Director de OIJ rechaza reunirse con ministro de Justicia para hablar de hacinamiento

No obstante, Espinoza se rehúso a conversar, alegó que no tenía la disponibilidad de presentarse y que, en todo caso, ya había elevado la alarma "a las altas jerarquías del Poder Judicial".

La convocatoria a reunión la hizo Feoli el 21 de febrero, tres días después de que el OIJ confirmara el asesinato de un hombre en celdas judiciales de Limón.

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Esa muerte desató el enojo del jerarca policial, quien reprochó en una conferencia de prensa la sobrepoblación en celdas de los circuitos judiciales y señaló una supuesta inacción por parte de Justicia.

Según la Policía Judicial, el problema radica en que los jueces imponen penas de prisión preventiva, pero los sospechosos permanecen recluidos en los circuitos judiciales por la falta de espacio en las cárceles.

La negativa de Espinoza, de reunirse con Feoli, trascendió un día después de que el director del OIJ acudiera a la Corte Plena para exponer la situación y pedir que se atienda el tema. Como resultado, los magistrados acordaron buscar una reunión con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

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'Misma angustia'

En el oficio MJP-113-02-2018, del cual La Nación tiene copia, el ministro Feoli le aseguró a Espinoza que comparten la misma angustia por la situación actual de la sobrepoblación y por eso lo invitó a reunirse con él.

"Experimentamos problemas cuyas soluciones dependen de todos los brazos del Estado y, usted y yo, compartimos la misma angustia. Esa angustia nos obliga a ser prudentes, vivimos tiempos difíciles, de intolerancia y de construcción de enemigos.

"La legitimidad del Estado depende, en buena medida, de la confianza que los ciudadanos tengan en sus instituciones. Por eso, no ayudamos si simplificamos los problemas y repartimos culpas".

Feoli le indicó que el hacinamiento tiene "muchas causas y, probablemente, la menos relevante de todas ellas sea la relacionada con los procesos constructivos (de cárceles)".

Para ejemplificar, el ministro le mencionó las obras que han permitido al país ampliar su capacidad carcelaria. En agosto del 2015 el sistema penitenciario era para 9.130 reclusos; para el 2017, aumentó a 10.701 cupos.

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Le insistió en que el problema actual tiene que ver con los cierres de 13 de las 17 cárceles, ordenados por jueces de ejecución de la pena y con el uso "excesivo" de prisión preventiva.

"Hay que estimular una profunda reflexión, por lo que sería de enorme ayuda que usted lo pudiera alentar. En definitiva, los atrasos están muy lejos de ser fruto de la desidia del Poder Ejecutivo, son el producto de muchas variables cuya responsabilidad atañe a todos", recalcó.

Sin asistir

Ante la solicitud, Espinoza respondió bajo el oficio N° 211-DG-2018, de fecha 23 de febrero, y rechazó la invitación para este martes.

Él indicó que, cuando brindó las declaraciones a la prensa, no era la primera vez que hablaba sobre este tema. "En una ocasión me dirigí directamente a las autoridades de Justicia para encontrar solución a la problemática". No detalla en qué terminaron esas conversaciones.

Pese a que reconoció el esfuerzo de Justicia para levantar obras o mejorar la infraestructura de cárceles existentes, aseguró que aún falta mucho por hacer, puesto que, una vez que a los imputados se les dicta prisión preventiva, deberían ser pasados a las respectivas prisiones.

"Independientemente de las razones que generen el retardo en recibirlos, esto debe solucionarse de inmediato. Me refiero a la celeridad de incorporarlos al sistema, pues mantenerlos por más de 48 horas en nuestras celdas resulta totalmente violatorio de sus derechos fundamentales", escribió el director.

Fue por ello que, aseguró, acudió a las "altas jerarquías del Poder Judicial" para resolver el tema.

Este lunes, Espinoza dijo frente a los magistrados que él estuvo enviando informes de la situación durante la semana pasada, por lo que ellos accedieron a recibirlo.

Allí él expuso, por ejemplo, que en los circuitos judiciales de San José y Goicoechea hay seis celdas en cada tribunal, una para cada una de las poblaciones: indiciados, sentenciados, menores, mujeres, personas con problemas psiquiátricos y situaciones especiales.

La capacidad de cada celda varía dependiendo de su población. Él puntualizó que la más grande es para unas 12 personas, pero no dio detalle de cuántos encarcelados caben en las otras.