Familiares de los oficiales de la Policía de Fronteras, Jonathan Zúñiga Arguedas y Viarney Vásquez Molina, asesinados el 26 de mayo del 2019 a manos de un compañero en el Concho de Pocosol, San Carlos, atribuyeron ese doble crimen a la inoperancia del Estado.
Los padres de una de las víctimas y la esposa e hija del segundo agente asesinado, en una demanda que presentaron este martes en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en Goicoechea, argumentaron que el autor de los homicidios, otro agente de ese cuerpo policial de apellidos Méndez Tenorio, recibió atención psicológica por violencia doméstica dos días antes del hecho y no era una persona apta para el manejo de armas.
En la acción judicial que emprendieron y en la cual buscan que se les reconozcan los daños material y moral que les generó el suceso aseguran: “Durante la investigación realizada por la Fiscalía Adjunta de San Carlos se hicieron varias diligencias de investigación y en el Informe 246-2019-URCH constan las entrevistas a la esposa del occiso (Méndez) (...) donde narra que en el pasado ocurrieron percances familiares que la obligaron a denunciar a su esposo por violencia doméstica.
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“También se reveló en esa investigación penal que Méndez estuvo recibiendo atención psicológica en el Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Seguridad Pública y que su última cita fue el 24 de mayo del 2019, dos días antes de los hechos dañosos.
“El Ministerio (...) mantenía la idoneidad funcional para portar arma de fuego al oficial Méndez aún cuando dicho ministerio ya estaba al tanto de la situación psicológica, que fue agravada por el estado etílico de Méndez, que provocó otro factor de riesgo, que lo inclinó a ejecutar las acciones que acabaron con la vida de Zúñiga Arguedas y Vásquez Molina, así como con su propia vida.
“Esas situaciones pudieron preverse dada la atención psicológica brindada a dicho oficial, días previos a los hechos que desencadenaron sus muertes”.
El abogado Rafael Ángel Rodríguez Salazar, que autenticó el documento de la demanda, dijo que en este caso la Ley General de la Administración Pública es sumamente clara en señalar que el Estado debe ser responsable de sus actuaciones y omisiones cuando estas generen un daño a un administrado.
“Extraña que a pesar de que el señor Méndez Tenorio, tenía problemas de carácter psicológico, que le tenían como una persona con problemas en su estado psíquico y había sido objeto de denuncia de violencia doméstica, se le permitiera, sin ninguna consideración al respecto, cumplir con sus labores y asignándosele armas para su cumplimiento.
“Sin entrar a realizar un análisis exhaustivo de los hechos, se debe indefectiblemente concluir que esta responsabilidad recae en el Estado, por los hechos efectuados por un funcionario público, un Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública”, añadió.
Rodríguez omitió referirse al monto de la demanda, pues aseguró que eso corresponderá a una autoridad judicial definirla; sin embargo, mencionó que la acción trata de recompensar a las familias la pérdida de sus seres queridos.
Breve recuento
El hecho en el cual perdieron la vida los tres oficiales se suscitó el domingo 26 de mayo del 2019 a la 1:22 a. m., cuando se dirigían al puesto de la Fuerza Pública en Crucitas.
Los policías habían salido de ese lugar el sábado a una hora no determinada para ir a dejar a la Fiscalía de San Carlos a unos detenidos por extraer oro de manera ilegal en esa comunidad. De la Fiscalía salieron a las 6:30 p. m., pero reportaron a su base que la diligencia la cumplieron a las 9 p. m.
En la investigación se determinó que estuvieron en un bar en El Concho de Pocosol, del cual salieron poco después de la medianoche; es decir, en los primeros minutos del domingo, en un momento en que en la zona caía un fuerte aguacero.
Se presume que Méndez Tenorio era el conductor, que Zúñiga Arguedas viajaba como acompañante y Vásquez Molina, iba en el asiento trasero.
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Fue a la 1:22 a. m. del domingo que otra patrulla se encontró el vehículo en el cual viajaban los tres efectivos volcado, en una curva de la vía y los tres ocupantes fuera del carro. Uno de ellos, Vásquez, se encontraba con vida, pero murió de camino al hospital.
En una reconstrucción de hechos, los peritos lograron comprobar que Méndez se colocó en la parte alta de la patrulla volcada y desde allí les disparó a los otros dos miembros de la Policía de Fronteras. Impactó dos veces a Jonathan Zúñiga, y una a Viarney Vásquez. Luego, se quitó la vida.
El 4 de junio del 2020, el Juzgado Penal de San Carlos dictó una sentencia de sobreseimiento definitivo, por estos hechos debido a la muerte del sospechoso de los crimen y por tanto se cerró la investigación penal y se archivó el expediente.