Dos reclusas que recién ingresaron a la cárcel Vilma Curling, en Desamparados, fueron aisladas del resto como una medida de prevención debido a que ellas provienen de países europeos con nuevo coronavirus.

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó la disposición después que se le consultara por el caso específico.

Indicó que ingresaron al sistema penitenciario “días atrás” y que, hasta el momento, no han presentado síntoma alguno.

Agregó: “Están próximas a cumplir con sus periodos de aislamiento”. Sin embargo, no detalló desde hace cuánto tiempo están separadas.

Hasta este momento, no existe ni un solo caso sospechoso ni confirmado de coronavirus dentro del sistema penitenciario, según Justicia.

Esto, pese a que al corte del 6 de abril, se reportaban 467 enfermos por este coronavirus en Costa Rica.

Sin síntomas

Por su parte, ante una consulta de este medio, Justicia contó que los cuatro oficiales penitenciarios y dos reos que había sido aislados en la cárcel Antonio Bastida de Paz, en Pérez Zeledón, ya terminaron su periodo de aislamiento, sin presentar ningún tipo de síntoma.

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Detalló que ya los oficiales se reincorporaron a su trabajo.

Ellos habían sido separados luego de que mantuvieran contacto con un médico del hospital Escalante Pradilla, que dio positivo con el nuevo coronavirus (covid-19), según reconoció Justicia a La Nación el 16 de marzo.

Como una medida preventiva impuesta por el Ministerio de Salud, Justicia remitió a los oficiales a sus casas por 14 días, mientras que los reclusos fueron aislados dentro del centro penal.

Para el momento en el que se dieron a conocer estos casos, el sistema penitenciario seguía con sus puertas abiertas a terceros. Eso sí, habían limitado a un solo visitante por reo, cuando, bajo un contexto normal, se permiten tres personas.

Sin embargo, conforme pasaron los días y la situación en el país se fue agravando, Justicia decidió cerrar puertas por completo y hasta nuevo aviso.

El Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, ente adscrito a la Defensoría de los Habitantes, aplaudió la decisión al considerar que, pese a que la visita es un derecho constitucional, el derecho a la salud lo es aún más.