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Jairo Hernandez anunció en abril del 2015 que demandaría al Estado. En aquella ocasión lo acompañó el abogado Juan Diego Castro. Foto archivo de Adrián Soto. (Adrian Soto)
El Estado fue condenado a pagar ¢15 millones a un peón de construcción por mandarlo a prisión durante 13 meses siendo inocente.
La sanción económica la impuso desde el 22 de agosto del 2018 el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, pero fue hasta el pasado 20 de mayo que el Consejo Superior del Poder Judicial, ordenó el respectivo pago del dinero luego de que la resolución adquirió firmeza.
“Se ordena al Departamento Financiero Contable proceder con el pago a favor del señor Jairo Fernández Gómez, correspondiente a ¢ 15 millones por concepto de daño moral subjetivo, más ambas costas de ejecución e intereses legales a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago”, reseña el acuerdo del pasado 20 de mayo.
En esa misma sesión, los miembros del Consejo Superior enviaron el caso para estudio al Tribunal de la Inspección Judicial con la finalidad de verificar sí ameritaba alguna investigación interna. Sin embargo, el 31 de mayo anterior la Inspección Judicial informó de que se desestimó cualquier procedimiento disciplinario. En la resolución no se indican las razones.
Antecedentes
Este caso había sido divulgado por La Nación el 7 de abril del 2015, cuando el afectado, Jairo Fernández Gómez, narró el sufrimiento y las agresiones de las que fue víctima cuando lo condenaron a 25 años de prisión por la violación de una menor, siendo inocente.
El caso comenzó cuando la menor viajaba en bicicleta por unos bananales de Cuba Creek, en Matina, Limón, en abril del 2011 y fue sorprendida por un sujeto con un arma de fuego, que luego de amenazarla, la violó dos veces y le robó un anillo.
Los familiares de la ofendida buscaron al sospechoso y en una ocasión, la menor dijo que un hombre que caminaba por la vía pública se le parecía al agresor, por lo cual la Policía, el 14 de mayo del 2011, detuvo a Fernández y la Fiscalía lo acusó de violación.
Inicialmente, el imputado estuvo seis meses en prisión preventiva. Luego lo dejaron libre con otras medidas y lo volvieron a detener el 10 de julio del 2014.
El Tribunal de Juicio de Limón, integrado por los jueces Freddy Quesada Román, Mauricio Perlaza Rojas y Rose Mary Araya Solano, lo condenó, el 1.° de octubre del 2014, a descontar 25 años de prisión. La pena se fundamentó en el testimonio de la adolescente, quien cursaba el sexto grado en el momento en que se dieron los hechos.
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Esa sentencia se dictó pese a que desde el 13 de octubre del 2011, la Sección de Bioquímica Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entregó un dictamen en el cual se detallaba que la prueba de los marcadores genéticos (ADN) tomados del semen encontrado a la víctima no coincidían con los de Fernández.
El OIJ en un nuevo informe que emitió el 26 de febrero del 2015, señaló que el semen hallado en la adolescente correspondía a José Luis Calderón Sánchez, otro hombre que había sido condenado a 285 años de cárcel por otras 11 violaciones. A esa conclusión llegaron los analistas forenses luego de que Policía Judicial puso a funcionar el sistema CODIS (base de datos de perfiles genéticos que permite buscar coincidencias).
El abogado Eduardo Barboza Orias, en representación de Jairo Fernández, y con base en ese nuevo informe apeló la condena y el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, el 25 de marzo del 2015, aceptó el recurso y absolvió por certeza a Jairo Fernández.
El afectado en este caso en declaraciones que brindó en una conferencia de prensa en abril del 2015 dijo: “Yo soy una persona inocente, desde un principio así me declaré. Eso me afectó demasiado, y a mi familia, psicológica y físicamente los afectó demasiado. He sufrido mucho. Se siente muy feo estar preso.
“En San Sebastián recibí una vapuleada muy grande, nunca en la vida la había recibido. Me agarraron en un cuarto, me pegaron una vapuleada, yo salí inconsciente. Yo no recuerdo ni cuándo me sacaron. Ese fue el primer día. Después, me pusieron en otro lado y tenía problemas con otras personas, que son más fuertes que nosotros, me decían que era un violador y me ponían apodos.
“Un error lo comete cualquiera, pero no comprendo cómo me condenaron siendo ellos (los jueces) tan preparados. Desde un principio vivía con la frente en alto, pero muchas veces, en prisión, pensaba cortarme la yugular. Yo llamaba a mi mamá y ella me decía que demostrara que yo era inocente y de ahí tomaba valor para cargar con esta cruz”.