Exadministrador de Escuela Judicial propuso pagar ¢50 millones para evitar juicio por 112 presuntos delitos de peculado

“Se ofrece pagar ¢50 millones a favor de la caja única del Estado o del Poder Judicial, según se prefiera. Este pago se hará en efectivo a más tardar en nueve meses (...). Además, se propone la realización de 300 horas de trabajo comunal a favor de la Municipalidad de Heredia (…)”.

La anterior fue la oferta expuesta por Daniela Salas Peña, defensora pública del exadministrador de la Escuela Judicial, un hombre de apellidos Martínez Oporta.

El planteamiento se hizo con la intención de evitar que el exfuncionario tenga que enfrentar un juicio en el cual, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción lo acusa de 112 aparentes delitos de peculado.

La representante legal señaló además: “Es también importante acotar que, ante una eventual condena de Martínez, la recuperación del monto mencionado no sería posible, pues mi representado no cuenta con bienes a su nombre y su salario es el de la pensión del Poder Judicial, que no resulta suficiente para cubrir los rubros.

“La diferencia con la medida alterna es, que para su negociación, se ha contado con el apoyo familiar, quienes le ayudarán a sufragar los montos propuestos, pero esto no es exigible de otra forma”.

Sin embargo, el 12 de noviembre del 2020, el Consejo Superior del Poder Judicial rechazó el ofrecimiento de conciliación.

Para tomar esa decisión los miembros del órgano administrativo del Poder Judicial se fundamentaron en criterios de la Procuraduría General de la República y de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, los cuales coincidieron en estimar que el imputado debe afrontar una sanción penal, pues tenía la obligación de velar por el correcto uso de los fondos públicos.

Además, señalaron que existe la probabilidad de que un tribunal no avale la conciliación, debido a la cantidad de delitos acusados y la alta pena a la que podría exponerse el imputado.

Tras el fallido intento de conciliación, el Tribunal Penal de Hacienda, con sede en los Tribunal de Goicoechea, dispuso fijar para el 19 y 20 de agosto la realización del debate.

Hace 10 años

Los hechos delictivos que se atribuyen a Martínez sucedieron entre mayo del 2010 y diciembre del 2011, pero no trascendieron a la luz pública, pese a que desde el 2012 arrancaron las investigaciones y el caso fue acusado por la Fiscalía el 18 de octubre del 2013.

De acuerdo con la información que suministró la oficina de prensa del Ministerio Público, durante el lapso antes citado, cuando Martínez Oporta era administrador de la Escuela Judicial, en San Joaquín de Flores, Heredia, se habrían cometido una serie de sustracciones de dineros de la caja chica, la cual estaba bajo la administración del imputado.

Según la acusación fiscal, la acción ilícita presuntamente se cometió mediante la duplicidad de facturas y recibos de proveedores, que luego eran cobrados a la Dirección Ejecutiva para reembolsarlos a la caja chica.

El Poder Judicial estimó el perjuicio económico en ¢34,9 millones, cometido en un periodo de 19 meses. El asunto se tramita en el expediente 12-000110-0621-PE.

Antes de que iniciaran las pesquisas por este caso, Martínez Oporta gestionó la jubilación cuando tenía 55 años, la cual le fue otorgada a partir del 1.° de febrero del 2012. Había trabajado en el Poder Judicial durante 32 años y el monto de la pensión asignada fue de ¢1,8 millones mensual, según consta en actas del Consejo Superior.

El 8 de junio del 2014, tres años después de haberse jubilado, el mismo Consejo Superior conoció una nota del Tribunal de la Inspección Judicial en la cual pide la revocatoria del cargo para Martínez, “por incorrecciones en el ejercicio del cargo”, sin precisarse en qué consistieron los hechos. En este caso al ser el implicado una persona pensionada, no hubo sanción administrativa.

Plan reparador

La defensora Daniela Salas Peña hizo al Poder Judicial el ofrecimiento de llegar a una medida alterna, en octubre del 2019, con la intención de “reparar a la institución el importe económico que se reclama y adicionalmente sumarle rubros por daño social, intereses y costas, de modo que se puedan ahorrar costos y más bien, de manera armoniosa y legítima, obtener una solución conveniente para todas las partes”.

Para tratar de convencer al Poder Judicial con el ofrecimiento del pago de ¢50 millones y de trabajo voluntario de 300 horas en la municipalidad de Heredia, la abogada hizo ver que en caso de una condena, el imputado no tiene bienes, con los cuales pagar la sentencia civil.

Así mismo, expuso: “Adicionalmente debe considerarse el alto costo que tiene para el Estado la realización de un debate y la imposición de una pena, por ejemplo, de prisión o de monitoreo electrónico de seguimiento, que siempre implica un gasto económico muy considerable, que puede evitarse y más bien resarcirse”.

Para rechazar la oferta, el Consejo Superior, entre otros aspectos, tomó en cuenta un criterio de la entonces Procuradora General Adjunta, Magda Inés Rojas Chaves, en un oficio que remitió el 1.° de octubre del 2019.

En esa ocasión señaló que el artículo 36 del Código Procesal Penal establece que uno de los requisitos para una conciliación es que el delito perseguido admita la suspensión condicional de la pena y “en este caso, 112 peculados, no cumplen con el requisito necesario para el otorgamiento”.

Y añadió: “Se trata de 112 peculados ocurridos en un lapso de 19 meses, realizados por un funcionario que tenía el deber de velar por el correcto manejo de los fondos públicos que le habían sido confiados, lo que implica una evidente violación de las normas que regula la Hacienda Pública”.

Debido al fracaso del arreglo, el Tribunal Penal de Hacienda programó el juicio para el 19 y el 20 de agosto del 2021, a partir de las 8:00 a. m.