Judiciales

Papá detenido por deuda inexistente de pensión alimentaria

Fuerza Pública alegó ante Sala IV que Juzgado no los notificó del cese de la orden de apremio, pero juez probó que sí lo hizo

Un funcionario de los Tribunales de Goicoechea llegó el 27 de julio pasado a esas instalaciones para cumplir, como es usual, con su trabajo. Sin embargo, su jornada laboral se vio interrumpida por la presencia de un oficial de la Fuerza Pública, de apellidos Estrada Solís, quien se le acercó para apresarlo por deber la pensión alimentaria, ya que había una orden judicial en su contra. El capturado le explicó que estaba al día con sus obligaciones, sin embargo eso no bastó y fue detenido.

Como estaban en los Tribunales, él le pidió al policía que lo llevara al Juzgado de Pensiones para que constatara que efectivamente no estaba moroso y así quedar libre. Tras hacer esa gestión, el oficial se percató de que efectivamente un juez había dejado sin efecto esa orden de apremio desde hacía casi dos semanas atrás, por lo que dejó en libertad al hombre.

Pese a que su captura no duró mucho tiempo, ni fue trasladado a la Unidad de Apremiados Corporales (dentro de la cárcel La Reforma, en Alajuela), el afectado consideró que se vulneró su libertad de tránsito y por ello, en apoyo con su abogado, interpuso un recurso de habeas corpus el propio día del incidente. Tras analizarlo, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar la queja y reprochó el error de la Fuerza Pública, según se lee en la resolución Nº 17762 - 2021, del 11 de agosto pasado.

En ese fallo constitucional, los magistrados hacen un breve repaso de la situación, la cual comenzó a desarrollarse el 6 de julio pasado, cuando el obligado alimentario depositó solo ¢79.000 de los ¢180.000 que debía entregar. A raíz de eso, la expareja de él pidió en el Juzgado de Pensiones de Goicoechea una orden de apremio en contra del sujeto, la cual fue girada el 8 de julio.

Ese mismo 8 de julio, el hombre fue a depositar los ¢101.000 restantes, con lo cual pidió dejar sin efecto la orden de detención en su contra. El 13 de julio, ese mismo Juzgado dispuso levantar esa medida y casi de inmediato informó, vía correo electrónico, a la delegación policial de Calle Blancos para que se desistiera de esa aprehensión, según informó César Jara Benavides, juez tramitador de ese despacho judicial, a los magistrados.

Sin embargo, catorce días después, el oficial Estrada Solís se apersonó al lugar de trabajo del obligado alimentario para detenerlo, pese a que ya no existía orden de apremio en su contra. Sobre esto, Pedro Méndez Méndez, subjefe de la delegación policial de Calle Blancos, aclaró en su respuesta a la Sala IV que nunca recibieron comunicación oficial por parte del juez indicando el cese de la orden de captura, por lo cual, para ellos, seguía vigente.

Asimismo, resaltó Méndez, el afectado “busca hacer caer en error a la Magistratura” al indicar que fue detenido. Aseguró que el ofendido nunca fue apresado y que, por el contrario, “se le acompañó en buena manera a buscar los pagos que realizó” y dejar el asunto atrás.

Paso a paso

Méndez confirmó que efectivamente el 27 de julio se procedió a dar trámite a esa orden de captura, que les ingresó el 8 de ese mismo mes, ya que nunca fueron notificados del cese de esa detención. Dentro del documento judicial, mencionó, “se indica de manera clara, precisa y en mayúscula sostenida que el obligado labora en el Juzgado de Violencia Doméstica de Goicoechea, lo que motiva que el procedimiento policial se desarrolle efectivamente como lo indica el recurrente”.

Una vez estando ahí, explicó Méndez, procedieron con la captura. Sin embargo, como parte del protocolo, en todos los casos de pensión alimentaria le dan la oportunidad al supuesto deudor de demostrar que ya está al día para evitar la detención de una persona”económicamente activa”. El subjefe señaló que, este caso en particular, el afectado “mostró unas fotografías en su celular que para sus efectos no pueden tomarse como un medio suficiente para determinar el pago”.

Ante esto y como estaban dentro de las instalaciones del Segundo Circuito Judicial, el detenido le pidió al policía que lo llevara al Juzgado de Pensiones para corroborar que no debía ninguna cuota. “Es ahí donde efectivamente se da por zanjada la condición de encontrarse al día”, agregó el subjefe.

Eso sí, hizo la salvedad de que ellos desconocían de que no adeudaba ningún monto, ya que, como cuerpo policial, no tienen acceso a los expedientes que se tramitan en los Juzgados. Aunado a eso, insistió en que no recibieron un levantamiento de orden de apremio. De haberlo sabido, recalcó, no se hubiese procedido con su captura.

“No se nos envió, por parte del Juzgado emisor de la orden de captura, un dejar sin efecto al haber existido buen pago por parte del obligado. Existe, además, una imposibilidad material de parte de la Fuerza Pública de saber el estado del expediente judicial y de los pagos respectivos”, puntualizó Méndez.

El policía señaló que, como ocurre en todos los casos, hicieron todo lo posible por ayudar al sujeto y evitar una detención ilegal. “Se acompañó al obligado al Juzgado competente y nos facilitó lo requerido con el fin de dejar sin efecto la orden de captura. Si eso afectó al recurrente no es cuestión de la Fuerza Pública”, concluyó Méndez, al tiempo en el que pidió que se desestimara el reclamo.

Sala IV: Violaron su libertad de tránsito

Pese a la insistencia de la Fuerza Pública de indicar que no fueron notificados del cese de la orden de apremio, los magistrados aseguraron que el Juzgado de Pensiones de Goicoechea sí pudo comprobar, por medio de prueba, que efectuó dicha comunicación. Por ende, solo declaró con lugar el recurso en cuanto al reproche a los oficiales de la Policía Administrativa.

“El 27 de julio pasado, miembros de la Fuerza Pública se presentaron al lugar en que labora el tutelado a hacer efectiva dicha orden, aun cuando había sido dejada sin efecto, lo cual fue debido y oportunamente comunicado. Esto evidentemente incide en la libertad de tránsito del tutelado, a pesar de que en ese momento se encontraba al día en el pago de su obligación alimentaria”, apuntaron los altos jueces en su fallo. A raíz de esto, la Sala condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios causados.

Katherine Chaves R.

Katherine Chaves R.

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Bachiller en Periodismo en la Universidad San Judas Tadeo.