Carlos Arguedas C.. 18 mayo
El juez sancionado se desempeñaba en el Juzgado Agrario de Liberia. Foto de: Diana Méndez
El juez sancionado se desempeñaba en el Juzgado Agrario de Liberia. Foto de: Diana Méndez

Un juez agrario fue suspendido sin goce de salario durante ocho días, por no resolver ningún expediente durante un lapso de nueve meses.

Así lo confirmó la Corte Plena en la sesión privada 09-2020, que fue celebrada el pasado 24 de febrero. Ese día, por unanimidad, rechazaron un recurso de reconsideración y dispusieron que el funcionario, de apellidos Chacón Acuña, cumpliera de inmediato la sanción impuesta.

El servidor judicial se le atribuyó retardo grave e injustificado en la administración de justicia.

Inicialmente, el castigo fue dispuesto por los magistrados en la sesión privada que tuvo lugar el 16 de diciembre del 2019. Sin embargo, en aquel momento establecieron que el acuerdo no quedaba firme, pues el funcionario sancionado tenía la posibilidad de presentar un recurso de revocatoria.

Historia del caso

La queja contra Chacón la presentó a inicios de enero del 2019 la titular del Juzgado Agrario de Liberia, Ruth Alpízar Rodríguez.

Esta jueza estuvo fuera del despacho un año y al regresar, en enero del 2019, se encontró con 61 expedientes por resolver. Ella alegó que cuando dejó el cargo, en diciembre del 2017, solo había cuatro legajos por resolver.

La queja la investigó el Tribunal de la Inspección Judicial que entregó en octubre del 2019 el resultado a la Corte Plena para que dispusiera que acciones disciplinarias se debían tomar en este caso.

El tema fue analizado en primera instancia por Corte Plena el 16 de diciembre del 2019, fecha en la cual los magistrados determinaron que durante nueve meses Chacón Acuña tuvo la posibilidad de resolver al menos algunos de los expedientes y no lo hizo.

"El 8 de enero de 2018 se le entregaron cuatro expedientes ordinarios para fallo, de los cuales, presuntamente, de forma negligente y ocasionando un retardo en la administración de justicia al 21 de diciembre 2018, no resolvió ni realizó trámite o diligencia alguna.

“Asimismo, durante el período de nombramiento (...) se le asignaron 61 expedientes para fallo, en los cuales de una forma presuntamente negligente y ocasionando un retraso en la administración de justicia, no resolvió o realizó trámite o diligencia alguna”, señala el acuerdo de Corte.

Los magistrados determinaron que el lapso era de nueve meses (no del año) pues aceptaron que Chacón estuvo ausente del juzgado 92 días (entre el 10 de setiembre y el 11 de diciembre del 2018), pues participó en la huelga legal del Poder Judicial.

“El plazo de nueve meses sobrepasa en demasía el tiempo razonable para que estuvieran concluidos los expedientes; sin que el investigado presentara argumentos válidos y prueba contundente que justificara el atraso presentado (...)

"La sanción de ocho días (...) resulta razonable y proporcional a la falta cometida que llevó a un retardo grave injustificado en la administración de justicia, que incidió de manera significativa en el aumento de los asuntos pendientes de resolución”, señala el acuerdo de Corte.

Los magistrados Luis Guillermo Rivas, Iris Rocío Rojas, Orlando Aguirre, Luis Porfirio Sánchez, Jorge Olaso, Roxana Chacón, Jesús Ramírez, Patricia Solano, Álvaro Burgos, Gerardo Rubén Alfaro, Nancy Hernández y Marta Esquivel (suplente), votaron por imponer la sanción de ocho días de suspensión sin goce salarial.

En tanto, Fernando Cruz, William Molinari, Julia Varela, Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, Jazmín Aragón (suplente) y Porfirio Hernández, votaron por imponerle a Chacón, la sanción disciplinaria de amonestación escrita.

Otros procesos contra funcionarios del Poder Judicial

Marzo 2020: El Tribunal de la Inspección Judicial, del Poder Judicial, abrió una investigación administrativa contra un juez de apellidos Fuentes y dos técnicas judiciales apellidadas Zúñiga y Ruiz por aparente negligencia al momento de tramitar el expediente de un hombre de apellidos Murillo Contreras.

El afectado es un guarda de seguridad de 30 años, que cumplió una condena de un mes de prisión por intentar hurtar un queso que fue valorado en ¢1.110, sin que la sentencia estuviera firme.

Por este caso, la Sala Constitucional también condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios causados.

Febrero 2020: Un juez penal de Limón, de apellidos Perlaza Rojas, fue suspendido dos meses sin goce de salario por liberar, en abril del 2017, a cuatro hombres que habían sido detenidos en el mar Caribe cuando trasladaban 1.235 kilos de marihuana. Tres de los sospechosos escaparon posteriormente.

La medida la adoptaron de manera unánime los 21 magistrados que asistieron a la sesión de Corte Plena del pasado 17 de febrero, quienes consideraron que hubo un “error grave en la Administración de Justicia”.

Octubre 2019: El Tribunal de la Inspección Judicial confirmó una sanción de 15 días sin goce de salario para un fiscal de Limón por permitir que se extinguiera la acción penal, en un proceso que investigaba el presunto pago de una dádiva a un ingeniero de la Municipalidad de Limón.

El fallo recayó contra un funcionario judicial de apellidos Moya Solano, fiscal auxiliar de Limón. La sanción la había ordenado la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, desde el 15 de junio del 2018.