La Defensa Pública solicitó, el 24 de febrero pasado, que se valore abrir una causa penal en contra de la exministra de Justicia, Marcia González Aguiluz.

Esta dependencia judicial considera que la decisión adoptada en diciembre pasado por González, cuando todavía ejercía el cargo, de mover 1.125 reclusos sentenciados de la cárcel Gerardo Rodríguez a los nuevos arcos modulares y al módulo E, ambos en La Reforma, no tiene respaldo técnico.

Y así consta en un incidente presentado por la Defensa Pública dentro del expediente 20-000673-0549-PE, del cual La Nación tiene copia.

La solicitud fue hecha al juez de Ejecución de la Pena de Alajuela, Mario Rodríguez, luego de que el 21 de febrero él dictara una medida correctiva por los movimientos de estos reos.

Se “solicita de manera respetuosa el testimonio de piezas ante el Ministerio Público para que, con fundamento en sus competencias legales, determine si a la luz de lo actuado se ha infringido alguna norma penal por parte de Marcia González”, se lee en el documento, antes citado.

La Fiscalía, por su parte, indicó que, hasta el momento, no tramitan ninguna causa penal en contra de la exjerarca.

Se intentó obtener una reacción de Marcia González, pero, pese a que se le hicieron varias llamadas a su teléfono, no se obtuvo respuesta.

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La medida, ejecutada por la ahora exjerarca, permitió que la prisión Gerado Rodríguez, que está en San Rafael de Alajuela, pasara a albergar indiciados (acusados de algún delito) que estaban en el sobrepoblado Centro de Atención Integral (CAI) San José.

Sin embargo, a criterio de la Defensa Pública, González Aguiluz, quien renunció a su puesto el 7 de febrero pasado, tomó dichas decisiones sin pedir un criterio técnico al Instituto Nacional de Criminología, el cual tiene como función: “Establecer lineamientos (...) para el movimiento de la población penal entre ámbitos, centros, unidades y niveles de atención”.

También dio la espalda a valoraciones técnicas de otros funcionarios como Heriberto Álvarez, director nacional del Programa Institucional, e igual ordenó realizar los traslados sin conocer si estas acciones tendrían un impacto negativo en el sistema penitenciario a corto, mediano y largo plazo.

“Esta acción no contó con ningún tipo de análisis técnico-criminológico, definición de perfiles, conveniencia, posibilidad técnico-profesional de mantener en cantidad y calidad la atención técnica brindada. Peor aún, no se respaldó en ningún tipo de estudio o criterio especializado”, apunta la firmante de ese incidente, la coordinadora nacional de la Unidad de Ejecución de la Pena, Laura Arias.

Exministra desoye a funcionarios

Cuando se gestionó la idea de levantar estos arcos modulares en administraciones pasadas, el objetivo era crear espacios para personas indiciadas; es decir, gente que está “de paso” por el sistema penitenciario.

Sin embargo, cuando González retomó este proyecto, decidió cambiar su rumbo al determinar que sería para albergar a población que ya tiene una sentencia sobre sus hombros.

Según el documento firmado por Arias, trabajadores del área técnica del CAI Gerardo Rodríguez le aconsejaron echar para atrás con esa idea, al indicarle que ese movimiento afectaría la atención técnica y médica, los proyectos educativos y las actividades deportivas y recreativas.

Le indicaron que, si bien la infraestructura de ese centro estaba deteriorada, la atención técnica que recibían los presos allí estaba al día y “era buena”. Eso se comprueba al ser el CAI Gerardo Rodríguez la prisión con el mayor egreso de reclusos hacia el sistema semiabierto u otros programas.

Además, le señalaron que ese centro ya contaba con el presupuesto para el abordaje profesional del 2020.

Pero, según indica la defensora Arias en el documento enviado al juez, la exministra desoyó eso y, más bien, anunció el traslado a los medios de comunicación, al tiempo en el que prometió a los reclusos y a los funcionarios de ese centro penal tres cosas:

1. Mantener las condiciones de atención técnica y educativa del CAI Gerardo Rodríguez.

2. Mantener los programas laborales y educativos.

3. Garantizar que arcos modulares sería un centro penal independiente al CAI Jorge Arturo Montero Castro, antigua La Reforma, pese a que se encuentre dentro de este último.

Los movimientos hacia el puesto 5 (módulo E) y puesto 8 (arcos modulares) de La Reforma se realizaron por etapas en diciembre del 2019 y enero pasado. Actualmente, entre esos módulos hay 1.178 personas, cuando la capacidad máxima es de 962.

Y, pese a que ya pasaron un par de meses, ninguna de esas tres promesas de González Aguiluz han sido cumplidas, confirmó el juez de Ejecución de la Pena de Alajuela, Mario Rodríguez.

Él mismo dijo que esta decisión responde a una cuestión “administrativa y numérica sin tomar en cuenta incluso la oposición del coordinador de nivel institucional”.

Eso deja ver que es un movimiento “completamente arbitrario y violatorio de los derechos fundamentales de la población penal", aseveró el juzgador.

Reprochó: “No entiendo cómo un movimiento de población de semejante magnitud y un cambio de población de un centro penal no esté respaldado por una análisis del órgano rector a nivel técnico como lo es el INC”.

Atención técnica se volvió ‘dificultosa'

Una de las críticas más fuertes que hace tanto la defensora Laura Arias, como el juez Rodríguez sobre este traslado, es la afectación que se tiene en la atención técnica.

Cabe destacar que este tipo de atenciones promueven, eventualmente, que un recluso pueda salir de la cárcel y así terminar su condena en un régimen semiabierto.

Entonces, el hecho de que los arcos modulares y el módulo E no tengan áreas específicas para que los profesionales de estas áreas puedan valorar a los reos, genera un “retraso importante” en las atenciones, lo cual derivará, en poco tiempo, en un incremento importante en el hacinamiento, indicó el juzgador Rodríguez.

Según un recuento que hace la defensora Arias en el documento, el personal técnico indica que la atención se volvió “dificultosa".

“Los privados de libertad son trasladados uno por uno por la Policía Penitenciaria. En el caso de la profesional en orientación indicó que lleva más de una hora esperando poder hacer entrevistas, sin haber podido atender a ninguna persona, pues el día de hoy (cuando hicieron la visita) no hay suficientes custodios", se lee en ese informe.

Otros funcionarios de Trabajo Social le contaron a Arias que es “imposible” atender en arcos modulares por la contaminación sónica y la “inexistencia de espacios apropiados para tal efecto”.

Esto ha provocado, por ejemplo, que se atiendan por semana a cerca de 20 reclusos, cuando antes esa cifra rondaba los 50 privados de libertad, apuntó la defensora Arias.

Agregó: “Se redujo el personal técnico porque fue distribuido entre el CAI Gerardo Rodríguez, Arcos Modulares y el ámbito E”.

Además, los procesos educativos fueron suspendidos, lo que podría generar, por ejemplo, que estudiantes del programa de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) pierdan el cuatrimestre.

Para el juez de Ejecución, Mario Rodríguez, es “claro que no se verificaron las condiciones que tenían los arcos modulares para recibir una población que mantenía un nivel de atención técnica bastante aceptable (...) es claro que el daño a nivel de atención técnica a esta población es irreparable”.

Arcos modulares y puesto 5 son un ‘depósito de personas’

Pese a que esta decisión se tomó para paliar el hacinamiento, el efecto ha sido lo contrario. Los reos que están ahí recluidos le aseguraron a la defensora que están “prensados”.

Actualmente, en puesto 5 hay 521 reos, cuando su capacidad máxima es de 362 espacios; en el otro, en puesto 8, hay 657 reclusos en un espacio para 600 personas.

Mediante un oficio del Ministerio de Justicia enviado a la Defensa Publica el 6 de febrero pasado, esa cartera expone que los reclusos de esos espacios “duermen en el suelo, permanecen encerrados en el módulo o dormitorio durante casi todas las horas del día, sin ningún tipo de ocupación positiva, con series dificultades para acceder a la atención profesional y médica”.

De hecho, en ese mismo escrito se catalogan esos espacios como “un depósito de personas sin ningún propósito".

En palabras de Laura Arias, de la Defensa Pública, estas condiciones vienen a terminar en un trato “inhumano y degradante” para los privados.

Juez: ‘Esta decisión le provocó un daño grave al sistema penitenciario’

La decisión de trasladar a estos reos sin contar un criterio técnico genera críticas de diversos sectores. Entre ellos está el juez de Ejecución de la Pena de Alajuela, Mario Rodríguez.

Precisamente, en ese sentido, ese juzgador dictó una medida correctiva el 21 de febrero pasado en contra de ese movimiento.

Según dijo, su plan desde un inicio era devolver a la población al CAI Gerardo Rodríguez, en San Rafael de Alajuela. Pero, como las condiciones de infraestructura mejoraron sustancialmente, los privados de libertad se oponen a ese traslado “y podría generarnos un motín”.

Lo que sí hizo el juez fue ordenar a la actual ministra de Justicia, Fiorella Salazar, presentar un plan de mitigación para solventar los problemas denunciados.

"Este plan debe ir dirigido en brindar la atención técnica y en que, si la población va a permanecer en arcos modulares deberá tener la separación respectiva del centro Jorge Arturo Montero Castro y deberá crearse un centro independiente", apuntó Rodríguez en su resolución.

En paralelo, el juzgador pidió al Instituto Nacional de Criminología (INC) emitir un criterio técnico respecto al cambio de la población. “Debe dar una recomendación ante la Dirección General (de Adaptación Social), como debió realizarse desde un principio”, pidió.

Para eso, el INC tiene ocho días a partir de la notificación de la resolución.