Participar en una reunión del Comité de Estudio y Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente Agredido (Ceinnaa), así como tener acceso al dato de casos de violencia en contra esa población hizo que, a mediados del 2019, la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, analizara el abordaje realizado por el Ministerio Público ante esos hechos.

El estudio la hizo concluir que el tratamiento no era el adecuado, por lo que acudió a los magistrados de la Corte Plena, con estadísticas en mano, para exponer la necesidad de crear la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes.

La jerarca mostró datos que señalan que en el 2014 se registraban 666 casos de violencia contra menores y que para el 2019 la estadística se había triplicado, ya que se contabilizaban 1.853 denuncias.

Con ese panorama, los altos jueces aprobaron, de manera unánime, la iniciativa, por lo que a partir del próximo lunes 18 de mayo comenzará a operar ese despacho judicial.

En total, tres fiscalas y dos técnicos se encargarán de atender los principales delitos cometidos en contra de menores de edad, así como de asesorar a otros compañeros para buscar erradicar la violencia que sufren.

Navas conversó con La Nación y expuso parte de los objetivos y métodos de trabajo de esta nueva fiscalía especializada.

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– ¿Qué espera con la creación de esta nueva fiscalía?

– Nuestro interés es que no haya más víctimas y que si podemos extraer del círculo de violencia a los niños, las niñas y las personas adolescentes que están siendo lastimadas, colaborar. Independientemente de que nosotros entremos una vez que el delito se haya cometido y nos pongan la denuncia.

“Aquí el interés es no más víctimas, aunque nosotros entremos una vez que el delito se haya cometido y nos pongan la denuncia. Si el Ministerio Público es riguroso y estricto en estas investigaciones y podemos colaborar advirtiéndole a la población que no se va a tolerar violencia en contra de este grupo de la población, ya para nosotros es un éxito.

“Ayer (martes) conversaba con doña Rocío De la O, fiscala adjunta de Alajuela, y le decía que el éxito de la fiscalía sería que pronto tuviéramos que cerrarla, porque lo ideal sería que esta fiscalía no existiera o que pronto fuera cerrada, porque eso significa que no hay más niños, niñas y adolescentes agredidos”.

– ¿Cómo puede lograrse eso?

– Las fiscalas que voy a nombrar son altamente calificadas, pero además muy sensibles para este tipo de hechos. Ya el lunes 18 de mayo empiezan a trabajar en guías para asegurarnos que cualquier fiscal o fiscala que aborde, tramite y resuelva los casos lo haga bien y de manera adecuada. Además, que sepa cuáles medidas cautelares, típicas, atípicas o de cualquier tipo tiene que realizar para asegurar de poder sacar a la víctima del entorno en el que está siendo lastimado.

– ¿Qué es tramitar un caso de manera adecuada?

– Es que a partir de su experiencia los funcionarios sean valientes, acuciosos, que sepan cuál prueba es pertinente y útil en la investigación para determinar si el hecho se cometió y quién es la persona responsable.

“En este caso, además, deben tener sensibilidad para atender casos con menores de edad y una fortaleza impresionante porque cuando uno conoce y revisa expedientes y ve los niveles de violencia que están sufriendo, se requiere de ecuanimidad y serenidad para tomar decisiones rápido, de manera valiente y atinada.

– ¿Cuándo podrían estar las guías?

– Lo ideal es que estén antes de final de año, pero esto va a ir de la mano con el abordaje de las denuncias nuevas, con la revisión de los casos que ya hay, con la revisión de los casos que ya estén acusados e inclusive revisar asuntos que pudieron haber sido desestimados y que pueden abrirse de nuevo las investigaciones porque faltaron diligencias importantes que hacer. Van a ser muchas tareas las que van a tener al mismo tiempo.

– Con tan solo cinco personas, ¿cuál será la forma de trabajar para cumplir los objetivos?

– Actualmente, hay 600 expedientes activos, pero la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes no los van a atender todos, sino que también fungirán como rectores.

“Vamos a trabajar en una Política de Persecución Penal, donde decidimos y establecemos que la violencia en contra de los menores es una prioridad. En una circular daré los lineamientos de cómo se van a atender los casos.

“Luego, mis compañeras, que son mujeres, van a trabajar en guías, protocolos, memorandos en donde se va a establecer cómo, desde que tenemos conocimiento del presunto hecho de violencia en contra de esta población, deben atenderse los asuntos y cuáles son las medidas urgentes a tomar.

“Además, vamos a trabajar en una campaña de sensibilización para la población, porque definitivamente después de revisar todos estos expedientes nos dimos cuenta que había personas ajenas a los núcleos de familia que sabían que había niños que estaban siendo agredidos y nunca denunciaron.

“También vamos a formar parte de todas las comisiones interinstitucionales que haya, porque definitivamente cada caso hay que abordarlo de manera conjunta con todas las instituciones que tienen que trabajar por el bienestar de los adolescentes, los niños y las niñas”.

– ¿Esta fiscalía va a atender solo casos de San José o, dependiendo de la gravedad, casos de otros lugares?

– La fiscalía va a estar asentada en San José, pero su posibilidad de acción es en todo el país. Van a asumir casos dependiendo de las características de estos, mientras que aquellos que se vayan a tramitar en las fiscalías territoriales habrá un seguimiento, asesoramiento y acompañamiento. Lo que queremos es una Fiscalía rectora, pero además muy rigurosa y muy estricta para que las investigaciones se hagan correctamente.

– ¿Solo delitos sexuales estarán excluidos de las competencias de esta fiscalía?

– Exactamente, porque ya hay una especializada, que es la Fiscalía de Género que atiende este tipo delitos en perjuicio de cualquier víctima. Ya sea menor o mayor de edad, hombres o mujeres.

– ¿Qué pasará con lesiones u homicidios culposos?

– Tenemos claro que en estos hechos no hay voluntad de parte de la familia o las personas allegadas de cometerlos, pero sí hay niveles de negligencia y de descuido impresionantes.

“Es impresionante que muchos de los niños y las niñas que llegan al Hospital de Nacional de Niños es por lesiones producto de falta de cuidado y yo creo que eso también hay que analizarlo a ver si colaboramos en un trabajo preventivo, porque lo que el Ministerio Público quiere es que no haya víctimas y si haciendo bien nuestro trabajo colaboramos con la parte preventiva, entonces ese es el mayor aporte que podamos dar”.

– ¿La fiscalía se va a encargar de atender casos como los que hubo el año pasado en Alajuela, donde, al parecer, hubo algún fallo de funcionarios estatales en el abordaje de los casos?

– Claro que sí. Los casos de Alajuela son dos de los que sí van a asumir por completo las compañeras fiscalas que van a iniciar en este grupo. Precisamente, la fiscala adjunta de Alajuela, Rocío De la O, quien es una extraordinaria funcionaria, cuenta con el perfil adecuado para trabajar estos casos y es la que va a dirigir este grupo de trabajo.

– En algunas ocasiones, los menores denuncian a sus padres cuando les ponen un castigo, ¿cómo se van a discriminar los casos?

– Cada caso se analiza en forma particular y todos los profesionales que intervienen en estos equipos interdisciplinarios tienen la capacidad de detectar si el niño, la niña o el adolescente está diciendo la verdad o no. Lo que importa es poder detectar cuando sí hay violencia, para sacar de ese entorno a los menores.

– ¿Cómo van a manejar el tema de las denuncias, tomando en cuenta que en muchos casos los niños pueden ser muy pequeños?

– En este momento ya existe una atención interdisciplinaria cuando se va a recibir las denuncias de las víctimas, pero lo importante aquí es la reacción inmediata y la posibilidad y la capacidad de trabajar en equipo y de tomar decisiones.

– ¿Cuán importante será el trabajo con otras instituciones?

– Cada institución tiene su tarea para sacar a esta población de esos ciclos de violencia y ayudarlos a reponerse de los traumas físicos y las lesiones psicológicas que tienen.

“Lógicamente hay violencia que sucede en los núcleos de familia por problemas de todo tipo, pero esto no tiene justificación y no se puede tolerar. Si dentro de nuestra tarea, a la hora de investigar, determinamos que hay problemas sociales que no están siendo resueltos por instituciones públicas que tienen la tarea de atender esas situaciones en el país, lo vamos a evidenciar para ayudar. No es solo atender el caso y llevarlo a juicio o resolverlo de la manera que corresponda, sino para hacer un llamado a la institución que le corresponde resolver ese problema social para que lo resuelva, porque el país necesita instituciones eficientes que hagan su trabajo y si nosotros tenemos que evidenciar que no lo están haciendo, lo vamos a hacer y vamos a intervenir”.

Iniciativa vista con buenos ojos

El anuncio de la Fiscalía General generó buenas impresiones en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Defensoría de los Habitantes.

Gladys Jiménez Arias, presidenta del PANI, dijo que toman con gran satisfacción el anuncio, ya que considera que se materializará la Política de Persecución Penal.

“Las últimas estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reporta que el 46% de este grupo etario de entre 2 y 14 años, han experimentado algún grado de maltrato físico o psicológico por parte de progenitores o de cuidadores. Por lo cual vemos tan importante que exista una fiscalía que atienda este tipo de delitos”, mencionó Jiménez.

Agregó que suelen estar en contacto con la institución, para abordar casos en conjunto cuando sea necesario.

Por su parte, la Defensoría consideró que “la iniciativa del Ministerio Público se considera pertinente, oportuna y necesaria, en tanto viene a reforzar las capacidades protectoras del Estado”.

Destacaron, que a la vez “es congruente con reiteradas recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño en las que se insta a nuestro país a reforzar los vínculos y la colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en la observancia de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como a establecer estrategias y acciones concretas para detectar e investigar los casos de violencia en contra de esta población y enjuiciar y castigar a los responsables, cuando corresponda”.