La explotación sexual de personas con fines comerciales va en aumento y es la forma más usual en que el delito de trata de personas se manifiesta en Costa Rica.

Entre el 2010 y el 2018 se registraron 211 casos, es decir, más de 26 por año o uno cada 15 días. La mayoría de víctimas son mujeres, nacionales o extranjeras, que por su nivel de educación, pobreza y vulnerabilidad son atraídas por falsas ofertas de modelaje, casting y otros anzuelos.

Así lo confirmó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, durante el acto inaugural del congreso internacional sobre trata de personas que reunió a expertos y miembros de cuerpos policiales de varios países de la región este lunes y martes en San José.

El desconocimiento y la falta de dinero son aprovechados por grupos de mafiosos que reclutan a personas de regiones económicamente deprimidas, así como de la capital, para sumirlas en este ambiente que constituye una nueva forma de esclavitud, dijo el jefe policial.

Además de la prostitución, en el país muchas personas son sometidas a trabajos forzados o a mendigar por parte de organizaciones criminales que les privan de su libertad. En el país, incluso, hay un caso de trata para extracción de órganos.

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La angustia, las amenazas de muerte para ellos o sus familias y el hecho de que las personas se ven obligadas a delinquir en varios ámbitos hace que muchos afectados no denuncien y queden sometidos ante las organizaciones o personas que los reclutan, señaló el policía.

El año pasado el OIJ desarticuló una red que involucraba a fotógrafos, la cual fue acusada de producir pornografía infantil con al menos 26 víctimas con edades entre los 11 y 17 años. El caso está en espera de juicio.

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Las zonas costeras, las regiones fronterizas y el mismo centro de San José son las que más problemas de este tipo presentan.

“Hay más salas de masajes, hay más actividad de prostitución, hay focos y casas ya conocidas por la población costarricense donde se venden servicios sexuales y muchas de las jóvenes y los jóvenes que están ahí son obligados a ejecutar esa actividad. Ellos no quieren participar pero tienen una deuda o una amenaza que los obliga a intervenir bajo pena de muerte”", expresó Espinoza.

A nivel mundial se estima que por año hay 21 millones de personas sometidas por redes de tratantes de personas, el 70% son mujeres y se calcula que eso genera $150.000 millones por año.

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Por catálogo virtual y a la carta

Las nuevas tecnologías permiten ofrecer personas de diferentes edades mediante un catálogo virtual, como ocurrió en un caso descubierto en Alajuela, donde se detuvo a una proxeneta.

Una vez que el cliente escogía, la mujer se encargaba del traslado al lugar donde iba a ser explotada sexualmente la víctima.

El jefe de la Unidad de Trata del OIJ, Freddy Chacón Morales, dijo que ya ese caso llegó a juicio y hace 22 días la imputada fue condenada a tres años y cuatro meses de prisión.

La responsable se promocionaba en una página denominada Evisex y ahí era contactada por Whats App. Mediante esa vía enviaba el catálogo para que el cliente escogiera. Cobraba ¢60.000, de los cuales ¢20.000 eran para la víctima y el resto para su gestora.

Además de nacionales, en las redes de prostitución y pornografía infantil también hay gran cantidad de extranjeros, la mayoría mujeres jóvenes que provienen de países con problemas socioeconómicos que les obligan a buscar empleo para sobrevivir en otras latitudes.

El OIJ mantiene una relación directa con la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (Conatt) para combatir este flagelo que es el segundo más rentable después del narcotráfico en el ámbito mundial.

“Muchas personas que ingresan a América del sur e inicial su caminar hacia Estados Unidos o Canadá y en ese camino requieren dinero. Esas personas son captadas por organizaciones criminales que les prometen algún tipo de ganancia o de ventaja y las someten a explotación sexual o las ponen a trabajar de manera forzada”, dijo Espinoza.

Agregó que muchas víctimas acuden al OIJ que les ayuda a escapar de esas redes aunque las personas no se sometan al proceso judicial, debido al temor que experimentan. Pese a ello, el OIJ ve esos rescates como satisfactorios.

Para Eugenia Salazar, fiscal adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, no es lo mismo hablar de proxenetismo que de trata de personas, pero hay un tamiz muy fino entre ambos porque muchas veces las personas sometidas extranjeras y nacionales lo hacen bajo presión y contra su voluntad.