Carlos Arguedas C..   12 agosto
El magistrado Rafael Segura (primero a la derecha) hizo la advertencia de que el proyecto incluso podría tener roces de constitucionalidad. En la foto aparecen, además, de der. a izq., Jorge Desanti, Sandra Zúñiga, Patricia Solano y Jesús Ramírez, todos de la Sala Tercera. Foto de Carlos Arguedas

La Corte Plena determinó este lunes que un proyecto legislativo para ampliar los castigos penales a delitos cometidos por medios cibernéticos afecta el funcionamiento del Poder Judicial.

El principal cuestionamiento hecho por los magistrados es que esta iniciativa, además de crear delitos, traslada nuevas obligaciones a los funcionarios judiciales en materias especializadas que requieren la contratación de personal y la adquisición de equipos tecnológicos de alto valor. Sin embargo, señalaron que la propuesta no prevé ninguna fuente de financiamiento.

Asimismo, hicieron ver que el proyecto asigna labores estrictamente administrativas a funcionarios que en este momento están dedicados a labores jurisdiccionales o de persecución de delincuentes.

“El proyecto de ley sí impacta el funcionamiento de los órganos que participan en la administración de justicia, de manera que, respetuosamente, se sugiere a los miembros del Parlamento tomar nota de dicha situación, en la medida en la cual implicará costos adicionales que deberán, necesariamente, ser presupuestados”, determinaron los magistrados.

El acuerdo lo tomó la Corte Plena al conocer una consulta legislativa sobre el proyecto, Ley para Combatir la Ciberdelincuencia, que se tramita en la Asamblea Legislativa, en el expediente 21.168

Debido a que la iniciativa impacta negativamente al Poder Judicial, para ser aprobado como lo mandaron los diputados, se requiere de 38 votos.

Uno de los que se pronunció sobre el plan fue el magistrado Rafael Segura Bonilla, quien incluyó en la resolución, como un comentario que se enviará a la Asamblea Legislativa, que con la redacción actual de algunos nuevos delitos o con las modificaciones propuestas a los artículos vigentes, se podrían dejar de despenalizar delitos más graves.

“Algunas normas podrían enfrentar posibles defectos en su construcción, o bien, un contenido impreciso, potencialmente inconstitucional y, en todo caso, lesivo de los principios rectores de la materia”, dijo Segura.

El proyecto de ley 21.168 es una iniciativa del diputado Erwen Masís Castro, y su intención es fortalecer el ordenamiento jurídico en la lucha contra la ciberdelincuencia. Esto, además, de que se debe cumplir con los compromisos adquiridos por Costa Rica, luego de la ratificación del Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, en agosto del 2017.

El plan introduce, en total, 24 reformas a artículos del Código Penal.

Entre las justificaciones para presentarlo está que el cibercrimen afecta cada vez más a los usuarios, al tiempo que las investigaciones son complejas.

“Nuestras autoridades no se encuentran preparadas. El ordenamiento jurídico costarricense no está preparado para investigaciones criminales digitales transfronterizas y las víctimas, en algunas ocasiones, se dan cuenta del ataque cuando ya es demasiado tarde”, argumentó Masís en la exposición de motivos del proyecto.