Carlos Arguedas C.. 1 julio
Emilia Navas calificó la corrupción como uno de los
Emilia Navas calificó la corrupción como uno de los "delitos más dañosos para la sociedad". Foto: Jeffrey Zamora

La fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, restringió la utilización de salidas alternas, como un beneficio para los imputados en delitos de corrupción.

La decisión la hizo pública el pasado 17 de mayo, cuando, por medio de una circular administrativa, informó de cambios en la política de persecución penal con la finalidad de reforzar las pesquisas en uno de los “delitos más dañosos para la sociedad”, como lo es es la corrupción.

En el documento, Navas señala, además, nueve áreas en las cuales, a partir de este momento, se enfocará el Ministerio Público para enfrentar "un tipo de delincuencia que atenta contra los fundamentos democráticos”.

"La corrupción sistemática rebasa la esfera de lo público, se da entre particulares, entre empresas, en transacciones internacionales, con sobornos a funcionarios públicos. El fenómeno es de alta complejidad, con una profesionalización y una división funcional para delinquir.

“Emplea formas para ocultar y encubrir las ganancias y montos sustraídos (...). No se presenta sola; se vincula con otras formas de delincuencia”, explicó la jerarca en la circular.

Criterios de proporcionalidad

Al explicar los nuevos lineamientos para la aplicación de salidas alternas en delitos de corrupción, Navas dijo: “No es que estarán prohibidos, sino que deberá ser racionalizado y debidamente fundamentado su uso, bajo criterios de proporcionalidad.

"Se debe analizar la lesividad de los hechos, la conducta de los sujetos activos (funcionario y posición de poder), daños económicos, sociales, así como los perjuicios, como que una comunidad no tenga una obra o un servicio público”.

En la actualidad, el Código Procesal Penal (CPP) establece la posibilidad de tres opciones como salidas alternas ante un proceso penal. Estos son la suspensión del procedimiento a prueba, la conciliación y la reparación integral del daño. También un acusado puede negociar un procedimiento especial abreviado.

Los imputados que pueden acogerse a la suspensión del proceso a prueba, según el artículo 25 del CPP, son aquellos que infringieron una norma cuya condena no sea ir a prisión. En estos casos, el imputado debe cumplir con un plan para resarcir el perjuicio causado, en un plazo de dos a cinco años.

En cuanto a la reparación integral del daño, el artículo 30 del CPP permite la extinción de la acción penal en caso de delitos contra el patrimonio. Esto, cuando el imputado proponga el pago inmediato del perjuicio hecho y que, además, sea de completa satisfacción para la víctima.

Respecto a la conciliación, está regulada en el artículo 36 del CPP y se permite para aquellos delitos castigados con pena menor a tres años de prisión. El acuerdo que se logre debe cumplirse en un año.

La fiscala también dispuso restricciones para la aceptación de otra salida alterna que es un proceso abreviado, el cual está reglado en los artículos 373, 374 y 375 del CPP. Ahí, como requisitos, se dice que el imputado debe admitir el hecho y que la fiscalía, querellante y actor civil deben aceptar el procedimiento.

El artículo 374 prevé la posibilidad de que se negocie la rebaja de la pena de hasta un tercio, pero la fiscala advirtió de que la reducción de la pena dependerá de las circunstancias propias y únicas de cada caso y “el rebajo puede ser desde un día hasta el tercio completo”.

Independencia de Fapta

Emilia Navas anunció, además, que se le están ampliando funciones a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), que ya no será más un órgano adscrito a la Fiscalía General, sino que se le reconoce como una fiscalía adjunta con rectoría nacional y con independencia funcional.

"Rectoría nacional es que tendrá competencia a nivel nacional y fijará lineamientos sobre cómo se hará el abordaje de los delitos funcionales, de corrupción, todos los aspectos jurídicos, procesales probatorios y buenas prácticas.

“Independencia funcional significa que tiene independencia inclusive frente a la fiscala general, para atender los casos de corrupción y cualquier otro caso que tenga que ver con probidad, transparencia y anticorrupción”, explicó Navas.

En la actualidadm la Fapta está a cargo de Carlos Meléndez Sequeira, un fiscal de larga trayectoria en el Ministerio Público, quien desde 1998 hasta la fecha ha participado en investigaciones y juicios relacionados, sobre todo, con delitos económicos y de corrupción.

En criterio de la fiscala general, la Fapta trabajará con un blindaje para evitar presiones políticas, económicas, sociales y mediáticas que pongan en riesgo la objetividad.

Navas dijo que la Fapta "diseñará sus propias metodologías de trabajo interno y contará con el auxilio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o bien de otras dependencias que puedan generar productos probatorios lícitamente.

“Cada año, al finalizar el mes de febrero, rendirá un informe ejecutivo de resultados de los casos penales que respondieron a las políticas de persecución penal”.

 Carlos Meléndez Sequeira, es el fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Foto de Andrés Arce.
Carlos Meléndez Sequeira, es el fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Foto de Andrés Arce.
Ejes estratégicos

De acuerdo con los lineamientos fijados por la fiscala general de la República, la Fapta tendrá como objetivo la persecución de delitos de corrupción en las siguientes áreas:

Salud pública y medio ambiente: aquellos hechos relacionados con administración ilegal e indebida de las finanzas públicas de la Caja Costarricense de Seguro Social y el proceso de otorgamiento de permisos de viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Ministerio de Educación: específicamente, la administración y supervisión de dineros para inversión en infraestructura, así como de gestión eficiente de las Juntas de Educación y de los jerarcas del MEP.

Telecomunicaciones y energía: el manejo, gestión, contratación y administración de recursos para el desarrollo energético y de telecomunicaciones.

Desarrollo de infraestructura vial: el manejo de contrataciones, licitaciones públicas, internacionales, entre Gobierno, consejo de concesiones y empresa privada.

Cooperativismo: las de autogestión, cogestión, de ahorro y crédito y otras que son de desarrollo socioeconómico.

Política: empezará con el origen de los fondos para el financiamiento de campañas de los partidos políticos, a la recuperación por medio de la deuda política y sus efectos de llegar al poder.

Régimen municipal: versará sobre la correcta administración de los recursos por parte de los concejos municipales, alcaldes, vicealcaldes.

Poder Judicial: delitos funcionales de jueces, fiscales, defensores públicos, agentes del OIJ y administrativos.

Transnacional: cumplir con los compromisos suscritos en las convenciones sobre corrupción en transacciones comerciales internacionales.

Fuente: Circular administrativa 13-ADM- 2019. Fiscalía General de la República.