Proceso se planteó hace 12 años y todavía espera el dictado de sentencia Grupo vendió fincas donadas por la CNFL y el municipio de Santa Ana

Por: Carlos Arguedas C. 22 diciembre, 2015

El Estado reclama ¢687 millones, más los intereses, a la Fundación Consejo de la Tierra, dos de cuyos miembros no registran movimientos migratorios desde el 2005 en el país y otro falleció en noviembre pasado.

El cobro nació porque el grupo vendió a una sociedad anónima (creada por los mismos socios de la fundación) dos fincas donadas que pertenecían a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Municipalidad de Santa Ana.

Esas propiedades, ubicadas en Pozos de Santa Ana, las unificaron con otra que también donó Evangelina Aguiluz Castro, y, posteriormente, la traspasaron a una sociedad.

En la página en Internet del Registro Nacional se detalla que esa finca, que ahora mide 87.000 m² , fue inscrita a nombre de la sociedad el pasado 9 de diciembre, con un valor de ¢842 millones.

La Procuraduría General de la República informó de que el cobro se tramita en un proceso ejecutivo simple, en el expediente número 03-17827-170-CA, el cual se encuentra solo pendiente del dictado de la sentencia.

Por este caso, el Ministerio Público abrió un proceso por el delito de estafa, el cual se cursó en el expediente 02-1656-647-PE, pero el 17 de octubre del 2013 se solicitó desestimación al Juzgado Penal de Hacienda. No fue posible conocer las razones de esa gestión fiscal. La oficina de prensa del Ministerio Público informó de que el expediente fue archivado por disposición del Juzgado Penal de Hacienda.

Terreno que generó pugna legal
Terreno que generó pugna legal

Historia. Este asunto comenzó hace dos décadas, cuando en la Cumbre de Río (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992) se escogió a Costa Rica para ubicar la sede del organismo, que se encargaría de velar por el ambiente, entre otras muchas funciones.

En aquel momento se creó en nuestro país la Fundación Consejo de la Tierra, que tenía las oficinas en el edificio central del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Entre las facultades de la Fundación estaba recibir donaciones estatales, dos de las cuales fueron las fincas de la CNFL y de la Municipalidad de Santa Ana.

Como representantes del Consejo de la Tierra figuraron en diferente momento Panchapakesan Krishnamurthy, Franz van Haren y Maurice Strong, según consta en la sentencia 1799-2013, del Juzgado Contencioso- Administrativo y Civil de Hacienda.

Los dos primeros salieron del país en el 2005, según Migración y Extranjería, y Strong falleció el 28 de noviembre en Canadá.

En un dictamen emitido en noviembre del 2002 por la Contraloría General de la República consta que el 3 de marzo del 2000, Krishnamurthy constituyó aquí una sociedad anónima llamada Gaia Tierra de Paz en Santa Ana, S. A., la cual el 7 de agosto de ese mismo año compró las tierras donadas a la Fundación y en mayo del 2001 las vendió a una sociedad.

En el documento del ente contralor se declaró la Fundación responsable civil de desviar el destino legal de los inmuebles donados y fue por eso que se abrió el proceso civil de cobro, que está pendiente de la sentencia.

La Fundación no aceptó la demanda civil, razón por la cual pidió,, en el 2003, que se anulara el dictamen de la Contraloría. Esa contrademanda fue rechazada en setiembre del 2013 (sentencia 1799-2013), lo cual permitió reanudar la gestión de cobro.

Para tratar de resarcir el dinero, la Contraloría gestionó el embargo de bienes de la Fundación, pero el 19 de noviembre del 2003, antes de que se decretara cualquier retención, la Fundación cerró las oficinas en Costa Rica.