Empresario irá 15 años a prisión por fraude tributario

Verdesia, quien es el representante de la empresa Formularios Standard Costa Rica, es el responsable de tres delitos de inducción a error a la administración tributaria, según precisa un comunicado de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual.

Mediante su investigación, el Ministerio Público demostró que el empresario "procuró el ocultamiento y omisión de ingresos gravables en los períodos fiscales 2002, 2003 y 2004, actos que se realizaron a través de maniobras fraudulentas".

"Esto permitió al imputado disminuir la base gravable sobre la cual se determinaba el impuesto a las utilidades (impuesto sobre la renta), que la compañía debía pagar al fisco costarricense. Estos actos fueron establecidos en una fiscalización realizada por la Oficina de Grandes Contribuyentes de la Dirección General de Tributación", agrega la Fiscalía.

En la sentencia, dictada el pasado 19 de febrero, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión por cada uno de los delitos cometidos por el imputado.

Además, se declaró parcialmente con lugar una acción civil resarcitoria planteada por la Procuraduría General de la República, por lo que Verdesia y la compañía deberán pagar ¢157,8 millones por daño material.

Al desglosar la cifra, se trata de ¢43,2 millones por impuesto de renta dejado de percibir en el periodo fiscal 2002; ¢54,3 millones por el periodo fiscal 2003 y ¢60,3 millones por el mismo concepto, durante el periodo fiscal 2004.

El Tribunal también impuso al acusado la medida cautelar de impedimento de salida del país por el plazo de seis meses, hasta que la sentencia quede en firme.

Manuel Roberto Verdesia figuró en el pasado como presidente de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), puesto que dejó en febrero del 2015. También fue presidente interino del Comité Olímpico entre junio y setiembre del 2008.

Caso similar. Según el Ministerio Público, en setiembre del año pasado otros seis imputados fueron sentenciados a 10 años de cárcel por dos delitos de inducción a error a la administración pública, uno por el período fiscal 2001 y otro por el año 2002.

"En esa causa, la Fiscalía acreditó que los imputados constituyeron 52 sociedades anónimas distribuidas en todo el país, disfrazando un conglomerado empresarial del cual formaban parte para hacerlo pasar ante la Administración Tributaria como si se tratara de empresas individuales, cuando en realidad componían una sola cadena comercial.

"Las sociedades, por tanto, no desarrollaban una actividad económica independiente y las diversas tiendas no contaban con cuentas bancarias, pues se remitía sus ingresos a las cuentas personales de los imputados. Además de la pena de prisión, se les condenó al pago de ¢427,4 millones por daño material".