Carlos Láscarez S., Carlos Arguedas C.. 22 noviembre, 2018

Los cinco empleados de la sociedad chino-costarricense Soresco que fueron detenidos como sospechosos de una posible administración fraudulenta y sustracción de $70 millones para construir una nueva refinadora en Moín, Limón, quedaron en libertad la noche de este miércoles.

La audiencia de medidas cautelares inició a la 1:30 p. m. y terminó a las 6:30 p. m. La diligencia se realizó en el Juzgado Penal de Hacienda, en los Tribunales de Goicoechea, San José.

Los beneficiados con la medida son cinco hombres de apellidos Trejos Gómez, Naranjo Sánchez, Edward Early, Ulate Padget y Xu, este último de nacionalidad china.

La fiscala general Emilia Navas manifestó que supuestamente los $100 millones aportados por Recope y la Corporación Nacional Petrolera de China (CNPC) para crear la empresa Soresco, no fueron utilizados para los fines planteados inicialmente. Foto: Albert Marín.
La fiscala general Emilia Navas manifestó que supuestamente los $100 millones aportados por Recope y la Corporación Nacional Petrolera de China (CNPC) para crear la empresa Soresco, no fueron utilizados para los fines planteados inicialmente. Foto: Albert Marín.

El arresto se dio el martes en la mañana fuera de sus viviendas ubicadas en Escazú, Barva de Heredia, Curridabat y Montes de Oca, respectivamente, mientras que Xu en Lindora, Santa Ana.

Otros cuatro implicados, cuyas identidades no fueron suministradas, fueron buscados en sus casas, pero no se les pudo encontrar. Se trata de dos personas de nacionalidad costarricense y dos chinos.

Petición y rechazo

Al iniciar la audiencia, el Ministerio Público había solicitado contra los detenidos seis meses de prisión preventiva y de que en caso de quedar en libertad se les impusiera fianza de $500.000 a cada uno de los imputados.

Empero, el juez Giancarlo Sandí dispuso dejarlos en libertad sin emitir una fianza pero ordenó un impedimento de salida del país, firmar cada 15 días en un despacho judicial, entregar sus pasaportes y mantener domicilio fijo.

Durante la audiencia el representante del Ministerio Público, Glen Calvo Céspedes, apeló la decisión de no imponer fianza, por lo que este tema será conocido por el Tribunal Penal de Hacienda en una audiencia que todavía no tiene fecha para realizarse.

Los imputados estuvieron representados por los defensores privados Francisco Dall’Anese Ruiz, Guillermo Hernández Ramírez y una defensora pública cuyo nombre no fue posible conocer.

La oficina de prensa del Ministerio Público en un comunicado dado a conocer la manaña de este jueves informó de que aunque el Juzgado Penal de Hacienda no acogió la petición de la Fiscalía, “sí señaló la probabilidad suficiente de la actuación de los imputados, de la participación en un delito y del latente peligro de fuga que existe”.

El martes anterior, Emilia Navas, fiscala general de la República, había manifestado que “este caso se trata de una posible administración fraudulenta y sustracción de fondos de Recope a la hora de crear una empresa con China”.

“El levantamiento del secreto bancario fue la prueba clave para que avanzara la causa penal por las supuestas irregularidades en el proyecto de la fallida refinería con China”, expresó Navas.

Según Navas, supuestamente, los $100 millones aportados por la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) y la Corporación Nacional Petrolera de China (CNPC), en partes iguales, cada uno, para crear la empresa Soresco, no fueron utilizados para los fines planteados inicialmente. Esa firma se encargaría de construir y operar la refinería.

Para la Fiscalía, la cifra sustraída es de $70 millones, que fue el dinero gastado del capital aportado por las firmas socias.

El dinero se gastó en “en viajes, no solo de trabajo sin de placer, capacitación, alojamiento, uso de vehículos sin justificación, también en gastos de obtención de pasaportes y gastos varios que pagaban con dinero del Estado", indicó Navas.

Soresco fue creada en el 2009, durante la administración de Óscar Arias Sánchez. Sin embargo, el proyecto de la refinería quedó frenado en el 2013, con la advertencia de la Contraloría General de la República de que el estudio de factibilidad había sido realizado por una empresa vinculada a la socia china.

Desde entonces, el plan quedó varado, pero continuaron los gastos en Soresco, debido al pago de salarios e instalaciones. Aunque Recope trató de frenar las erogaciones, su intento no prosperó.