Wálter Espinoza Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), enfrentó una investigación interna por advertir, en octubre pasado, sobre el informe sobre llamadas telefónicas que revelaba un vínculo entre dos exdiputados y el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
La pesquisa comenzó en abril de este año y estuvo en manos de la Inspección Judicial luego de que recibieron una queja contra el jefe policial por enviar un correo electrónico a altos jerarcas judiciales, entre ellos el entonces presidente de la Corte Carlos Chinchilla Sandí, en el cual se adjuntó el informe de los contactos telefónicos que hubo entre los exlegisladores Otto Guevara Guth, Víctor Morales Zapata y Bolaños.
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Espinoza, además, incluyó algunas observaciones para llamar la atención ante el hecho de que la Fiscalía pedía la desestimación de una causa penal contra Guevara y Morales, por considerar que no había relación telefónica entre los investigados y el empresario del cemento, pese a que la Policía Judicial concluyó lo contrario, fundamentada en los contactos telefónicos que se dieron en 184 ocasiones
“Me encuentro obligado a comunicarlo para lo que corresponda, con independencia del aporte cognitivo que ese punto tenga en la resolución del caso y sin prejuzgar si las circunstancias descritas constituyen delito, toda vez que esa función no es labor de carácter policial; sin embargo, no podemos evadir la obligación de hacer patente la inconsistencia detectada”, hizo ver Espinoza, en la documentación enviada y que luego se filtró a la prensa.
La denuncia contra Espinoza fue analizada en una sesión privada de la Corte Plena, del 11 de junio pasado, en la cual los altos jueces recomendaron archivar la causa, al no encontrar elementos de convicción que determinaran dolo o culpa grave en la actuación del funcionario que permitieran aplicar el régimen disciplinario.
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“Esta Corte ha tenido por demostrado que si bien el señor Walter Espinoza remitió vía correo electrónico y a diferentes funcionarios del Poder Judicial, el informe de la Oficina de Planes y Operaciones n.° 876-OPO/UAC/ART-2015 (...) no se demostró que Espinoza haya transgredido la privacidad del proceso penal regulado en el artículo 295 del Código Procesal Penal, (...) ni se acreditó que haya sido el responsable de filtrar el citado informe a los medios de comunicación, ni que lo haya hecho público”, detalla el acuerdo de Corte Plena.
Consecuencias
Precisamente, la remisión, el 2 de octubre del año pasado, del citado informe llevó a las autoridades judiciales reabrir la investigación con Morales y Guevara como sospechosos del delito de tráfico de influencia.
Dicha causa había sido desestimada por los magistrados integrantes de la Sala Tercera luego de la entonces fiscal subrogante Berenice Smith Bonilla, comunicara que luego de recabada la totalidad de la prueba, no era posible proceder a una eventual acusación y solicitar la apertura a juicio por tratarse de hechos atípicos (no considerados delitos).
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El asunto también conduco a que el Ministerio Público realizara allanamientos y detenciones sobre el asunto del cemento chino. Entre los resultados en este caso están la revocatoria del nombramiento del magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez, la suspensión sin goce de salario por dos meses sin goce de la ex fiscala subrogante Berenice Smith.
Asimismo se dio la apertura de procesos disciplinarios y penales contra el exfiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, quien se acogió a su pensión en diciembre pasado y la suspensión durante dos meses a cuatro magistrados de la Sala Tercera, que votaron la desestimación, dos de ellos se acogieron a la jubilación.