente acusador del Estado.

Por su parte, el director de Proveeduría del Congreso, Sergio Ramírez, dijo que la investigación tiene relación con la compra de un sistema de trazabilidad y registro de inventario, pero apuntó que no hay ningún problema que investiguen, porque “todo fue realizado correctamente”.

El director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, confirmó que la compra de ese sistema de trazabilidad de activos se realizó unos tres años atrás y agregó que lo decomisado es toda la información, expedientes vinculados al procedimiento de la licitación respectiva.

“Es un software caro. Costó cerca de $300 mil. La Asamblea tenía antes un sistema de control de activos con código de barras y la Proveeduría recomendó la compra de ese sistema, porque la Asamblea tiene cerca de 25.000 activos, entonces consideraron conveniente modernizarlo”, dijo Ayales.

Al contrario de lo informado por el Ministerio Público, Ayales dijo que no se trata de cinco departamentos, sino únicamente dos: Proveeduría y Financiero, y añadió que el primero de ellos tiene varias oficinas.

Indicó que las autoridades judiciales secuestraron documentación de respaldo sobre la licitación para comprar el sistema de trazabilidad de activos, así como las computadoras que tienen información relacionada con ello.

“La contratación se hizo hace dos o tres años, pero se fue adquiriendo por módulos, por partes, y el recibido total se dio en enero de este año”, comentó.