Familia de universitaria muerta en choque rechaza conciliar con chofer ebrio

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La familia de Verónica Guerrero Gamboa, de 17 años, una universitaria que murió el 2 de abril del 2015, cuando el carro en que viajaba fue chocado por un chofer ebrio, rechazó conciliar con el sospechoso de provocar el accidente.

Este elemento trascendió la mañana de este miércoles durante una audiencia preliminar que se efectuó en el Juzgado Penal de Pavas. Al concluir este diligencia se dispuso elevar el caso a juicio, que podría realizarse durante el primer semestre del próximo año.

El mortal choque sucedió el Viernes Santo del 2015 en la ruta 27, un kilómetro antes del peaje de Ciudad Colón, en el sentido Caldera – San José. La víctima viajaba en un vehículo conducido por la periodista Maricruz Leiva, el cual fue impactado por un carro conducido por un hombre de apellido Castro, de 23 años, quien invadió el carril contrario.

La prueba de alcohol que se le practicó a Castro arrojó un valor de 0,54 miligramos de alcohol en sangre, cuando lo máximo permitido para choferes novatos (menos de tres años de tener la licencia que era el caso del imputado) es de 0,25.

En el accidente también resultaron heridas Maricruz Leiva y Samantha Saborío.

El Ministerio Público atribuye a Castro un delito de homicidio culposo y dos delitos de lesiones culposas graves.

Recuento. El abogado Federico Campos Calderón, representante de la familia, dijo que el defensor público del imputado apenas inició la audiencia presentó la posibilidad de un arreglo y que el asunto no fuera a debate.

"Aceptaban una pena de tres años de prisión con el beneficio de la ejecución condicional. Los papás de Verónica se opusieron rotundamente. Fue cuando yo les dije que no", manifestó Campos.

El abogado de la víctima mortal afirmó: "La familia no ha parado de sufrir por la muerte de su hija y ellos esperan que todo el peso de la justicia recaiga sobre el conductor irresponsable que provocó el accidente. Venía manejando a gran velocidad y bajos los efectos del alcohol. Vamos a solicitar la pena máxima que es de ocho años".

Campos estimó que en este caso hay suficientes elementos probatorios para considerar a Castro como responsable de los delitos que se le atribuyen.

En la audiencia también se presentaron como querellante Maricruz Leiva, representada por el abogado Mauricio Brenes, y Samantha Saborío, representada por el abogado Otto Jarquín.