El hermano y la esposa del convicto Edwin Alexis Tencio Rodríguez descontarán tres meses de prisión preventiva como sospechosos de integrar una banda vinculada a estafas de ¢500 millones.

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Ellos y otros dos sujetos actuaban, al parecer, bajo el liderazgo de Tencio Rodríguez quien está preso en la cárcel La Reforma, en Alajuela.

Desde su celda, él organizó la actividad criminal gracias a que supuestamente contaba con la ayuda del director de ese centro penal, la directora del módulo, así como de un policía penitenciario.

El hermano de Tencio tiene sus mismos apellidos y la mujer se apellida Alvarado Cruz.

La decisión de enviar a ambos a prisión preventiva fue tomada el viernes por la noche, pero la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen la dio a conocer este lunes.

Otros dos individuos apellidados Tencio Villegas y Palacios Umaña también deberán descontar ese mismo tiempo en prisión, confirmó el Ministerio Público.

El ente acusador comunicó que también se dictaron medidas cautelares contra otros tres supuestos miembros de este grupo criminal.

A dos individuos, de apellidos Delgado Ruiz y Solís Dávila, se les impuso la obligación de firmar cada 15 días, no visitar centros penales, impedimento de salida del país, mantener domicilio fijo y no tener comunicación con los otros imputados.

Mientras que para un policía penitenciario, apellidado Irigoyen Cruz, se ordenó mantener domicilio fijo, impedimento de salida del país y reubicación en un puesto que no sea laborable dentro de una prisión.

Para el resto de detenidos (siete), la Fiscalía no solicitó medidas cautelares, ya que, según su criterio, cuentan con los arraigos procesales establecidos por la ley.

Se trata de Rodríguez Pérez, Cascante Ugalde (mujer), Méndez Salas, Picado Mesén, Rodríguez Jaime (mujer), Rodríguez Barquero (mujer) y Barquero Gamboa.

No obstante, pese a que están libres, siguen sujetos al proceso penal y, en cualquier momento, el Ministerio Público podría pedir que cambien sus condiciones.

Por último, la Fiscalía aclaró que, debido a que el líder descuenta una condena de 43 años de prisión por homicidio calificado, homicidio simple y hurto, no fue necesario solicitarle alguna medida cautelar.

Supuestos tentáculos en la Administración

En esta causa, tramitada bajo el expediente 19-017027-0042-PE, también se investiga tanto al director de La Reforma, como a la directora del módulo D, apellidados Pérez Montero y Bocam Mora, respectivamente.

Ninguno de ellos fue detenido, pero sí están ligados al proceso penal para determinar si tienen responsabilidad, ya que, según la Policía, ambos facilitaban a Tencio Rodríguez las comodidades necesarias para que pudiera delinquir de forma tranquila.

Entre las ayudas que le daban, Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mencionó que estaba la autorización a cualquier cambio de módulo.

Sin embargo, será la investigación la que determine si efectivamente los tentáculos de esta banda llegaron hasta la administración penitenciaria.

En forma paralela, el Ministerio de Justicia dijo haber enviado a ambos funcionarios a vacaciones forzadas mientras se realiza una investigación interna.

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Su separación fue ordenada por la titular de Justicia, Fiorella Salazar, quien instruyó a la Dirección General de Adaptación Social y a la Dirección General de la Policía Penitenciaria “que se proceda a iniciar investigaciones preliminares en razón de los eventos informados por la prensa y los allanamientos”, reza el comunicado de prensa enviado por el Ministerio.

Modo de operar

Pese a que no trascendió desde hace cuánto operaba la organización liderada por Tencio Rodríguez las autoridades estimaron el perjuicio económico en ¢500 millones.

Según indicó el OIJ, los miembros de esta banda, quienes en su mayoría son familia del líder, estudiaban todo sobre sus víctimas para, cuando se hiciera el contacto, poder generar empatía con ellos y así hacerlos caer en el engaño.

Una vez que obtenían el dinero, lo trasladaban a cuentas destino, las cuales pertenencían a terceras personas que, según la investigación, conocían de la ilicitud del movimiento.

Luego, una parte de ese efectivo lo intentaban legitimar al comprar bienes muebles e inmuebles, los cuales ponían a nombre de sociedades anónimas o bien de otros familiares del cabecilla.

Para ello, contaban con la supuesta ayuda de un notario, cuya oficina quedaba en Grecia, Alajuela.

Entre lo adquirido por la organización criminal destacan joyas, 180 cabezas de ganado (valoradas en ¢50 millones) y dos vehículos lujosos.

También compraron una gran finca en Katira de Guatuso, en la cual supuestamente iba a vivir el líder, una vez que saliera de prisión, dijo el OIJ.

La otra parte de ese dinero la mantenían oculta en distintas propiedades.