Carlos Arguedas C.. 11 marzo
Aun con el voto negativo de la Corte Plena, este proyecto podría ser aprobado por el Congreso pero necesita el apoyo de 38 votos. Fotografía: Albert Marín.
Aun con el voto negativo de la Corte Plena, este proyecto podría ser aprobado por el Congreso pero necesita el apoyo de 38 votos. Fotografía: Albert Marín.

La Corte Plena rechazó este lunes la posibilidad de abrir el archivo judicial a los otros cuerpos policiales administrativos, como lo pretende un proyecto que se debate en la Asamblea Legislativa.

La decisión adoptada por la mayoría de los magistrados (14 votos en contra) se fundamentó en que, con dicho plan, mucha información considerada como sensible de las investigaciones podría ser de fácil acceso.

El pronunciamiento de los altos jueces se dio ante una consulta de la Asamblea Legislativa al proyecto 20.997, que pretende modificar el artículo 41 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para que el archivo judicial sea de acceso a otros cuerpos policiales como la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), la Fuerza Pública, la Policía de Migración, entre otras.

Aun con el voto negativo de la Corte Plena, este proyecto podría ser aprobado por el Congreso, pero necesita de 38 votos, es decir, mayoría calificada.

El magistrado Román Solís Zelaya, de la Sala Primera, quien se encargó de exponer los problemas del proyecto, afirmó que en el 2014 hubo una gran polémica por la fuga de información del archivo referente a datos personales del futbolista Keylor Navas.

En aquel momento intervino la auditoría judicial que estableció un protocolo para el acceso y uso de la información contenida en el archivo judicial.

El proyecto de ley fue presentado en octubre del 2018 por diputados de varias fracciones: los liberacionistas Gustavo Viales, David Gourzong y Roberto Thompson; el republicano Otto Roberto Vargas; la independiente Marulin Azofeifa; la legisladora de Integración Nacional, Zoila Rosa Volio y los oficialistas Enrique Sánchez y Víctor Morales.

Datos confidenciales

Román Solís explicó que el archivo judicial no almacena solamente antecedentes policiales de las personas que han comparecido ante estrados judiciales en condición de sospechosos de un hecho punible.

También hay datos de otras personas como fotografías, órdenes de captura, órdenes de presentación pues llegan en calidad de ofendidos o testigos, retratos hablados y reconocimientos fotográficos de investigaciones en curso, casos de huellas sin que se haya ejecutado aún la detención del imputado, así como impresiones lofoscópicas (dibujos lineales de las caras, manos y los pies) de personas, así como información del personal y vehículos del OIJ.

“Es evidente que, al ampliar el acceso a otras autoridades policiales, en primer término, pondría en un serio riesgo tanto al personal del OIJ como a la propia organización, toda vez que los datos registrados responden a datos personales y secretos. Si se llegaran a divulgar esos datos sin control alguno, se atentaría seriamente contra los cometidos del descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables, ya que los datos de las investigaciones criminales quedarían expuestos a casi todo el país.

“Se pondrían en riesgo muchas investigaciones y procesos penales, dado que gran cantidad de información sensible y secreta, como el avance de investigaciones, medidas cautelares, imputados, investigados, testigos, órdenes de captura, etc., serían del conocimiento de terceros ajenos al Poder Judicial. La lógica que impera en esta materia, dice del peligro de que esos datos lleguen al alcance de las estructuras criminales, las cuales, es conocido, logran penetrar con facilidad a lo interno de las administraciones (en este caso fuerzas policiales)”, señaló Román Solís.

En su criterio la única información o principal a la cual deben tener acceso los otros cuerpos policiales deben ser los datos de identificación, las capturas pendientes de vehículos y personas, así como la existencia del expediente criminal y el número de este.

Al final del análisis, 14 magistrados se pronunciaron porque este proyecto afecta la organización del Poder Judicial y por tanto se pronunciaron por rechazarlo.

Solo Irís Rocío Rojas consideró que no afecta a ese poder de la República y cinco (los de la Sala Constitucional) se abstuvieron de votar, pues ellos, eventualmente, tendrán que conocer posibles roces de la iniciativa con la Constitución Política.