Un reclamo de ¢100 millones presentó la familia de una mujer de 19 años quien murió atropellada en La Lima de Cartago, en 2017, cuando caminaba por un lado de la vía rumbo a su trabajo.
La suma corresponde al daño material estimado y se añadiría el cobro por daño moral o sufrimiento causado, el cual sería estimado por los jueces.
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El dato se conoció este lunes luego de la audiencia preliminar realizada en el Juzgado Penal de Cartago, durante la cual la familia rechazó la posibilidad de una conciliación. Una vez que el juez conoció los elementos de prueba, elevó el caso para que se conozca en un juicio.
“La familia determinó que no se quiere someter a ningún acuerdo conciliatorio ni a ninguna medida alterna al proceso, ellos quieren que sea un juez el que determine quién es el responsable, cuál es la pena que se le tiene que imponer al responsable en la parte penal y en la parte civil, igualmente cuál es el daño que se tiene que resarcir, por esto se está pidiendo por daño moral y psicológico para las víctimas, que son sus padres y el cónyuge”, explicó el abogado David Lara Torres.
Nancy Portuguez Guillén murió atropellada la mañana del 7 de junio, cuando se dirigía a la empresa de maquinaria agrícola Macor, donde laboraba. Ella era vecina de Paraíso y tenía dos meses de casada.
Al parecer, cuando caminaba a un lado de la vía fue arrollada por un microbús de transporte de estudiantes, que conducía un hombre de apellidos Aguilar Mora.
Rafael Rodríguez Salazar, suegro de la fallecida y quien presentó la querella en nombre de la familia explicó que el Ministerio Público determinó que efectivamente existía responsabilidad de carácter culposo (falta al deber de cuidado). De ahí que presentara una acusación y solicitar llevar el caso a juicio.
“Los padres han estado bastante afectados, se han mantenido en apoyo psicológico y no superan la pérdida de su única hija (tiene un hermano). En el caso de Rafael (viudo) es una persona joven cuya expectativas estaban encaminadas hacer un proyecto de vida con Nancy”, manifestó.
Mientras la responsabilidad penal se le atribuye a Aguilar, el reclamo económico es solidario al propietario de la empresa de transporte, de apellido Pacheco.
La familia de la mujer también ha urgido por la construcción de aceras en la zona del atropello.
El día del hecho, surgió la versión de que el accidente ocurrió cuando ella intentó cruzar la vía sin usar el puente peatonal, pero, según sus abogados, en la investigación se descartó.