Escuchar“En uno de esos bares, en San Carlos, llamado Los Acostados, se rifaban a las mujeres entre los consumidores de licor. Si los clientes compraban un par de cervezas, le daban un número para que participaran en una rifa.
“Y el ganador de esa rifa tenía derecho a tener relaciones sexuales con una de las muchachas. Rifaban a las mujeres como si se trataran de animales”.
De esa manera, el fiscal Marco Mora detalló los supuestos abusos que cometió una banda (conformada por una familia) en contra de 15 mujeres en San Carlos de Alajuela.
Las afirmaciones las hizo durante las conclusiones del juicio que se lleva en contra de dos hermanos, de apellidos Rivera Carrión; la hija de uno de ellos y otras dos mujeres, de apellidos Hernández Valle y Hernández González. Ellos fueron detenidos el 4 de noviembre del 2016, luego de que la Policía allanara tres bares que eran manejados por los sospechosos.
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El fiscal Marco Mora presentó sus conclusiones durante este martes. Foto: Carlos Hernández, corresponsal GN (Carlos Hernández)
A los tres primeros se les achaca el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, asociación ilítica y tráfico de migrantes indocumentados. A las otras dos mujeres se les acusa por trata de personas.
Por esos hechos, la Fiscalía pidió 99 años de prisión en contra de los cinco imputados. La sentencia se dictará el próximo jueves a las 2 p. m.
Por su parte, Rafael Echagaray, abogado defensor, pidió la absolutoria de los imputados, pues sostuvo que el Ministerio Público no logró demostrar la comisión de los delitos.
Además de revelar uno de los métodos para prostituir a las mujeres, el fiscal señaló que la banda viajaba principalmente a Nicaragua para reclutar a sus futuras víctimas.
En el país vecino, los malhechores les ofrecían trabajo como saloneras o cocineras. Les aseguraban que recibirían un pago de ¢80.000 por semana, dinero que para ganárselo en Nicaragua debían trabajar dos meses seguidos.
Sin embargo, cuando llegaban a Costa Rica, las condiciones cambiaban drásticamente. “En ningún momento les pagaron nada. Cuando llegaron aquí las despojaron de los documentos de identificación y las privaron de su libertad. Las ofendidas fueron objeto de humillaciones.
“Esas mujeres sufrían porque no podían salir del negocio, tenían que trabajar 13 horas seguidas al día, las insultaban con frases hirientes”, reprochó el fiscal.
Mora ejemplificó lo que decía con el testimonio que dio una mujer, apellidada Calavera, por medio de un anticipo jurisdiccional. “Esa víctima mencionó que, cada vez que la obligaban a tener relaciones sexuales con un cliente, ella sentía ganas de suicidarse”, resaltó.
También recordó el caso de una joven a quien, en apariencia, un sujeto compró en ¢60.000.
“La muchacha se fue con el tipo y después no se volvió a saber nada de ella”, sostuvo.
Con base en todos estos indicios, Mora calificó el caso como muy grave. “No se puede ver como un simple delito; esto es crimen organizado y es un delito internacional, puesto que la mayoría de las víctimas son nicaragüenses”. manifestó.
