Las órdenes sanitarias que pesan sobre algunas cárceles del país por la covid-19, impidieron la presencia de los imputados en un juicio por el secuestro y asesinato de un narco y, por ende, obligó a la reprogramación del debate.

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos confirmó la situación ante una consulta de este medio acerca de cómo transcurría este caso, el cual ha tenido que afrontar varios obstáculos para su realización en el Tribunal Penal de San Ramón.

En un principio, el crimen en perjuicio del colombiano Diego Fernando García Lemus, de 42 años y ocurrido en el 2018, estaba para comenzar el 3 de agosto, y tiene como imputados a cinco hombres apellidados Londoño Mejía, de 35 años; Muñoz Madrigal, de 48; Zúñiga Quirós, de 25, Vargas Hurtado, 31, y Lewin Ramírez, de 47. También es acusada una mujer de apellidos Flores Guevara, de 27 y quien es la compañera sentimental de Londoño.

Sin embargo, el debate fue reprogramado para el día siguiente.

Entre el 4 y el 5 de agosto, el juicio entró en la etapa de evacuación de prueba y, para esos días, se presentó a testificar una persona, faltando así el testimonio de otros 15.

En días posteriores, se presentó a otro testigo del Ministerio Público por lo que faltarían solo 14 personas más de declarar.

No obstante, las órdenes sanitarias impidieron que los imputados pudieran presentarse a la continuación del juicio y por eso fue suspendido y reprogramado para este martes 18 de agosto, a las 8 a. m.

En paralelo, el Tribunal informó de que realiza gestiones para poder efectuarlo por videoconferencia y así evitar algún otro atraso por cuarentena en centros penales, confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.

Problema que lo llevó a morir

Según el recuento de los hechos, García tuvo un problema con una organización, que se dedicaba a la producción de marihuana hidropónica.

Este hombre fue secuestrado el 26 de abril del 2018 cuando varios individuos se lo llevaron por la fuerza cuando llegó a su casa, detrás del edificio de los tribunales, en Montelimar de Goicoechea, San José.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en aquel momento, García permaneció retenido en una quinta en La Cima de San Ramón. Se trata de una propiedad con cuatro edificaciones, cuya casa principal fue acondicionada para tener un laboratorio de marihuana.

En ese lugar, informó el OIJ, fue donde decapitaron a la víctima.

Días después del hecho, las autoridades confirmaron que, mientras el extranjero estuvo secuestrado, los captores llamaron a la familia de García Lemus en Cali, Colombia, y le pidieron $2 millones como rescate.

Pese a que la pesquisa determinó que los parientes de García eran de clase media, estos hicieron el esfuerzo por conseguir $14.000 (¢8 millones, aproximadamente) y pagarlo a los secuestradores.

No obstante, el 28 de abril García apareció decapitado. El cuerpo, además, tenía heridas punzocortantes en la cabeza, rostro y extremidades inferiores.

El caso se mantuvo en investigación y eso permitió que en noviembre de ese mismo año, la Policía Judicial detuviera a estas seis personas en distintos allanamientos.

Durante la captura, les decomisaron armas de fuego, celulares y un carro. También les incautaron plantas de marihuana que se encontraban en los laboratorios, así como todos los implementos que al parecer se utilizaban para la producción y dosificación de la droga.