La fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio relevó del cargo a la fiscala adjunta de Pococí, Erna González Zamora, luego de atribuirle “serias deficiencias” en la tramitación de 7.287 expedientes.
La separación de González, quien tenía seis años en el cargo, se hizo efectivo desde julio del 2018, pero las razones del cambio se conocieron hasta finales del año anterior.
Debido a las presuntas irregularidades contra González y otra fiscala de apellido Ruphuy. El asunto generó un proceso administrativo que está en manos del Tribunal de la Inspección Judicial.
La sustitución de la jefe de la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de Limón (abarca los cantones de Pococí y Siquirres) se ordenó luego de que durante una visita hecha por Navas para revisar el sistema de trabajo en la citada jurisdicción judicial, se encontró que había errores en los trámites y retardos injustificados en cientos de expedientes.
Empero, el hecho que generó mayor preocupación fue que 7.287 legajos estaban en archivo fiscal sin que contaran con un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que detallara cuáles fueron las razones por las que no se lo localizó a los sospechosos.
El archivo fiscal es un sistema que utiliza el Ministerio Público, para sacar del trabajo diario aquellos asuntos que por más trámites que se hicieron no fue posible identificar a un sospechoso. En una directriz emitida por los jerarcas de la entidad, se exige que esos legajos deben contar con un informe del OIJ, que detalle en qué consistieron esas diligencias.
Principales hallazgos
En el acta 081-2018 del Consejo Superior del Poder Judicial, referente a la sesión del 14 de setiembre del 2018, se da cuenta de algunos pormenores sobre las anomalías descubiertas en la Fiscalía Adjunta de Pococí.
En un informe escrito presentado por Emilia Navas se indica que había “atrasos en la actualización por periodos prolongados. El más delicado de estos es el caso 08-000505-070-PE, por homicidio. La presentación se actualizó hasta seis años después y en el caso 11-003012-485-PE, cuatro años y seis meses después”.
En el documento, la fiscala general advierte: “La gravedad del caso por homicidio es que se mantenía con archivo fiscal (en investigación), con sospechoso individualizado”.
Asimismo, hizo ver que “una cantidad importante de asuntos se mantenían aún en rezago, sin resolver. Esto a pesar de que en la visita anterior (informe 120-UIF-2017), se había ordenado dar seguimiento para resolver de inmediato, lo que implica un incumplimiento”, señaló Navas.
La fiscala general solicitó a la Inspección Judicial que González fuera trasladada a la Fiscalía Adjunta de Limón, como fiscala auxiliar, mientras se concluye con la investigación. Alegó que dejarla en Pococí significa un riesgo para la pesquisa.
No obstante, Erna González se opuso a la decisión, alegando sobre todo razones familiares y logró que el Consejo Superior la dejara como fiscala auxiliar en Pococí, pero sin posibilidad de “acceso físico o digital a los expedientes en investigación”.
Consultada Emilia Navas sobre este proceso dijo: “por ley sobre los procesos disciplinarios no puedo hablar sobre el fondo del asunto, pero cuando uno encuentra una situación que uno considera que no es regular, estoy en la obligación de ponerla en conocimiento de los órganos disciplinarios para que hagan la investigación y determinen si existió o no negligencia o si existió o no alguna irregularidad”.
Labor impecable
En el alegato de defensa de González que consta en el acto de la sesión del Consejo Superior, ella manifestó que labora en el Poder Judicial desde enero de 1991. Empezó como agente fiscal y, desde junio del 2012 hasta mayo del 2018, se desempeñó como fiscala adjunta de Pococí.
“Al día de hoy, mi récord disciplinario está limpio. He tenido un desempeño laboral impecable; me he destacado a nivel judicial y a nivel comunal como una persona intachable, respetable, comprometida con mi trabajo y con 24 años de vivir en esta comunidad.
"Duele que me atribuyan faltas y hagan acusaciones que ya demostraré que son infundadas.
"Duele que esto le suceda a una con casi los 30 años de servicio (los cumple en abril del 2019), que he llevado en alto el nombre de la institución para la cual trabajo.
“Me he desempeñado, más allá de las funciones. He dado más de las ocho horas laborales, he trabajado en comunidades dando charlas, atendiendo solicitudes fuera de horas de oficina sacrificando tiempo de mi familia”, dijo Erna González.
Caso de homicidio prescribió
La fiscala general de la República, Emilia Navas, en su informe al Consejo Superior, hizo referencia a varios expedientes en el archivo fiscal, pero se mostró muy preocupada por uno al que identificó como el legajo 08-000505-070-PE.
Este asunto tiene que ver con la muerte de Adán Mora López, fallecido el 21 de setiembre del 2008, en el cantón de Siquirres, Limón. No fue posible conocer más detalles de la forma en que ocurrió su deceso. Solo se sabe que Mora, quien no registra hijos según la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), tenía 87 años cuando murió.
La oficina de prensa del Ministerio Público informó de que esta causa se tramitó en la Fiscalía de Siquirres por el delito de homicidio simple, cometido en perjuicio de Adán Mora López y que se investigó a un hombre de apellido Zaballo.
Debido a que en este caso la acción penal prescribió en setiembre del 2018, el Ministerio Público pidió se dictara un sobreseimiento definitivo a favor del sospechoso.
La oficina de prensa del Poder Judicial informó por su parte que el juzgado dictó el sobreseimiento definitivo el 19 de noviembre del 2018 y ahora el expediente está archivado en el Archivo Judicial.