Un vecino de San Rafael de Heredia dio la alerta de una amenaza de bomba en los tribunales de justicia para evitar que se realizara el remate de una finca de su propiedad.
Se trata de un hombre de apellidos Vargas Luna, de 42 años, quien fue detenido la mañana de este viernes en su casa, en aquel cantón herediano, como resultado de las investigaciones relámpago que realizó el OIJ.
Vargas es el sospechoso de haber realizado una llamado al 9 -1-1 mediante la cual se alertaba de la instalación de un artefacto explosivo en las instalaciones judicial. La situación ameritó la evacuación del personal al tiempo que se iniciaron las pesquisas.
“Iniciamos una investigación en dos vertientes, una para verificar si había un artefacto explosivo, que fue descartado; la segunda para determinar quién hizo la amenaza, eso nos permitió establecer el sitio desde dónde se hizo la llamada y el momento del acto amenazante, y también a la persona que amenaz”, explicó Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Fue así como se descubrió que este hombre se había presentado a las 7:45 a. m. con un documento relacionado con un expediente en materia de cobros, que afecta su propiedad, la cual sería sometida a remate los tribunales civiles de aquella sede judicial.
"Tenía algún algún interés para que no se ejecutara el remate de la finca, lo hizo para obtener una ventaja indebida. El OIJ logró establecer quién la hizo, logró determinar que se hizo desde San Rafael de Heredia, el móvil que fue el ánimo de que no se relizara el remate, y logró la detención de la persona en su casa de habitación ", afirmó.
Según Espinoza, está pendiente la ejecución de un allanamiento para establecer si Vargas posee algún artefacto explosivo o arma de fuego.
El Juzgado responsable del remate confirmó por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial, que la diligencia estaba prevista para las 8:15 a. m. y fue posible realizarlaantes de que evacuaron los tribunales.
Se trató de un caso del Banco Popular contra varios deudores.
En horas de la tarde, la oficina de prensa del Ministerio Público informó de que la Fiscalía Adjunta de Heredia abrió el expediente 19-002790-059-PE, mediante el cual se le sigue causa judicial a Vargas por le presunto delito de intimidación pública.
El sospechoso permanecía detenido a la espera que de que se le tomara la declaración indagatoria para, posteriormente, definir la posibilidad de solicitar medidas cautelares.
De acuerdo con el artículo 282 del Código Penal incurre en ese delito quien “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere gritos de alarma, provocare estruendos o amenazare con un desastre de peligro común”.
La acción se castiga con cárcel de seis meses a cuatro años, siempre y cuando no se produzca un daño grave o muerte de alguna persona.